El Gobierno aplaza tres meses la reforma de la edad de la jubilación parcial y anticipada

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El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes un real decreto en el que se suspende la entrada en vigor el próximo 1 de enero, y por un periodo de tres meses, de las nuevas edades de jubilación anticipada y parcial contenidas en la reforma de las pensiones aprobada por el Ejecutivo de Zapatero en 2011, cuyo desarrollo reglamentario ha sido aprobado también este viernes.

En la actualidad, se puede acceder a los 61 años tanto a la jubilación anticipada como a la parcial. Y así se va a quedar hasta el 31 de marzo, después del Real Decreto aprobado por el Ejecutivo en el Consejo de Ministros, tal y como se recoge en la reseña.

El Gobierno ha prorrogado tres meses estos conceptos para conseguir llegar a un acuerdo con el resto de fuerzas políticas dentro del Pacto de Toledo, según han señalado fuentes del Ministerio de Empleo y Seguridad Social a RTVE.es.

El otro objetivo es evitar que en un periodo de dos meses pudieran sucederse hasta tres regulaciones: la actual, la que entraría en vigor con la nueva ley y la de su modificación posterior.

Jubilación anticipada y parcial

Lo que ha hecho este viernes el Ejecutivo ha sido aprobar un real decreto en el que incluye la suspensión de los artículos que establecían la edad de jubilación anticipada y parcial de la reforma de las pensiones de Zapatero.

El problema de fondo es que, con la reforma de las pensiones aprobada en la pasada legislatura, la edad de jubilación llevará la edad ordinaria de retiro de los 65 años a los 67 años en el año 2027.

La reforma elevaba de forma progresiva la edad para acceder a la jubilación anticipada a los 63 años en 2027, siempre que se hayan cotizado 33 años. Mientras, la edad para acceder a la jubilación parcial se mantenía en los 61 años con nuevos requisitos, como el que la empresa deba cotizar íntegramente por el trabajador y el relevo.

Propuesta del Ejecutivo y negociación en el Pacto de Toledo

De esta forma, el Ejecutivo llevó una propuesta al Pacto de Toledo para retrasar la edad de acceso a la jubilación anticipada a los 65 años y la parcial a los 63 años en el año 2027. El Ejecutivo considera que las edades de jubilación anticipada y parcial deben evolucionar en línea con la edad ordinaria.

Así lo puso de manifiesto el secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, el pasado mes de noviembre en el Pacto de Toledo. Allí propuso endurecer el acceso a la jubilación parcial: aumentar un 50% la jornada de los jubilados a tiempo parcial y subir a 33 (desde los 30 actuales) los años de cotización.

Durante su comparecencia en la Comisión del Pacto de Toledo, Burgos ha calificado la jubilación parcial como un mecanismo «muy privilegiado» con cargo «exclusivo» a la Seguridad Social.

Reforma de las pensiones: nuevos aspectos

En paralelo, el Gobierno ha aprobado el desarrollo reglamentario de la ley que reformó el sistema de pensiones aprobado por el anterior Ejecutivo para que pueda entrar en vigor el próximo 1 de enero, sin que ello impida al actual Gobierno hacer una revisión total de la norma.

Según Empleo, entre los objetivos del decreto aprobado este viernes es clarificar diversos aspectos, entre ellos, la adaptación a los periodos transitorios de la regla de cómputo temporal de los requisitos para acceder a las prestaciones. En este caso, la regla determina que se considerará un mes de fecha a fecha, teniendo como referencia la de cumplimiento de la edad legal. De manera que cada trabajador tendrá su edad personalizada.

Además, se unifica la fórmula para fijar los periodos de cotización exigibles que, de acuerdo con la ley 27/2011, pasarán a contabilizarse por años y meses tanto para determinar la edad como la cuantía de las pensiones.

El decreto concreta también los requisitos relacionado con las excepciones en la ampliación del periodo de cálculo hasta 25 años en 2022. Como dicha ampliación puede resultar más favorable para aquellos trabajadores que, en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo, la propia ley contemplaba la posibilidad de aplicar directamente la ampliación de periodo completo.

Este Real Decreto clarifica las circunstancias que han de concurrir para que un trabajador que, a partir de una determinada edad, ha visto reducidas sus bases de cotización por haberse quedado en el paro, pueda optar por que su pensión se calcule directamente sobre 20 o 25 años sin necesidad de aplicar el periodo transitorio que contempla la ley.

Dichas circunstancias son, según fuentes del Ministerio de Empleo, trabajadores de más de 55 años que cesen de trabajar de forma involuntaria a los que se les computará la base más larga que tuviera durante 24 meses a partir de los 50 años.

Por otro lado, especifica los supuestos en los que el trabajador deba ajustarse a la legislación anterior en el acceso a la jubilación. En esta situación se encuentran quienes extingan su relación laboral antes o después del 1 de enero por acuerdos de empresa, convenio colectivo o ERE, suscritos o aprobados antes del 1 de agosto de 2012.

Misma noticias en la web de la Moncloa, PARA QUE VEAIS QUE NO ES UNA INOCENTADA.

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla algunas disposiciones contenidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto de 2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de enero.

La norma adapta a los periodos transitorios la regla de cómputo temporal para acceder a las prestaciones. Al final del periodo transitorio, la edad ordinaria de jubilación habrá pasado de 65 a 67 años y se aplicará a razón de un mes más por cada año, hasta 2018 y dos meses hasta concluir en 2027. La regla determina que se considerará un mes de fecha a fecha, teniendo como referencia el cumplimento de la edad legal.

El Real Decreto establece que los trabajadores que en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo podrán aplicarse directamente la ampliación de periodo de cálculo hasta veinticinco años para mejorar su pensión.

Además, señala que mejora la asimilación a periodo cotizado en el caso de personas con hijos a su cargo en situciones de interrupción de la cotización por nacimiento o adopción.

APROBADO EL DESARROLLO REGLAMENTARIO DE LA LEY QUE REFORMÓ EL SISTEMA DE PENSIONES

  • Se opta por el cómputo más beneficioso para la asimilación a periodo cotizado para mujeres y hombres con hijos a cargo en situaciones de interrupción de la cotización por nacimiento o adopción
  • Los trabajadores que en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo podrán aplicarse directamente la ampliación de periodo de cálculo hasta veinticinco años para mejorar su pensión

El Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto que desarrolla algunas disposiciones contenidas en la Ley 27/2011, de 1 de agosto de 2011, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social, que entrará en vigor el 1 de enero.

El objetivo del Real Decreto es clarificar diversos aspectos, entre ellos, la adaptación a los periodos transitorios de la regla de cómputo temporal de los requisitos para acceder a las prestaciones. Un ejemplo de ello es la cuantificación de la edad ordinaria que al final del periodo transitorio habrá pasado de 65 a 67 años y que se aplicará a razón de un mes más por cada año, hasta 2018 y dos meses hasta concluir en 2027.

Así, la regla determina que se considerará un mes de fecha a fecha, teniendo como referencia la de cumplimiento de la edad legal (65 más un mes, 65 más dos meses, etcétera).

Finalmente, se unifica la fórmula para fijar los periodos de cotización exigibles que, de acuerdo con la citada Ley de 2011 pasarán a contabilizarse por años y meses, tanto para determinar la edad, como la cuantía de las pensiones.

Además, el Real Decreto concreta también los requisitos relacionados con las excepciones en la ampliación del periodo de cálculo hasta veinticinco años en 2022. Como dicha ampliación puede resultar más favorable para aquellos trabajadores que, en la última fase de su vida laboral hayan incurrido en situaciones de desempleo, la propia Ley contemplaba la posibilidad de aplicar directamente la ampliación de periodo completo.

Este Real Decreto clarifica las circunstancias que han de concurrir para que un trabajador que, a partir de una determinada edad, ha visto reducidas sus bases de cotización por la razón de extinción involuntaria de la relación laboral, pueda optar por que su pensión se calcule directamente sobre veinte o veinticinco años sin necesidad de aplicar el periodo transitorio que contempla la ley.

Por otro lado, especifica los supuestos en los que el trabajador deba ajustarse a la legislación anterior en el acceso a la jubilación. En esta situación se encuentran quienes extingan su relación laboral antes o después del 1 de enero por acuerdos de empresa, convenio colectivo o ERE, suscritos o aprobados antes del 1 de agosto de 2012.

Cuidado de hijos

El Real Decreto hoy aprobado desarrolla y concreta también la mejora de los periodos considerados como cotizados a mujeres y hombres por hijos o menores acogidos, recogida en la Ley de 2011. Es el caso de las personas que, por nacimiento o adopción, vieron interrumpida su cotización al extinguirse la relación laboral o finalizar el cobro de prestaciones de desempleo coincidiendo con el nacimiento de sus hijos.

En este sentido, el desarrollo reglamentario despeja cualquier duda en cuanto a la compatibilidad de la aplicación del beneficio por cuidado de hijos con los periodos asimilados por parto y con los de cotización efectiva derivados de la situación de excedencia.

Asimismo, establece un tratamiento de la asimilación a periodo cotizado muy positiva, puesto que, aunque cabían otras posibilidades, el Real Decreto opta por tomar como base de cotización el promedio de las bases de cotización de los seis meses anteriores.

TSJPV suspende cautelarmente el pago de la extra de Navidad de las Juntas de Gipuzkoa

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La Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco decidirá mañana si ratifica su decisión del pasado viernes de paralizar el pago de la extra de Navidad en las Juntas Generales de Araba y Gipuzkoa.
Según ha informado hoy el alto tribunal, la Sala de lo Contencioso Administrativo admitió en sendos autos fechados el viernes día 14 la medida cautelar urgente solicitada por la Abogacía del Estado para detener el abono de esa paga a los funcionarios de los dos parlamentos provinciales.
Por su carácter urgente, el tribunal celebrará mañana mismo sendas vistas en la que escuchará los argumentos de las partes y decidirá si mantiene la suspensión de abonar la paga -en ese momento podrá hablarse de una resolución cautelar propiamente dicha- o si la levanta.
Según se recoge en los dos autos dictados por la Sala de lo Contencioso Administrativo, la primera vista se celebrará con los representantes legales de las Juntas Generales de Álava a las 9.30 horas y media hora más tarde tendrá lugar la comparecencia de los abogados de las Juntas de Gipuzkoa .
En las dos resoluciones, prácticamente idénticas, se estima la «perentoriedad consustancial» de paralizar la paga extra porque el abono de ese dinero tendría lugar «en una fecha próxima o muy próxima» a la tramitación del recurso.
No obstante, la Sala critica que el Abogado del Estado haya «dejado transcurrir trece días naturales entre la fecha en que dice haber tenido conocimiento del acuerdo recurrido (el 30 de noviembre, aunque el acuerdo se firmó el 26) y la fecha de interposición del recurso», que tuvo lugar el pasado viernes, 13 de diciembre.
La decisión que mañana tome la Sala de lo Contencioso Administrativo sobre esta medida cautelar no afectará al fondo del asunto en ninguno de los dos casos, ya que éste se tramitará en un proceso ordinario para que el que no hay plazos estimados, según han señalado fuentes del TSJPV.
Este asunto ha llegado al alto tribunal vasco después de que la Delegación del Gobierno en el País Vasco presentara dos demandas de procedimiento abreviado entender que abonar esa paga incumpliría el decreto del Gobierno central de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que fue tramitada como legislación básica del Estado.
El TSPJV se pronunciará sobre la paralización cautelar de esta paga en las Juntas de Álava y Gizpuzkoa justo una semana después de que el Gobierno Vasco saliente decidiera acatar la decisión del Tribunal Constitucional de suspender el abono de la extra a los 67.000 funcionarios de la Administración Pública Vasca.
También queda pendiente de aclarar qué ocurre finalmente en Gipuzkoa , después de que el viernes el diputado general, Martín Garitano (Bildu), anunciara la sustitución de la extra por un «complemento retributivo» con el objetivo de que sus trabajadores públicos no pierdan poder adquisitivo.

La Diputación abona un «complemento retributivo» en concepto de paga extra

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El diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, ha anunciado este mediodía, en una rueda de prensa en San Sebastián, que la institución foral «ha decidido abonar un complemento retributivo a sus trabajadores y trabajadoras para paliar su perdida de poder adquisitivo». Ha añadido que «dicho complemento es similar al cobro que mensualmente reciben. La orden de ingreso ya está realizada, y la mayor parte de los trabajadores de la Diputación lo recibirán entre ayer y hoy». Con esta decisión, Garitano pretende hacer frente al real decreto del Gobierno de Mariano Rajoy que suprime la paga extra de Navidad a los funcionarios públicos.

La Diputación de Gipuzkoa abona la paga extra a sus funcionarios

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Bildu no aclara si es la de Navidad o un adelanto de la de junio
La Diputación Foral de Gipuzkoa ha procedido a abonar la paga extra de Navidad a sus funcionarios. Lo que no queda claro es si la paga es la correspondiente al mes de diciembre o si se ha adelantado la de junio. No se ha comunicado nada a los funcionarios y la paga viene en concepto de ‘nómina’.
El martes, unas horas antes de que el Tribunal Constitucional anunciara que paralizaba el abono de la paga extra a los 67.000 funcionarios vascos tras admitir a trámite el conflicto de competencias planteado por el Gobierno central, el diputado general de Gipuzkoa, Martin Garitano, reiteraba su «compromiso» de hacerlo porque las arcas forales tienen «dinero para pagar». Señalaba que su Gobierno foral quería que los 1.800 funcionarios guipuzcoanos que tiene a su cargo cobren la extra de Navidad en diciembre.
El Gobierno actúa contra la Diputación
El abono de la paga extra de Navidad suma un nuevo conflicto, en este caso territorial, con las demandas presentadas contra la Diputación y las Juntas Generales de Gipuzkoa y la cámara territorial de Araba
La Delegación del Gobierno en el País Vasco ha formalizado tres recursos de procedimiento abreviado ante el contencioso administrativo para impedir que esas tres instituciones abonen la extra de Navidad a sus funcionarios. Fuentes de la Delegación del Gobierno explicaron que las demandas fueron interpuestas el mismo lunes con el argumento de que, en caso de pagarse la extra, se incumpliría el decreto del Gobierno central de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria, que fue tramitada como legislación básica del Estado.
En su demanda, el delegado del Gobierno en Euskadi, Carlos Urquijo, reclama también la suspensión cautelar de la decisión de las dos cámaras territoriales y de la Diputación de Gipuzkoa de abonar esa paga extra. Se da la circunstancia de que sólo la institución alavesa cuenta con un acuerdo en firme sobre el asunto, ya que tanto la institución foral de Gipuzkoa como su cámara no han firmado un escrito oficial sobre el asunto, según confirmaron ayer fuentes del Gobierno guipuzcoano. Expresaron su voluntad de pagar la extra aunque no precisaron qué fórmula utilizarán para cursar el abono.

Decisión del TC sobre paga extra GV ya en el Boe. ¡Qué veloz publicación!!!

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Conflicto positivo de competencia n.º 6862-2012, contra la decisión del Gobierno Vasco de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio».

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 11 de diciembre actual, ha acordado admitir a trámite el conflicto positivo de competencia número 6862-2012, promovido por el Gobierno de la Nación contra la decisión del Gobierno Vasco de fecha indeterminada por la que acuerda que los trabajadores del sector público vasco cobren la paga extraordinaria de diciembre de 2012, «así como respecto a las actuaciones o disposiciones que apliquen este criterio». Y se hace constar que por el Gobierno se ha invocado el art. 161.2 de la Constitución, lo que produce la suspensión de la vigencia y aplicación de la decisión impugnada, desde la fecha de interposición del conflicto 5 de diciembre de 2012.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-15020

Madrid, 11 de diciembre de 2012.–La Secretaria de Justicia del Pleno del Tribunal Constitucional, Herminia Palencia Guerra.

Contra decisión de fecha indeterminada… No me queda claro el objeto del recurso….

El Constitucional suspende el pago de la extra de Navidad a los funcionarios vascos

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El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la decisión del Ejecutivo vasco de abonar la paga extra de Navidad a los funcionarios de Euskadi, según han informado fuentes judiciales.
Esta admisión supone la suspensión de la medida adoptada por el Gabinete en funciones de Patxi López y además, con fecha del 5 de diciembre que es el día en que el Ejecutivo presentó el recurso ante el Constitucional. El Ejecutivo vasco dio ayer la orden de pago de la extra navideña a sus 69.000 funcionarios, justo un día antes de que el Constitucional abordara el recurso contra el abono de la misma.
 
 Resolución del TC:

El Gobierno Urkullu adelantará a enero la extra de junio si el TC suspende su abono

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El pago pasa por una reforma legal en el Parlamento que no podrá hacerse antes de finales de enero

BILBAO. Antes de pisar Ajuria Enea, el próximo lehendakari tendrá, si los plazos de la burocracia no lo impiden, su primera patata caliente entre manos. La paga extra de Navidad a los funcionarios vascos se ha convertido en el culebrón de fin de año para disgusto de los 67.000 empleados públicos dependientes del Gobierno vasco que a fecha de hoy no saben si la cobrarán a pesar de que el Ejecutivo de Patxi López ha afirmado que la pagará. Si la próxima semana el pleno del Tribunal Constitucional (TC) admite a trámite la impugnación presentada por el Gobierno español contra la decisión de abonar la remuneración, esta quedará automáticamente suspendida y el asunto pasará a manos del Gobierno entrante. Iñigo Urkullu, que previsiblemente será elegido lehendakari el próximo jueves día 13 y jurará el cargo dos días después en Gernika, ya tiene decidida su respuesta a la situación: adelantará la paga extra de junio de 2013 a enero y la de diciembre a junio, señalaron fuentes del PNV a este diario.

Es la misma fórmula que han seguido la Diputación de Bizkaia y numerosos ayuntamientos vascos para garantizar el cobro de la extra de Navidad a sus empleados públicos, aunque no despeja la duda de qué ocurrirá con la paga de diciembre del próximo año y siguientes.

Urkullu podría eludir esta situación si la extra de Navidad fuera abonada a los funcionarios antes de que el pleno del alto tribunal español decida la próxima semana, como parece más que probable, admitir a trámite el recurso presentado por el Gobierno de Rajoy contra el Ejecutivo vasco por incumplimiento del real decreto de julio pasado. Madrid sostiene que se trata de una norma básica que obliga a todas las administraciones del Estado, por lo que su incumplimiento supone un «delito de prevaricación» por parte del responsable político e incluso del funcionario o jefe de servicio de turno que ejecuta el acto administrativo del abono de la extra.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha señalado directamente a los Gobiernos vasco, navarro y extremeño por su intención de hacer caso omiso del decreto y ha esgrimido incluso el Código Penal a la hora de exigir responsabilidades, que incluiría la inhabilitación del cargo y del empleo a los responsables.

El Gobierno vasco suele realizar el abono de la extra hacia el día 20 o 21 de diciembre, por lo que se puede dar por descontado que la suspensión llegará antes de esa fecha. Incluso si el TC no estudiara la próxima semana el recurso del Gobierno español, podría hacerlo en la última sesión del año, conocida como escoba, que se celebrará los próximos días 18, 19 y 20, y en el que se discuten los temas que quedan pendientes antes del impasse navideño.

Como quiera que la simple admisión a trámite de la impugnación bastaría para paralizar el pago, esta posibilidad es muy remota ya que, incluso acelerando el procedimiento administrativo, «el margen del Gobierno vasco para llegar a tiempo sería prácticamente inexistente», señalan fuentes de Lakua conocedoras del mecanismo.

La paralización de la paga a los funcionarios vascos llegará en plena transición de poder de Patxi López a Iñigo Urkullu y será este el que tendrá que gestionar sus consecuencias económicas y políticas. La decisión de adelantar la extra de junio del próximo año a enero paliará parcialmente la situación y de paso servirá para tranquilizar al sector del comercio, muy preocupado por la desaceleración de las ventas que acarrearía el impago.

Sin embargo, el adelanto precisará de una pequeña pero obligada reforma de la Ley de Presupuestos o la aprobación por parte del Parlamento Vasco de una ley especial que regule el pago de la extra en unas fechas diferentes a las recogidas por la ley en vigor. Este requisito lo cumplieron las Juntas Generales de Bizkaia el pasado miércoles con la aprobación de un proyecto de norma foral que permite el adelanto, con los votos a favor del PNV y del PSE, mientras que Bildu y PP se abstuvieron.

En cualquier caso, parece difícil que el abono de la paga pueda realizarse a primeros de enero como en el caso de los funcionarios de la Diputación vizcaina y los ayuntamientos vascos que así lo hayan decidido. Por un lado, a Urkullu le coge el asunto instalando su gabinete en Ajuria Enea. Las fechas navideñas y vacacionales tampoco permiten agilizar los plazos. Y, por último y sobre todo, el trámite parlamentario precisa de unos pasos ineludibles que, incluso descartando la vía ordinaria y acogiéndose a la extraordinaria, situaría la fecha para el pleno del Parlamento más cerca de finales de enero que de mediados.

http://www.deia.com/2012/12/07/politica/euskadi/el-gobierno-urkullu-adelantara-a-enero-la-extra-de-junio-si-el-tc-suspende-su-abono

 

Ya está en el TC el recurso contra la paga del Gobierno Vasco

Esta vez el Gobierno de Madrid ha trabajado contrarreloj. Otra vez no suelen andar tan finos. En fin…
Y gracias porque ya he llegado a las 60.000 visitas. Ayer record de entradas con 579 en un solo día. Para ser un blog de un tema tan concreto, no está mal.
60mil
El Gobierno de Mariano Rajoy ha presentado antes del cierre del registro del Tribunal Constitucional, las tres de la tarde, la cuestión de competencias con la que traslada a la justicia su desacuerdo con la decisión del Gobierno Vasco de abonar la paga extra de Navidad de sus 67.000 funcionarios. El Ejecutivo de Rajoy pidió el viernes un dictamen al Consejo de Estado, que ha estado reunido hoy para hacerlo efectivo. Con su impugnación, el Ejecutivo del PP intentará paralizar el pago de la extra acordado por el Gobierno en funciones de Patxi López el pasado martes.
Al margen de la impugnación ante el TC, Hacienda ya ha advertido al lehendakari y su equipo de que podrían incurrir incluso en un delito penal: el de prevaricación previsto para todo funcionario público que tome decisiones a sabiendas de que son ilegales.

http://www.diariovasco.com/20121205/mas-actualidad/politica/gobierno-ultima-recurso-ante-201212051325.html

 

 

Paga GV: El TC tendría tiempo para paralizar el cobro si el Gobierno central acelera su recurso

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Aunque no está incluido en el orden del día, si el Gobierno central pisa el acelerador en su ofensiva contra la decisión del Ejecutivo vasco en funciones, el Constitucional podría estudiar en el pleno de la próxima semana -previsto para los días 11, 12 y 13 de diciembre- el conflicto de competencias que el gabinete de Mariano Rajoy ha anunciado para tratar de frenar el pago de la retribución extraordinaria de diciembre, anulada por real decreto en julio pasado.

http://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20121205/politica/paga-extra-funcionarios-aire-20121205.html

¿Deben los poderes públicos vascos suprimir las pagas extraordinarias so pena de ser imputados por prevaricación?

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Catedrático UPV/EHU, Por Iñaki Lasagabaster Herrarte

Deia.

LA respuesta a esta cuestión esconde aspectos de índole teórica y otros más prácticos, vinculados a su puesta en práctica y sus consecuencias. Desde un punto de vista teórico hay que empezar por plantear el asunto debidamente para que el lector pueda seguir el argumento con todos los datos necesarios a su disposición y pueda comprenderlo fácilmente, teniendo en cuenta la aridez que acompaña a ciertas cuestiones jurídicas.

La supresión de la paga extraordinaria está recogida en el Real Decreto Ley 20/2012, donde se establecen una serie de medidas para la reducción del gasto público, especialmente centradas en la limitación de ingresos de los empleados públicos, así como en la reducción de derechos sindicales, especialmente los vinculados con la negociación colectiva. Esta supresión de la paga extraordinaria contenida en el Real Decreto Ley estatal es contraria a otras disposiciones legales que la establecen. En concreto, es contraria al Estatuto Básico del Empleo Público, a la Ley de la Función Pública vasca y a la Ley de la Función Pública de la CA de Nafarroa.

La contradicción entre estas leyes presenta problemas de diferente contenido, que podríamos dividirlos en dos tipos:

1) Los relativos a la competencia del Estado para dictar ese Real Decreto Ley, en especial mediante ese tipo de norma, si esa norma es básica y si entra dentro de una competencia estatal.

2) Los relacionados con la forma en que esa ley se aplica, es decir, si las administraciones públicas están obligadas a aplicarlos, a pesar de que consideren la norma inconstitucional.

Las consideraciones que se han podido leer en la prensa sobre el primer punto no han entrado al fondo del asunto debidamente. En primer lugar, porque entiendo que no han elegido de forma adecuada las normas en conflicto. No se trata de una contradicción entre el Real Decreto Ley estatal y la Ley de Presupuestos. Esta última habilita el gasto, pero no los derechos que corresponden a los empleados públicos. Esto último está regulado en la Leyes de Función Pública estatal y autonómicas, pero no en las leyes presupuestarias, que se limitan (lo que no es poco) a establecer el quantum global. Los derechos de los empleados públicos resultan de la conjunción de las normas de función pública y de las presupuestarias, entendiendo entre las primeras no solamente las leyes, sino también los acuerdos sindicales.

Avanzando algo más en este argumento, el Real Decreto Ley 20/2012 puede estimarse inconstitucional. Los argumentos que sustentan esta afirmación son varios. En primer lugar, la condición de básica de la medida de supresión a la luz del monto de la reducción, así como de la forma. Es decir, que el legislador estatal podrá plantear una reducción del gasto público, pero no la forma concreta de hacerlo, es decir, las partidas a las que se puede afectar. El legislador estatal no puede utilizar el Real Decreto Ley como una forma de establecer lo básico, especialmente sin existir una situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitime el dictado de una norma de ese tipo. El Real Decreto Ley en cuestión va frontalmente en contra de los derechos sindicales, algunos de ellos garantizados como derechos fundamentales.

Texto completo:

http://www.deia.com/2012/12/02/opinion/tribuna-abierta/deben-los-poderes-publicos-vascos-suprimir-las-pagas-extraordinarias-so-pena-de-ser-imputados-por-prevaricacion

Adelanto de la paga junio 2013

azkuna y urquijo

Hasta el momento los gobiernos de País Vasco y Extremadura, así como la Diputación Foral de Gipuzkoa, han anunciado que abonarán el pago en diciembre, mientras UPN en Navarra se opone al pago, pero no está claro que consiga los apoyos suficientes en el Parlamento Foral al no disponer de mayoría suficiente y estar obligado a lograr el respaldo de algunos de los partidos de la oposición. Por su parte, el adelanto de la paga de enero a junio será aplicada por la Diputación de Vizcaya y Ayuntamientos como los de Bilbao o Pamplona. Además la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) recomienda a los 250 municipios utilizar el adelanto de la extra de junio.

Por lo que se refiere al adelanto de la paga extra de junio a enero de 2013, como medida que anuncian algunas instituciones para mitigar la suspensión de la paga navideña entre los empleados públicos y sus efectos en el consumo, el Ministerio de Hacienda considera que se trata de un ‘fraude de ley’, por lo que será también impugnado ante los tribunales.

http://www.eleconomista.es/interstitial/volver/directm12/noticias/noticias/4437990/11/12/Hacienda-da-un-paso-mas-actuara-contra-los-funcionarios-que-orden-en-pago-y-tambien-contra-el-adelanto-de-la-extra-de-junio.html

Admitido a trámite recurso de inconstitucionalidad por la eliminación de la paga de navidad

El Pleno del Tribunal Constitucional, por providencia de 30 de octubre actual, ha acordado admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad número 5736-2012, promovido por el Parlamento de Navarra, contra el artículo 2 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad.

http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2012-13831

 

 

 

Modificación nota informativa de 5 de septiembre de 2012 sobre aplicación art 2 RDL 20/2012 y de art 22 ley presup.

  1. Bloquear los créditos correspondientes en el importe de las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria ,como de la paga adicional de complemento especifico o pagas equivalentes de dicho mes , lo que puede realizarse por acuerdo de no disponibilidad.
  2. La adopción del acuerdo anterior producirá en la liquidación del presupuesto de 2012,un menor déficit o un mayor superávit al inicialmente previsto en términos del  Sistema Europeo de Cuentas. En el supuesto de superávit, por aplicación del artículo 32 de la Ley Orgánica 2/ 2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, su importe habrá de destinarse a reducir el endeudamiento.
  3. El apartado 4 añade el compromiso de que las cantidades derivadas de la supresión de los citados emolumentos se destinarán en ejercicios futuros a realizar aportaciones a planes de pensiones o contratos de seguro colectivos, en los términos y con el alcance que se determinen en las correspondientes leyes de presupuestos. Por tanto, en el año o años en que estas leyes dispongan su aplicación, habrán de dotarse los créditos en el presupuesto , en los términos y con el alcance que se determine.

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/DGCFEL/Normativa/Modificaci%C3%B3nNota509.pdf

Mesas Generales de Negociación de la AGE

Se ha reanudado el trabajo de las siguientes Mesas de Negociación, con reuniones de las mismas:
– Mesa General de Negociación de la AGE del artículo 34.1 del EBEP, para las materias propias del personal funcionario,
– Mesa General de Negociación del artículo 36.3 para materias comunes a personal funcionario, estatutario y laboral
– Comisión Negociadora del Convenio Único, que afecta a la inmensa mayoría del personal laboral de la Administración General del Estado.

La Administración en cumplimiento del compromiso asumido el pasado 25 de octubre, convocará de inmediato las distintas Comisiones Técnicas, que se reunirán durante los meses de noviembre y diciembre para tratar sobre los distintos aspectos y materias que afectan al personal de la AGE y que son objeto de las diferentes comisiones: formación, acción social, igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y hombres, responsabilidad social, temporalidad y empleo, personal laboral en el exterior.

http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2012/SE%20ADMINTRACIONES%20PUBLICAS/30-10-12%20NP%20Mesa%20General%20Negociaci%C3%B3n.pdf

Los despidos colectivos en entes públicos podrán ser a 20 días si se les rebaja el presupuesto anual un 5%

Los entes, organismos y entidades públicas podrán acogerse al procedimiento de despido colectivo por causas económicas (con indemnizaciones de 20 días por año trabajado) para desprenderse de personal laboral si la Administración Pública de la que forman parte hubiera tenido déficit presupuestario en el ejercicio anterior y si el crédito presupuestario del ente, organismo y entidad afectada se hubiera minorado en un 5% en el ejercicio en curso y en un 7% en los dos ejercicios anteriores.

Noticia completa:

http://www.quantor.net/quantor/despidos-colectivos-publicos-rebaja-presupuesto_0_467625103.html#.UI_Jotb7sfk.twitter

Texto del RD 1483/2012 , de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. BOE de hoy.

http://www.boe.es/boe/dias/2012/10/30/pdfs/BOE-A-2012-13419.pdf

Comentario de Rafael Jimenez Asensio sobre este Real Decreto:

http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=229%3Adespidos-colectivos-en-el-sector-publico-se-abre-la-veda&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=es

El TC admite a trámite el recurso de Euskadi contra la suspensión de los planes de pensiones del funcionariado

Deia

MADRID. El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de  inconstitucionalidad que presentó el Gobierno vasco contra la  decisión del Gobierno central de suspender para 2012 las aportaciones  de las administraciones públicas a los planes de pensiones de empleo  y seguros colectivos de los empleados públicos.
Deia.

Esta medida, la de suspender las aportaciones a los planes de  pensiones de empleo durante este año, formó parte del primer paquete  de actuaciones antidéficit que llevó a cabo el Gobierno de Mariano  Rajoy y que se aprobó el 30 de diciembre de 2011.

http://www.deia.com/2012/10/24/economia/el-tc-admite-a-tramite-el-recurso-de-euskadi-contra-la-suspension-de-los-planes-de-pensiones-del-funcionariado-

¿Qué pasará con la extra de los trabajadores del Gobierno vasco?

Dedicado a mis ex-compañeros de Lakua:

http://www.diariovasco.com/v/20121024/economia/pasara-extra-funcionarios-20121024.html

El Gobierno de López es partidario de pasar la patata caliente al nuevo Ejecutivo, pero «decidirá sobre la marcha» si el tiempo se le echa encima
 
Antes de acceder a la Lehendakaritza, el peneuvista Iñigo Urkullu tiene ya una patata caliente que amenaza con quemarle las manos. Deberá decidir: o la supresión de la paga extra de Navidad de 70.000 trabajadores del Gobierno Vasco, como dispone la normativa básica promulgada por Mariano Rajoy, o su abono, una decisión que le colocaría en una situación jurídicamente delicada. El Gobierno socialista de Patxi López ya dejó claro el pasado septiembre cuál es su posición al respecto: esa medida debe adoptarla el Ejecutivo elegido en las urnas.
 

Empleo ultima un cambio radical de las jubilaciones anticipada y parcial

Los técnicos del Ministerio de Empleo y Seguridad Social ultiman estos días su propuesta para reformar radicalmente las modalidades de jubilación anticipada y parcial. En concreto, barajan endurecer las condiciones de acceso al retiro anticipado y el parcial podría hasta desaparecer. Además, el Gobierno planea desvincular la revalorización de las pensiones del IPC desde 2013.

http://www.cincodias.com/articulo/economia/empleo-ultima-cambio-radical-jubilaciones-anticipada-parcial/20121003cdscdieco_1/

 

Beteta insinua que tendremos pagas en el 2013

El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, dio a entender ayer que los empleados públicos sí tendrán paga extraordinaria de Navidad en 2013 después de verla suprimida este año.
Lo cierto es que esta medida estaba pensada únicamente para 2012 y, a la luz de las palabras de Beteta, parece que el Gobierno va a mantener este compromiso pese a su intención de seguir haciendo recortes para reducir el déficit público.
Beteta, en declaraciones a Telemadrid, señaló que será en los Presupuestos Generales del Estado para 2013 donde se concrete esta cuestión, pero precisó que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, ya apuntó que se trataba de una medida temporal.
«Cuando el presidente del Gobierno dijo que era por un año, sabía muy bien lo que decía. Creo que ya he dicho bastante», apostilló Beteta.

Supresión de la paga extra de Navidad ¿vulnera prohibición de irretroactividad?

Del blog de Acal.

Desde la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se ha venido discutiendo acerca del alcance que debía darse a la previsión de supresión de la paga extraordinaria de diciembre de esta año a los empleados públicos. Y, siguiendo las directrices de los sindicatos, que invocan el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, han comenzado a presentarse en los ayuntamientos multitud de reclamaciones y escritos, solicitando el pago de la parte proporcional de la paga extra de diciembre que se habría devengado.

Dejando al margen valoraciones relativas a la justicia o equidad de la medida, en esta entrada analizamos, desde un punto de vista jurídico, el Real Decreto-ley, para ponerlo en relación con la doctrina constitucional sobre la irretroactividad prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución; y, finalmente, realizamos una valoración sobre si procede acceder a las reclamaciones formuladas.

Texto completo en:

http://www.elblogdeacal.com/2012/09/la-supresion-de-la-paga-extraordinaria-de-diciembre-no-vulnera-la-prohibicion-de-irretroactividad