Os voy a poner una noticia vieja, pero es una duda que tenemos cada vez que sacamos una plaza o bolsa de policía local: la edad de acceso.
Las últimas noticias sobre esa sentencia que sabemos que vendrá tarde o temprano son estas:
La aplicación del artículo 44 ET en el caso de sucesión de contratas “desmaterializadas” está condicionada a que el nuevo adquiriente asuma una parte relevante (cuantitativa y cualitativa) de la plantilla del anterior (ver al respecto extensamente Índice de entradas/Sucesión de Empresa).
El objeto de esta entrada es abordar el fenómeno de la sucesión de plantillas en los supuestos de reversión del servicio por parte de la empresa principal (contratante), prestando especial atención a los supuestos en los que está implicada una Administración y, particularmente, los Ayuntamientos.
Resto del post:
“El nombramiento de personal eventual debe quedar reducido a las funciones que exigen una estricta relación de confianza política, y no debe extenderse a la realización de actividades ordinarias de gestión o de carácter técnico ni el desempeño de puestos de trabajo estructurales o permanentes”.
(Informe Comisión de Expertos para el estudio y preparación del EBEP, INAP, Madrid, 2005, p.63)
La naturaleza del personal eventual en el marco legislativo español nunca ha estado bien configurada. Su lugar natural de regulación –como ha reconocido la mejor doctrina- nunca debiera haber sido la legislación de función pública, sino la propia del Gobierno y de la Administración. Pero, el problema dista de ser formal y se transforma en material, cuando las funciones asignadas a ese “personal de confianza y asesoramiento especial” son similares o análogas en muchos casos a las atribuidas al funcionario de carrera.
Resto del post:
http://rafaeljimenezasensio.com/2015/07/17/personal-eventual-y-trienios/
Vía laadministracionaaldia.inap.es
Ha lugar al recurso interpuesto y declara el TS que los recurrentes son aptos para acceder a las plazas del Cuerpo de Policía Local convocadas por el Ayuntamiento de Moraleja de Enmedio -Madrid-. Señala la Sala que el hecho de que los aspirantes tuvieran daltonismo no es suficiente para que fueran declarados no aptos, pues de las pruebas practicadas se deduce que la afectación que sufren es relativa y puede ser mitigada con la utilización de lentes de contacto, sin que las normas de exclusión impidan el uso de correcciones en casos como el controvertido. Además, que sean daltónicos no imposibilita a los recurrentes el desempeño de las funciones policiales.
Resto del post:
http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1141468
Es objeto de anotación la sentencia dictada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo el21 de abril, de la que fue ponente el magistrado Luís Fernando de Castro, que desestima los dos recursos de casación interpuestos por la parte empresarial y la parte trabajadora contra la sentencia dictada por la Sala de lo Social del TribunalSuperior de Justicia de Madrid el 4 de octubre de 2013, que declaró la nulidad de la decisión empresarial de proceder al despido de diez trabajadores, y absolvió a la Intervención general del Estado y a la empresa codemandada.
El resumen oficial de la sentencia de instancia es el siguiente: “Despido: Colectivo. Requisitos procedimentales. Nulidad. Inexistencia de período de consultas con los representantes legales de los trabajadores, ni obviamente ha existido negociación alguna. Sucesión de empresas: Requisitos. Inexistencia. Se entiende que lo se ha producido es la conclusión de una concesión administrativa de explotación de los servicios de cafetería y restaurante, con cese total de la actividad, lo que conlleva que la prestación de servicios ya no exista, sin que de ello se pueda derivar la existencia de una sucesión de empresas”.
Resto del post:
http://www.eduardorojotorrecilla.es/2015/06/despidos-colectivos-sucesion-de.html
Fuente: Tribunal Supremo
La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de 2012, por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado (administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades que integran la administración local, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, y diversas entidades de derecho público).
El Supremo estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo de UGT y CC.OO. contra el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.
El artículo 35.3 del Reglamento introduce dos criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria: el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.
Ahora bien, recuerda la sentencia, “lo que la norma legal de referencia -esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura como causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la ‘insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente’”.
Para el Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella”.
“Más aún –añade la sentencia–, este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal”.
La misma sentencia anula también el apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral. El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral. El Supremo no entra a examinar parte del recurso de los sindicatos por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015.
Por otro lado, el Supremo ha dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano necesario para el funcionamiento del llamado descuelgue de los convenios colectivos. El Supremo declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobar el decreto.
Texto de la sentencia:
La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Murcia ha confirmado una sentencia dictada por el Juzgado de lo Social número 2 de esa ciudad que estimó la demanda del padre de dos mellizos nacidos en la India en virtud de la llamada “gestación por sustitución” frente a la decisión del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) de denegarle la prestación por maternidad.
El demandante, que inscribió debidamente a sus hijos en el Registro Consular Español de Nueva Delhi, había firmado ante notario en la India un contrato con la madre biológica de los niños por el que ésta renunciaba al ejercicio de cualquiera de las funciones inherentes a los derechos como madre, dando su consentimiento al padre biológico para ejercer con exclusividad la guardia y custodia de los menores.
Ver resto de la noticia:
Los ayuntamientos no pueden pagar a sus funcionarios premios en metálico o en forma de días libres por cumplir determinados años de servicio, más allá de los trienios con los que se retribuye la antigüedad o de los permisos recogidos en las leyes aplicables a los empleados públicos.
Así lo dispone una sentencia firme del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que declara ilegales las recompensas que aprobó en 2005 el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para premiar a sus funcionarios al cumplir determinados años de trabajo.
Resto de la noticia:
http://www.expansion.com/2015/03/05/funcion-publica/1425540604.html
Si alguién nos pasa la sentencia, agradecidos…
No es frecuente que las Sentencias del Tribunal Supremo cuenten con votos particulares. Menos aún que tales sentencias marquen el territorio en un ámbito tan relevante como son las fronteras o límites del derecho a la negociación por los sindicatos con la Administración.
Es el caso de un puñado de recientes sentencias que versan sobre el mismo objeto impugnatorio el Reglamento Orgánico y Funcional de una Consejería autonómica, y niegan que tales determinaciones de deban ser objeto de negociación. El Supremo interpreta nada menos que el art.37.2 del EBEP cuando utiliza la siguiente fórmula: “Quedan excluidas de la obligatoriedad de la negociación las materias siguientes: a) Las decisiones de las Administraciones Públicas que afecten a sus potestades de organización.
Resto del post:
¿He contado mal o faltan 101 días para las elecciones municipales?
Sentencias del Supremo se dictan muchas. Unas repetitivas, otras simples y otras únicas y complejísimas. La inmensa mayoría marcan el rumbo en este océano turbulento del Derecho Administrativo donde abundan los tsunamis del Constitucional, la espuma juguetona de interpretaciones sorprendentes, los remolinos ocultos del Tribunal de la Unión Europea y los vientos legislativos que a veces cambian la dirección de las olas judiciales. Pero a veces, como la flor de Edelweiss que se manifiesta en lugares recónditos e inaccesibles, florece una sentencia única, no tanto por su belleza como por su impacto.
Es el caso de la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 9 de Diciembre de 2014 (rec. 114/2011) que se pronuncia sobre una cuestión que se ha planteado miles de veces y se volverá a plantear, y además es una sentencia con efecto horizontal, pues tendrá efecto reflejo sobre el alcance de todas las sentencias que invaliden procedimientos selectivos. ¿ He conseguido despertar la curiosidad?. Si es así, al puro estilo Hitchcock, pasen y vean.
Resto del post:
La reciente Sentencia en el asunto C-416/13, de 13 de Noviembre de 2014 elimina el requisito de la edad máxima para el acceso a la condición de policía local, aunque la misma tiene numerosas implicaciones en múltiples campos.
Recordemos según la nota de prensa del propio Tribunal que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 4 de Oviedo pregunta al Tribunal de Justicia si la Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación permite que en una convocatoria de pruebas selectivas conforme con una Ley autonómica de un Estado miembro se establezca una edad máxima de 30 años para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
Mediante su sentencia el Tribunal de Justicia declara que la Directiva se opone a una normativa nacional, como la Ley del Principado de Asturias, que fija en 30 años la edad máxima para acceder a una plaza de agente de la Policía Local.
Resto del post: http://contencioso.es/2014/11/20/implicaciones-de-la-sentencia-comunitaria-sobre-la-edad-minima-de-acceso-a-policia-local/
Gracias de Cosital Valencia
Sentencia:
http://www.cosital-valencia.org/noticias/i/3550/71/sentencia-del-tsjcv
Del boletín de Cemical
http://cemical.diba.cat/es/boletin/boletin_castellano.asp
STS de 30 de junio de 2014, recurso 1846/2013
Comentada por Josep Aldomà
Con esta sentencia el TS consolida la configuración del personal funcionario interino de larga duración, dotándolo de un estatuto singular parcial que resulta diferente al funcionario interino genérico.
Más información en el enlace de Cemical.
(El enlace de Youtube es porque me encantaría ver esos puentes. Hasta tengo vida fuera del Ayuntamiento)
Tras el tsunami procesal abierto por la Sentencia de 5 de Febrero de 2014 (rec.2986/2012), quedó un resquicio abierto a la subsistencia de la naturaleza de las RPT como disposición general por la prudencia de aquélla sentencia, que al ocuparse de la impugnación de una RPT de la Administración del Estado, dejaba latente la posibilidad de que no fuera aplicable la calificación de disposición general a las RPT de las Administraciones autonómicas, locales o institucionales.
Sin embargo, la reciente STS de 15 de Septiembre de 2014 (rec.209/2013) sin rodeos y con claridad deja claro que las RPT son “actos generales”, con el régimen impugnatorio que les es propio, y sean fruto de cualesquiera Administración Pública
Resto del post:
Del blog contencioso.es
El instituto jurídico que mayores mutaciones ha sufrido en las últimas década es la “discrecionalidad técnica”. Incluso llegué a titular un post sobre el estado de la cuestión según la jurisprudencia del Tribunal Supremo bajo el significativo título: “Discrecionalidad técnica en las oposiciones: un virus resistente a las vacunas”.
Ahora toca comentar la reciente Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de 31 de Julio de 2014 (rec.2001/2013), que cuenta con otra sentencia idéntica de la misma fecha y distinto ponente (rec.3779/2013) que supone un significativo paso adelante en la conquista hacia el pleno control jurisdiccional de concursos y oposiciones.
Post completo:
STSJ País Vasco nº 344/2014, Sala de lo Contencioso Administrativo, de fecha 11/7/2014: Estima el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Estado contra la Instrucción de la Diputación Foral de Bizkaia que establece criterios sobre el mantenimiento de las condiciones de trabajo en los procedimientos de contratación, y la anula.
Más información en: http://www.idluam.es/jurisprudencia/6717-stsjpv-bizk-344-14
