Educación, defensa y policía. Esos son los campos prioritarios donde el flamante Real Decreto-ley 6/2017, de 31 de marzo (BOE de 1 de Abril de 2017) elimina la barrera de la tasa de reposición para apostar por la plena cobertura de las vacantes generadas. El principio inspirador es “una vacante generada, una plaza convocada”, aunque los problemas….
Resto del post:
El BOE publica la Oferta de Empleo público 2017 y novedosos criterios
Gracias al blog gestores públicos
https://drive.google.com/file/d/0B9AY0RciD4yEOEtKNTJHYU5zdk0/view
Nota del Ministerio:
Los sectores prioritarios recogidos en el acuerdo para los que se prevé una tasa de reposición del 100% son, entre otros: sanidad, educación, administración de justicia, servicios sociales, control y lucha contra el fraude fiscal, laboral, de subvenciones públicas y contra la Seguridad Social, prevención y extinción de incendios, políticas activas de empleo, atención a la ciudadanía en los servicios públicos, prestación directa del servicio de transporte público y seguridad y emergencias.
Esta misma tasa será de aplicación a las sociedades mercantiles públicas y entidades públicas empresariales que gestionen servicios prioritarios para la contratación de nuevo personal.
El resto de sectores tendrá una tasa de reposición del 50 %.
ZARAGOZA, 12 Abr. (EUROPA PRESS) –
El consejero de Servicios Públicos y Personal del consistorio, Alberto Cubero, ha expresado la satisfacción del Gobierno municipal porque “permite generar empleo desde lo público, que redunda en una mejora de la calidad de los servicios municipales y también ayuda a garantizar el acceso a la función pública a todas las personas aspirantes que llevan tiempo dedicando tiempo y esfuerzo en estudiar las oposiciones”.
Cubero ha recordado que “desde los primeros años de la crisis se han perdido del orden de 700 puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Zaragoza, una merma de recursos humanos que se ha tratado de paliar con la buena voluntad de los trabajadores municipales, pero que es necesario resolver cuanto antes”.
El criterio que dicta la sentencia se basa en que el Estatuto Básico del Empleado Público (de 2007) hacía caducar las ofertas de empleo si no eran desarrolladas durante los tres años posteriores a su publicación. Sin embargo, al no ser una norma retroactiva, se considera que no afectaría a la oferta de empleo público del Ayuntamiento de Zaragoza de 2006.
Noticia completa:
Consejo de Ministros de hoy:
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Antropología Social y Cultural.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Arquitecto Técnico.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Ciencias Ambientales.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Criminología.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Derecho.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Educación Social.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Farmacia.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Filosofía.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Física.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Aeronáutico.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Naval y Oceánico.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Naval especialidad en Estructuras Marinas.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico Naval especialidad en Propulsión y Servicios de Buque.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Lingüística.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Diplomado en Logopedia.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Odontología.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Pedagogía.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Psicología.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Psicopedagogía.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Química.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas de Telecomunicación.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Telemática.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sistemas Electrónicos.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero Técnico de Telecomunicación especialidad en Sonido e Imagen.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Ingeniero de Telecomunicación.
ACUERDO por el que se determina el nivel de correspondencia al Nivel del Marco Español de Cualificaciones para la Educación Superior del Título Universitario Oficial de Licenciado en Traducción e Interpretación.
La Academia de Arkaute del Gobierno Vasco seleccionará y formará este año a 80 agentes del orden para crear una bolsa de trabajo de interinos que cubrirán las necesidades temporales de personal que tienen las policías locales. Una docena de ayuntamientos se han comprometido ya a utilizar este recurso y otros ocho han manifestado su interés.
Algunas localidades vascas necesitan en determinados momentos del año aumentar su plantilla de policía local debido a la afluencia de turistas en verano, celebración de fiestas y organización de eventos varios. Sin embargo, estos municipios se encuentran en ocasiones con serias dificultades para disponer de forma rápida de personas debidamente preparadas para ejercer esta función. Para dar respuesta a esta situación el Gobierno vasco va a poner a disposición de los ayuntamientos interesados una bolsa de trabajo integrada por personas debidamente seleccionadas y formadas. La Academia de Policía y Emergencias de Arkaute se encargará de esta labor de selección y formación, y acaba de aprobar la primera convocatoria pública.
El Boletín Oficial del País Vasco publicará mañana martes las bases de esta convocatoria que da de plazo a los interesados para inscribirse hasta el 13 de marzo. La inscripción se realizará a través de la página web de la Academia de Arkaute y toda la información sobre el proceso está disponible en el teléfono gratuito 900840088.
Resto de la noticia: http://www.elcorreo.com/vizcaya/20140224/local/seguridad-convoca-proceso-seleccion-201402241458.html
Del blog http://contencioso.es/
Algo tienen en común los unicornios y la equidad: todos hablan maravillas pero pocos los ven en la realidad. La equidad es la Cenicienta del mundo administrativo donde las formas, trámites y conceptos tejen una red de reglas impenetrable al oxígeno de la justicia del caso concreto.
Sin embargo hace poco el Tribunal Supremo regaló una perla al confirmar una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de un ponente ” de cuyo nombre no puedo olvidarme”. Nada menos que una sentencia que aplica la equidad (esa dama misteriosa que suaviza el rigor de la norma y de su letra) para mantener en sus plazas a los opositores aprobados por ser ajenos a la nulidad del último ejercicio de sus plazas.
Veamos la sentencia con detalle porque merece la pena y alguna reflexión sobre el papel de la Equidad en el Derecho Administrativo.
Post completo: http://contencioso.es/2014/02/07/la-equidad-sale-del-armario-del-tribunal-supremo/
Supuestos que pueden surgir durante un proceso selectivo:
Un primer grupo está vinculado a la situación de embarazo de algunas opositoras. Así, por ejemplo, se puede plantear que la fecha fijada por el TC/OS para la realización de un ejercicio coincida con la fecha probable de parto y la aspirante solicite que, si se llegase a esa coincidencia, se la examine en otro momento posterior. Otra variante del mismo problema: que la aspirante no se haya presentado a la realización del ejercicio y, posteriormente, acredite que la ausencia se ha debido al parto, solicitando poder realizar el ejercicio de que se trate en otra fecha.
Dentro de este primer grupo de circunstancias relacionadas con el estado de gestación, tampoco ha sido insólito que se plantee, no ya la realización del ejercicio en otro momento, sino hacerlo el mismo día que el resto de los opositores pero en otro lugar, dada la imposibilidad acreditada de la aspirante de desplazarse, precisamente por su situación de embarazo. De esta forma puede instarse desde hacer el examen en una dependencia administrativa radicada en el lugar de residencia de la aspirante embarazada hasta hacerlo en el centro hospitalario donde pueda estar ingresada o, incluso, en su propio domicilio.
Otro grupo de casos podemos agruparlos en torno a circunstancias de salud de los opositores. Se trata de los supuestos en que, por razones de enfermedad, accidente o imposibilidad física debidamente acreditados, el aspirante no puede hacer el ejercicio y, bien anticipadamente a la realización de la prueba o bien en un momento posterior a su incomparecencia, solicite poder realizarla en otra fecha.
Puede formar un apartado más de supuestos el relacionado con fallecimientos, accidentes o enfermedades graves de familiares de primer grado en los que sus circunstancias de lugar o tiempo impidan, bien la comparecencia del opositor en el lugar y/o a la hora de realización de la prueba o bien su presencia en el ámbito familiar o de relación donde ha surgido el desgraciado evento.
También puede suceder que las convicciones religiosas del aspirante le impidan la realización del ejercicio el día o a la hora fijada para el resto de los opositores y solicite realizarlo otro día u otra hora (2) .
Finalmente, no es infrecuente que, admitido el candidato en dos procesos selectivos distintos y ante la coincidencia el mismo día de pruebas correspondientes a cada uno de ellos, pretenda que se le realice en otro momento aquel al que ha incomparecido por presentarse al otro.
Primero, comentaros que ha salido un libro, que me pienso comprar: Jorge Fondevila Antolín, La Ley, El Consultor de los Ayuntamientos “ Manual para la Selección de Empleados Públicos”.
Todavía no me lo he comprado, no me echeis la bronca si no os gusta, pero en principio, tiene buena pinta.
Y ahora la noticia para subir el ánimo el lunes a la mañana:
Extraído de la web del INAP http://www.inap.map.es/web/guest/boletin-de-funcion-publica-del-inap
Iniciamos este número 9 del Boletín de Función Pública con algunos trabajos dedicados a la transparencia en la Administración, al hilo de la presentación pública por el Gobierno del proyecto de Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. El profesor Manuel Villoria, reconocido experto en el tema en nuestro país, celebra como un primer paso muy importante la presentación de este proyecto, por más que presente aspectos que pueden ser objeto de discusión. Otras Administraciones Públicas españolas han dado ya pasos importantes en esta dirección; presentamos algunas de esas experiencias para quien esté interesado en profundizar en ellas. Cerramos este bloque sobre la transparencia en la Administración con una reseña de la jornada que, al hilo del Día de Internet, se celebró el pasado día 17 de mayo en el INAP bajo el título “Gobierno abierto”, en la que participaron entre otros Manuel Arenilla Sáez, Director de este Instituto y catedrático de Ciencia Política en la Universidad Rey Juan Carlos, y Guzmán Garmendia Pérez, Director General de Gobierno Abierto y Nuevas Tecnologías del Gobierno de Navarra.
Como en números anteriores, dedicamos un apartado a la evaluación del desempeño. En este caso una entrevista a Jaime Pérez de la Cruz, Subdirector General de Recursos Humanos del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a quien agradecemos que nos haya dedicado parte de su tiempo para responder a nuestras preguntas.
Pilar Antón Crespo y Carmelo Basoredo Ledo, del Servicio de Recursos Humanos de la Dirección de Función Pública del Gobierno Vasco, nos ofrecen otro interesante artículo, dedicado en este caso a la presentación de técnicas que permiten mejorar los procesos de selección de las Administraciones Públicas.
Queremos, por último, felicitar a los responsables de los proyectos de distintas Administraciones españolas que han obtenido este año alguno de los Premios al Servicio Público que otorgan las Naciones Unidas: el Servicio de Vivienda del Gobierno Vasco, la Diputación de Barcelona, el Ayuntamiento de Bilbao, y, en particular, nuestros compañeros de la Dirección General de Modernización Administrativa e Impulso de la Administración Electrónica, que han conseguido el segundo premio en la categoría “Mejorando la prestación de los servicios públicos”, con el proyecto titulado “Acceso electrónico completo de los ciudadanos a los servicios públicos en la Administración del Estado”.
Último articulo del blog contencioso. es interesantísimo como siempre:
La recientísima Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo del 18 de Enero del 2012 ( ROJ: STS 66/2012) (rec. 1073/2009) aprecia el grave defecto consistente en que el Tribunal calificador de las oposiciones al Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias fija la nota de corte y los criterios de valoración del segundo ejercicio, tras su realización, pues este proceder arroja la sombra de duda sobre posible manipulación del resultado de aprobados.
De nuevo, otro maravilloso post del blog de contencioso.es en este caso sobre la discrecionalidad técnico de los tribunales de procesos selectivos:
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 2011 http://contencioso.es/files/2011/12/STSKONTROL.pdf
Tal cuestión debe ser abordada recordando (por todas, sentencia de 13 de julio de 2011 -R.C. nº 4964 / 2007- F.D. 5º-) que los límites susceptibles de control jurisdiccional que la jurisprudencia tradicional declaró respecto de la llamada discrecionalidad técnica fueron estos: los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho; y subrayando también que la más reciente doctrina de esta Sala y Sección, en aras de perfeccionar dicho control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica y definir los espacios donde puede operar con normalidad, ha completado aquellos límites tradicionales mediante la distinción, dentro de las actuaciones de valoración técnica, entre el “núcleo material de la decisión” y sus “aledaños” .
El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos ( los aledaños ) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.
Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.
Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.
La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre , como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SsTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990; de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991 ; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991 ; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990 ).
Y un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico, que se justifica por lo siguiente: como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional (artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación.
La anterior premisa jurisprudencial conduce a la desestimación del primer motivo del recurso de casación pues debemos recordar que la pretensión deducida por el recurrente en el proceso de instancia, e incluso en el actual recurso de casación, se fundamenta en el hecho de considerar, en contra de lo sostenido reiteradamente y de forma motivada por el Tribunal Calificador, que la prima del contrato de seguro de vida por importe de 35 euros/mes debe quedar incluida en la base de cotización (tal como reflejó en el ejercicio que obra en la ampliación del expediente administrativo), aspecto éste que sin lugar a duda alguna representa ese “núcleo material de la decisión” al que hemos hecho referencia, constituyendo el estricto dictamen o juicio de valor técnico que, con independencia del cariz jurídico que en este caso reviste, queda excluido del control de los órganos jurisdiccionales.
Tampoco advertimos que la sentencia impugnada vulnere la jurisprudencia de esta Sala que el recurrente invoca, pues las dos primeras sentencias citadas, además de referirse a exámenes con preguntas tipo test, contemplan, respectivamente, un supuesto en el que el error técnico aparece acreditado por una prueba pericial y otro, en el que el error resulta constatable con simples comprobaciones sensoriales o con criterios de lógica elemental o común; es decir, que no requiere de saberes especializados, circunstancias por tanto completamente diferentes a las del caso que nos ocupa, en el que el presunto error se construye y apoya en las solas argumentaciones del recurrente y cuya determinación requiere de conocimientos jurídicos. Y la tercera aprecia el cumplimiento en el ejercicio de un opositor de los criterios mínimos fijados por el Tribunal Calificador, según lo dispuesto en las bases de la convocatoria, para entrar a corregirlo, devolviéndolo a dicho Tribunal para que procediera a evaluarlo, afectando por lo tanto a los “aledaños” del juicio técnico que, según hemos dicho, sí son susceptibles de revisión judicial.”
La posibilidad de subsanación contemplada en el artículo 71 de la Ley 30/1992, ha sido ampliamente admitida por la Jurisprudencia no solo en lo referente a los defectos de la solicitud inicial , sino a la defectuosa acreditación de los méritos (STS, Sala 3ª, Sección 7ª, de 11 de octubre de 2010, rec. 4236/2009), es decir, ” no se trata de autorizar la presentación de nuevos méritos fuera de plazo, ya que los discutidos constaban todos en el expediente. Por el contrario, se trata, simplemente, de superar la deficiencia meramente formal de un concreto documento justificativo presentado” (STS. Sala 3ª, Sección 7ª, de 20 de mayo de 2011, rec. 3481/2009, y las que en ella se citan), es decir, se trata de completar la justificación de méritos que adolece de algún defecto o está incompleta (STS de 14 de diciembre de 2009, rec. 3661/2006)”.
Para leer todo el articulo, entrad en el enlace del blog contencioso.es.
http://www.cemci.org/revista/revista12/pdf/jurisprudencia.pdf
El CEMCI (Centro de Estudios municipales y de Cooperación Internacional de Granada) publica una recopilación de sentencias en las que incluye las siguientes referidas a función pública del último año:
– Sentencia del TS sobre valoración de puestos, página 19.
– Sentencia de TS sobre anulación de una preguntas mal formulada en procesos selectivos, página 45.
– Sentencia del TS que establece el caracter no retributivo de las primas de seguro de vida o accidentes. Se deben considerar como medidas de caracter asistencial. Página 61
– Sentencia de la AN sobre la bajada de sueldos. Página 155 .
EMPLEADOS PÚBLICOS. C.A. Andalucía. Nulidad de la D.A. 2ª del Decreto Andaluz 103/2011 por el que se aprueban los Estatutos de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales en tanto que dispone la integración directa como empleados públicos del personal del Instituto Andaluz de las Artes y las Letras, obviando que el personal de las Administraciones públicas deberá ser seleccionado mediante convocatoria pública en medios oficiales y basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad. IGUALDAD ANTE LA LEY. Vulneración del derecho fundamental en lo relativo al acceso a las funciones públicas, porque la integración supone que quienes han accedido a la función pública a través del sistema legalmente establecido, ven mermados sus derechos por la entrada de terceros ajenos a la función pública, ocasionando una perturbación ilegítima en el ejercicio al cargo. Afectación a los derechos de acceso, promoción y traslado para la provisión de vacantes de los funcionarios y personal laboral para toda la Administración de la Junta de Andalucía ya sea General o Institucional y no solo en el ámbito de Cultura. SUCESIÓN EMPRESARIAL. Una cosa es la subrogación empresarial de las normas laborales y otra bien distinta la integración que convierte a este personal automáticamente en personal laboral de la Agencia con acceso directo a la Administración Instrumental de la Junta de Andalucía con atribución de potestades y funciones públicas. El precepto impugnado no solo supone una huida del derecho administrativo, sino un desprecio al Estado de Derecho. RECURSO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO. Admisibilidad.
Ejercicio 1. Pruebas físicas. Primera, resistencia aeróbica de 2.750 metros y segunda, un circuito de velocidad, agilidad, fuerza y equilibrio. Ambas se miden en tiempos.
Forma de corrección:
Puntuación mínima: 1 punto. El valor mínimo es común para todas las personas aspirantes, se entiende que es el equivalente al mínimo necesario para el correcto desempeño del puesto, el nivel mínimo aceptable en esa competencia. Se calcula aumentando en un 20% el tiempo medio de todas las personas participantes, independientemente de cualquier otra condición.
La puntuación 5 se calcula diferenciada por sexos. El 5 es el valor medio de cada sexo, el resto es proporcional.
Resultados:
– un 95% de hombres superan la primera prueba frente a un 60% de mujeres.
– Las mujeres que superan el mínimo tiene, a igual marca de tiempo, mejor nota.
Se acusa a este sistema de atentar contra la ley de igualdad, en concreto de “discriminación indirecta”:
La Ley 4/2005, de 18 de febrero , para la Igualdad de Mujeres y Hombres, establece al respecto, en su artículo 3
1. Igualdad de trato.
Se prohíbe toda discriminación basada en el sexo de las personas, tanto directa como indirecta y cualquiera que sea la forma utilizada para ello.
A los efectos de esta Ley:
a. Existirá discriminación directa cuando una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada de manera menos favorable que otra en situación análoga por razón de su sexo o de circunstancias directamente relacionadas con el sexo, como el embarazo o la maternidad. Sin perjuicio de su tipificación como delito, el acoso sexista en el trabajo tiene la consideración de discriminación directa por razón de sexo.
b. Existirá discriminación indirecta cuando un acto jurídico, criterio o práctica aparentemente neutra perjudique a una proporción sustancialmente mayor de miembros de un mismo sexo, salvo que dicho acto jurídico, criterio o práctica resulte adecuada y necesaria y pueda justificarse con criterios objetivos que no estén relacionados con el sexo.
c. No se considerarán constitutivas de discriminación por razón de sexo las medidas que, aunque planteen un tratamiento diferente para las mujeres y los hombres, tienen una justificación objetiva y razonable, entre las que se incluyen aquellas que se fundamentan en la acción positiva para las mujeres, en la necesidad de una protección especial de los sexos por motivos biológicos, o en la promoción de la incorporación de los hombres al trabajo doméstico y de cuidado de las personas.
¿Comentarios?
El señor Aurrekoetxea ha realizado una prueba relativa al conocimiento de euskera en una convocatoria realizada por la Diputación Foral de Gipuzkoa. El Tribunal Calificador de la misma ha estimado que las citadas respuestas eran merecedoras de un suspenso, por lo que ha procedido a reflejarlo de esa manera en el acta del Tribunal y en los resultados definitivos de la convocatoria.
El señor Aurrekoetxea, disconforme, interpone recurso potestativo de reposición el 28 de julio -dentro del mes preceptivo marcado normativamente- contra la decisión del Tribunal, alegando que se encontraba muy nervioso durante la prueba oral, considerando la dilación a la que fue sometido por parte de los examinadores, que no le realizaron la prueba hasta pasadas dos horas desde que entró a completar su examen.
El Tribunal calificador, que consta de seis personas (3 mujeres y 3 hombres, sin suplentes), se reúne para la evaluación de las alegaciones del señor Aurrekoetxea, con el objeto de levantar acta de sus deliberaciones y obtener una conclusión respecto al citado recurso. No obstante, dada la época estival en que se produce la citada reunión del Tribunal (concretamente, el 18 de agosto), dos miembros del mismo se encuentran de vacaciones en Asia, por lo que a la reunión acuden únicamente 4 miembros (3 hombres y una mujer).
El Tribunal considera que existe quórum suficiente para la celebración de la reunión (dado que en las bases de la convocatoria no se especifica la necesidad de quórum específico), y tras analizar los argumentos del señor Aurrekoetxea, ratifica su decisión inicial de suspender al señor Aurrekoetxea, lo cual se notifica a este último de la manera correspondiente.
El señor Aurrekoetxea evalúa ahora la posibilidad de interponer recurso contencioso-administrativo, al estimar que la resolución de Tribunal Calificador no ha sido dictada respetando la paridad, que -él estima- debiera afectar no sólo a la designación de los miembros del Tribunal Calificador, sino también al propio funcionamiento, en todos los actos, del mismo.
Se pide:
– Evaluar el futuro de la pretensión del señor Aurrekoetxea.
Acabo de descubrir otro blog y me ha saltado a la vista este articulo, muy propio de algunas dudas que han saltado tras las elecciones
La constitución el pasado fin de semana de las nuevas corporaciones locales tras las elecciones de mayo es una buena ocasión para plantear qué consecuencias jurídicas se derivan de la suspensión de procesos de selección de personal en curso. Concretamente lo que aquí se va a tratar es la posibilidad de que, por parte de las nuevas Corporaciones, se pueda decidir la suspensión de procesos de selección de personal que se iniciaron en el anterior mandato y que no han llegado a culminar con el nombramiento y toma de posesión del aspirante o los aspirantes seleccionados o, en su caso, con la formalización del contrato laboral correspondiente.
Para abordar esta cuestión es preciso señalar dos lineas entre las cuales ha de discurrir la cuestión a dirimir.
Así, desde la perspectiva de la discrecionalidad política de la acción de gobierno para suspender un proceso en marcha, es preciso tener en cuenta una adecuada motivación. Dicha motivación proviene de la exigencia legal de servir con objetividad a los intereses generales y la eficacia, que deben de orientar la actuación de la administración.
La motivación para suspender no es difícil encontrarla en muchos casos en los que se dan importantes desequilibrios en las operaciones corrientes. En estos casos parece prudente que se reconsidere la viabilidad de incrementos de personal, ya que es posible que después se tengan que reducir efectivos. Particularmente, deben tenerse en cuenta, las restricciones que la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011 impone en cuanto a la incorporación de nuevo personal, ya sea con carácter definitivo –en cuyo caso ha de respetarse la restrictiva tasa de reposición de efectivos contemplada en la referida LPGE-, ya se trate de personal temporal –que, acorde con la misma LPGE, sólo puede acceder a la Administración por circunstancias excepcionales debidamente justificadas-.
Esta situación de restricción legal a la hora de incrementar el empleo público, combinada con los ajustes y medidas de contención del gasto en materia de personal que habrán de afrontar necesariamente las nuevas Corporaciones Locales, determina que resulte razonable sopesar la necesidad de incorporar más personal –salvo, claro está, en el caso de puestos indispensables- cuando la mayor parte de Ayuntamientos y demás Entidades Locales tienen dificultades a la hora de abonar puntualmente la nómina y demás prestaciones establecidas en los Acuerdos de Condiciones de Trabajo de quienes sí tienen ya la condición de empleados públicos, y son por tanto titulares de derechos adquiridos.
Si uno de los objetivos prioritarios al que han de hacer frente las Corporaciones recién constituidas es precisamente adoptar aquellas medidas que permitan aliviar la falta de liquidez que oprime las arcas municipales, puede ser cuanto menos oportuno valorar la conveniencia de asumir nuevas cargas económicas a las que, tal vez, no pueda hacerse frente, antes de que la adquisición de derechos subjetivos conduzca a una situación de difícil reparación. Y en este sentido, como decíamos, la Administración que ha convocado un proceso selectivo goza de la facultad de suspenderlo –al menos de forma transitoria- poniendo de manifiesto una causa justificada y razonada, como podría ser la que se aquí se ha señalado.
En cuanto al segundo de los aspectos señalados a tener en cuenta para la suspensión de un proceso, el jurídico, ha de destacarse que frente a este acuerdo de suspensión, los participantes en el mismo, podrán instar el correspondiente procedimiento judicial para que se declare la existencia de responsabilidad patrimonial de la Administración. Ahora bien, en ese caso, los distintos juzgados y Tribunales vienen rechazando normalmente la existencia de daño indemnizable a favor de los aspirantes, a partir de la consideración de que éstos no son titulares de verdaderos derechos lesionados.
A título de ejemplo, podemos citar la Sentencia núm. 181/2009 de 12 marzo JUR 2009\322469 del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo contencioso-administrativo), que declara en su FJ QUINTO lo siguiente:
“Hasta que se produce el nombramiento y la efectiva toma de posesión en el puesto para el que se nombra al funcionario no se constituye la relación de empleo público correspondiente a partir de la cual se adquieren los derechos subjetivos y objetivos inherentes a la nueva situación, por lo que la demora no puede configurarse como una lesión del derecho a percibir prestaciones que solo corresponderían cuando se hubiese obtenido la condición de funcionaria de carrera tras la superación del proceso selectivo. En consecuencia la lesión efectiva en los bienes o derechos a que se refiere el art. 139 de la LRJAPPAC no puede referirse a derechos todavía no adquiridos, como el salario u otros equivalentes que requieran la plena constitución de la relación de servicio en el nuevo puesto. (…)
La pretendida lesión o daño concreto e individualizado antijurídico que se predica como fundamento de la reclamación, no es tal, por cuanto que el perjuicio cuya indemnización se pretende, se configura como meras expectativas, por cuanto, dado que la condición de funcionario de carrera se adquiere en virtud del cumplimiento sucesivo de la superación del proceso selectivo, nombramiento legitimo y la toma de posesión (artículo 36 de la Ley de Funcionarios Públicos ), hasta que esta no acaece la demandante únicamente ostentaba una expectativa de nombramiento y acceso a la función pública en la categoría que pretende, sin que en momento anterior a esta toma de posesión ostente derecho subjetivo alguno susceptible de ser lesionado por la actuación administrativa.
O la también la reciente Sentencia núm. 78/2010 de 15 abril JUR 2010\242501, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid:
“(…)Al respecto debemos recordar, conforme lo expuesto, que si bien no debe negarse a los participantes en un concurso la titularidad de cualesquiera derechos que puedan resultar lesionados por la tardanza en resolver, tampoco puede negarse que de acuerdo con la doctrina expuesta los participantes en un concurso no tienen sino una expectativa de obtener el cargo o puesto al que aspiran.”
En la confrontación de intereses que aquí se plantea: por un lado, el interés general que representa la Administración; y, de otra parte, la mera expectativa de los aspirantes de un proceso selectivo, ha de prevalecer el primero, de forma que resulta factible que por parte de la Administración convocante se acuerde, de forma razonada, la suspensión de una convocatoria en curso.
Esta decisión municipal podría estar justificada en la conveniencia de que la nueva Corporación no quede condicionada por una actuación precedente que, de continuar adelante, sí daría lugar a derechos subjetivos por parte del aspirante que resultase finalmente nombrado como funcionario de carrera. Y en la exigencia derivada del principio de eficiencia que ha de presidir la actuación de la Administración.
Sentencia TS: Reconocimiento del derecho de una aspirante a ser incluida en el proceso extraordinario de consolidación de empleo.–Correcta apreciación en la instancia de las bases de la convocatoria.–Abono de la tasa para la expedición del título con posterioridad a la expiración del plazo de presentación de solicitudes.–Interpretación de la referencia «estar en condiciones de obtener el título correspondiente».
(en la barra de la izquierda, ver la sentencia nº 31)
