Copiado literalmente del discurso de hoy de Rajoy:
Por eso les anuncio que, con efectos del día de hoy, a partir de este momento en que les hablo, la contratación indefinida de nuevos trabajadores tendrá una tarifa plana de cotización a la Seguridad Social de cien euros, siempre que se trate de creación de empleo neta.
Se trata del impulso a la creación de empleo neto más importante de nuestra historia. No ha sido posible adoptarlo antes, Señorías, pero ahora que es posible no vamos a retrasarlo ni un minuto.
Este viernes, aprobaremos en Consejo de Ministros esta rebaja de las cotizaciones que permitirá a cualquier empresa, independientemente de su tamaño, que quiera contratar a más trabajadores, y lo haga de forma estable, independientemente de su edad, cotizar a la Seguridad Social (por contingencias comunes) cien euros al mes, ni uno más, durante los primeros veinticuatro meses; siempre que suponga un aumento de plantilla.
Estamos hablando, por tanto, de creación neta y de empleo estable. En el caso de que una empresa no mantuviera el contrato del trabajador durante los tres años siguientes a la contratación inicial, deberá reintegrar todos los beneficios aplicados.
Esto supone, por ejemplo, Señorías, para un sueldo bruto al año de 20.000 euros y que el importe de su cotización a la Seguridad Social es de 5.700 euros, por cada nuevo empleo creado la empresa pasará a ingresar solamente 1.200 euros. Es decir, en este caso concreto estaríamos hablando de una rebaja en las cotizaciones sociales de un 75 por 100.
También ha hablado de las reforma de las administraciones públicas:
Señorías, tres cuartas partes de los empleados públicos son los encargados de que tengamos una sanidad, una educación, una seguridad y unos servicios públicos de los que nos podemos sentir orgullosos; pero era necesario acometer una reforma, sobre todo, del «resto» de la Administración, que se suele identificar con el «aparato burocrático».
Esta reforma tenía que ser integral para resolver los problemas que afectaban a nuestro sector público:
– Primero, el tamaño. En la sociedad española está instalada la idea de que tenemos una Administración elefantiásica. Esto no es verdad. Al menos, ya no lo es. No era aceptable que durante la crisis, entre 2007 y 2011, mientras todas las empresas sufrían ajustes de plantillas y cierres, la Administración aumentase de tamaño como lo hizo. Esto se ha corregido en esta Legislatura. Hoy el tamaño del conjunto de las Administraciones Públicas españolas es el que tenía en 2004. Para consolidar esta situación y evitar que vuelvan en el futuro a proliferar entidades sin control –y, a veces, hasta sin objeto– propondremos una nueva Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas, que por primera vez integrará una regulación específica y estricta de la Administración institucional.
– Segundo problema, la morosidad. Existía una práctica más o menos generalizada de retrasar el pago de las facturas que llegaban a la Administración recurriendo, en ocasiones, a prácticas tan inaceptables como meterlas en un cajón. Señorías, es que hemos tenido que pagar ocho millones de facturas. Es que es s algo verdaderamente notable en un país como es España. Por un lado, teníamos que pagar las deudas pendientes con los proveedores, para lo que se puso en marcha el Fondo de Pago de Proveedores del que se han beneficiado Comunidades Autónomas y Entidades Locales, como antes les comenté.
Pero teníamos que evitar que esto vuelva a pasar en el futuro y para ello hemos aprobado una Ley de Control de la deuda comercial en el sector público, que establece rigurosos mecanismos para evitar que ninguna Administración tenga meses, cuando no años, esperando a sus proveedores para recibir su dinero, porque es el suyo. Y hemos aprobado la Ley de Factura Electrónica, que va a hacer que sea imposible ocultar la existencia de cuentas pendientes o meter facturas en el cajón. El próximo paso será la definición y publicación de los períodos medios de pago en cada Administración. Señorías, tan importante y tan razonable es pagar a tiempo como no gastar de más.
– Y el tercer problema al que había que atender era la mejora de la gestión. No puede ser que cada ministerio, cada organismo, cada dependencia administrativa, gestionase separadamente sus vehículos, inmuebles, aplicaciones informáticas, suministros de luz, teléfonos, seguridad… Estamos acometiendo la gestión centralizada de todos estos medios públicos. Se está poniendo en marcha la contratación centralizada de los combustibles, la energía eléctrica o las telecomunicaciones. Y en los próximos Presupuestos que traigamos a esta Cámara empezarán a incorporarse principios de presupuestación «base cero» en el capítulo de gastos corrientes, para que la previsión de gastos se aproxime a la realidad del coste.
Señorías, ¿cuántas veces hemos oído desde que tenemos el estado autonómico que había que suprimir duplicidades, pero nadie se había puesto a analizar cuáles eran, en qué ámbitos y entre qué Administraciones? Este trabajo, por fin, se ha hecho. Para resolverlas se propone reforzar los mecanismos de cooperación, como las Conferencias Sectoriales, crear bases de datos y registros comunes, licencias o permisos únicos, puesta en común de medios públicos para el ejercicio de competencias y supresión de organismos. Quiero decir que la colaboración de las Comunidades Autónomas para su implantación está siendo intensa y esperamos que lo sea más en el futuro. Sólo les daré un dato: las Comunidades Autónomas han asumido la disolución de más de 750 empresas públicas, lo que supondrá un ahorro de más de 4.500 millones de euros.
Por último,simplificación. La reforma contiene una batería de medidas dirigidas a que la relación de los ciudadanos y las empresas con la Administración sea fácil y sea sencilla, de modo que no se pida varias veces el mismo documento, que se puedan hacer muchos más trámites por internet y que no haya que peregrinar por distintas ventanillas para, por ejemplo, constituir una empresa, importar un producto o ver las notificaciones que nos afecten.
Responsables personal Ayuntamientos 