Funcionarios y Laborales. Criterios para su decisión organizativa (Mikel Gorriti)

gorritiEl diseño de un puesto de trabajo es una decisión estratégica que para su calidad, eficacia y no sometimiento a coyunturas organizativas de corto plazo o de seguridad laboral, necesita un argumento técnico sólido, estable y trascendente. La finalidad de este trabajo es argumentar contenidos y criterios organizativos que permitan deslindar entre puestos de funcionarios y laborales; aportar y justificar razones de por qué un puesto es funcionario o laboral; criterios que permitan su comprensión, predicción y estabilidad.

También hacer consciente al legislador de la importancia que para el servicio de las Administraciones Públicas tiene aplicar criterios organizativos en una secuencia determinada y según las condiciones del ejercicio público.

Artículo completo:

https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=3&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=52&t59aContenido=1&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=11

 

Carles Ramió: ¿Una administración invisible o fantasmagorica?

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Del blog de espublico:

La consultora PwC  ha elaborado el informe Administración 2033. La Administración invisible(PwC, 2016) que es uno de los pocos estudios de prospectiva  sobre la Administración pública que se pueden encontrar publicados.  Este trabajo hace un repaso a los principales cambios del presente y del futuro inmediato (un ciudadano más exigente, los cambios demográficos, la competencia por la atracción de inversión entre los distintos territorios, la importancia de la tecnología, el desarrollo urbano y el cambio climático).  Posteriormente dibuja unos esbozos de cómo debe ser la Administración pública del futuro en función de cinco vectores: a) Nuevo contrato con los ciudadanos:  gobernando,  codiseñando y participando; b) Recuperando la legitimidad a través de la transparencia y gobernanza de la Administración; c) Ganando posiciones en la carrera tecnológica; d) Impulsando el desarrollo económico y competitivo: crecimiento inteligente y empleo sostenible; d) transformando la organización y el liderazgo.

Resto del post:

 

¿Una Administración invisible o fantasmagórica?

Régimen jurídico básico de las relaciones de puestos de trabajo y estatuto de los funcionarios locales

Revista de estudios de la administración local y autonómica

Agustín Gil Franco

El Estatuto Básico del Empleado Público, lejos de aclarar el sistema de ordenación de los recursos humanos en las Administraciones públicas, abre la puerta a que puedan generarse diversos modelos de función pública. De igual forma, en el ámbito local la carencia de una regulación sistemática del estatuto de funcionarios propios al servicio de las Administraciones locales hace necesario extraer de las normas estatales su contenido básico que, por otro lado, se ha venido constatado por la propia realidad administrativa de las Corporaciones locales: todas poseen o una RPT o un catálogo de puestos de trabajo y, desde luego, una plantilla. Por otro lado, se aborda, desde un punto vista meramente introductorio, el impacto del concepto y contenido de las relaciones de puestos de trabajo en el estatuto funcionarial local y las consecuencias para la carrera de éstos

Resto del artículo:

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path[]=10245

http://revistasonline.inap.es/index.php?journal=REALA&page=article&op=view&path[]=10245&path[]=10737

Último número Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

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Revista nº 6

ESTUDIOS

INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

ANÁLISIS Y DEBATE JURÍDICO

JURISPRUDENCIA

ENTREVISTA

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Análisis y funcionamiento Institucional en la CAE

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ACUERDO POR EL QUE SE APRUEBA EL INFORME SOBRE ANÁLISIS Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI Y SU REMISIÓN AL PARLAMENTO VASCO.

RESUMEN

EL GOBIERNO APRUEBA Y REMITE AL PARLAMENTO EL “INFORME SOBRE ANÁLISIS Y FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL EN LA CAE”

• El informe analiza tanto las posibles “duplicidades” derivadas de las competencias de cada institución así como las potenciales “ineficiencias” en la gestión sectorial de las administraciones. • El trabajo se ha realizado con recursos propios del Gobierno vasco y lo presentará, a petición propia, el Consejero de Administración Pública, Josu Erkoreka ante la Ponencia creada para analizar este tema. • El Gobierno envió, el 20 de diciembre, el documento a las tres Diputaciones Forales y a EUDEL para incluir sus aportaciones y remitirlas también a la Cámara vasca.

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Informe sobre “Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi”, un documento que estudia las delimitaciones competenciales vigentes de cada una de las instituciones que operan en Euskadi de cara a identificar posibles “duplidades”. Además, aborda las posibles “ineficiencias” derivadas de su gestión sectorial de cada institución.

El documento será remitido a la Cámara vasca junto con una solicitud de comparecencia, a petición propia, del Consejero de Administración Pública y Justicia, Josu Erkoreka, y junto con las alegaciones que aporten las tres Diputaciones Forales y de EUDEL a las que el Gobierno envió el documento el pasado 20 de diciembre de 2013 para poder completar el análisis. Hasta la fecha, el Gobierno ha recibido las aportaciones de la Diputación Foral de Bizkaia y de EUDEL aunque espera recibir el resto próximamente.

PUNTO DE PARTIDA

El “Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi” es un documento de casi trescientos folios, elaborado con recursos propios del Gobierno vasco, que pretende ser un “punto de partida” para que a partir de ahora, los Grupos Parlamentarios “aborden, debatan y concluyan lo que estimen oportuno sobre el futuro institucional del País en la Ponencia creada a tal efecto”.

En este sentido, el Gobierno espera que la Ponencia Parlamentaria, igual que en la anterior legislatura, proponga la comparecencia de todas aquellas personas que considere oportuno de cara a profundizar en este debate político-institucional pendiente en Euskadi.

PRINCIPALES CONCLUSIONES DEL INFORME

En primer lugar, el informe sobre “Análisis y Funcionamiento Institucional en la Comunidad Autónoma de Euskadi” no realiza cuantificación alguna sobre el supuesto coste de las “ineficiencias” o de las “duplicidades”.

En segundo lugar, el estudio no cuestiona “la validez del modelo que configura la arquitectura institucional vasca” y advierte de que ”no se puede deducir que las disfunciones o concurrencias que se dan entre los distintos niveles institucionales sean fruto de deficiencias normativas”, sino que apunta a la “falta de coordinación, colaboración o cooperación” como principal razón para explicar las “duplicidades” que sí identifica dentro la CAE.

En tercer lugar, el informe detecta “serias duplicidades” organizativas con la Administración del Estado, tanto por solapamientos funcionales como por las ineficiencias derivadas de la falta de transferencia de medios y servicios en las competencias reconocidas en el Estatuto pero que el Gobienro español aún no ha traspasado.

Finalmente, en cuanto a las “ineficiencias” el informe realiza un repaso sectorial exhaustivo de la gestión de las diversas administraciones y plantea propuestas de solución en cada uno de los casos que aborda.

PROPUESTAS DEL INFORME

El informe realiza propuestas concretas en lo que respecta, por un lado a la Administración del Estado y, por otro, respecto a las diversas administraciones vascas:

Administración General de Estado: el informe insta a culminar el desarrollo estatutario como principal fórmula para acabar con las duplicidades en esta ámbito. Propone revisar la utilización abusiva y disfuncional por parte del Estado de los títulos competenciales horizontales y adecuar los servicios de la Administración General del Estado en la CAE con criterios de racionalidad organizativa.

Comunidad Autónoma de Euskadi:

Creación del Consejo de Políticas Públicas de Euskadi, a fin de extremar la coordinación inter-institucional como principal medida para evitar esas duplicidades.     • Ampliación de funciones de la Comisión Arbitral, a fin de que pueda analizar los textos finales y no sólo los proyectos y proposiciones de normas.     • Redimensionamiento y restructuración del sector público en cada nivel institucional, proponiendo la realización de estudios sobre los respectivos entramados de entidades vinculadas o dependientes, lo que permitirá un mapa global que facilite vislumbrar solapamientos y afrontar su racionalización.

Informe completo:

https://www.irekia.euskadi.net/assets/attachments/4109/INFORME_SOBRE_ANALISIS_Y_FUNCIONAMIENTO_INSTITUCIONAL_EN_EUSKADI_CAST_04-02-2014.pdf?1391510247

La reforma local: aspectos constitucionales

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Instituto de Derecho Público
 
El proyecto de Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración local plantea diversas cuestiones desde el punto de vista de su adecuación a la Constitución y a los Estatutos de Autonomía. Veamos aquellas que hacen referencia a la distribución de competencias entre el Estado y las CCAA y a la garantía constitucional de la autonomía local.
 
1. La distribución de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas.
La jurisprudencia constitucional hasta la fecha ha señalado que la competencia estatal sobre las bases del régimen local alcanza a todo lo necesario para preservar la autonomía local, con la fijación del mínimo común denominador en cuanto a organización y competencias de los entes locales. La STC 214/1989 establece con claridad que, en lo relativo a la determinación de las competencias municipales, “la ley básica estatal (…) si excede de lo necesario para garantizar la institución de la autonomía local habrá invadido las competencias comunitarias y será, por ello, inconstitucional”. Y en aplicación de este criterio, la STC 61/1997 declaró inconstitucional el precepto de la ley estatal del suelo que atribuía directamente a los municipios competencias de aprobación de planeamiento urbanístico.
Resto del post:

Modernización: caso práctico

 

hombre20pensando

Arantza Leturiondo me ha enviado este documento sobre el proceso de modernización de la administración ambiental vasca.

Resumen del documento:

A lo largo de la novena legislatura del Gobierno Vasco se puso en marcha un nuevo modelo de gestión de la administración ambiental basado en la corresponsabilidad público – privada; la reducción de cargas administrativas; el refuerzo del control posterior y la mejora de la comunicación y la transparencia.

Se tramitaron más de dieciséis normas que perseguían objetivos ambientales y otros objetivos estratégicos; se desarrolló un moderno sistema de información y gestión y se establecieron las entidades de colaboración ambiental.

Estas medidas han sentado las bases para una administración ambiental moderna y eficiente, introduciendo una mayor racionalidad y eficiencia en la intervención administrativa (lo que se traduce en ahorro de costes y mayor productividad) y proporcionando seguridad jurídica a las actividades económicas (lo que redunda en su competitividad) y un mejor servicio al conjunto de la ciudadanía vasca.

Documento completo:

Modernización de la Administración Ambiental Junio 2013 defin (2)

UN SISTEMA DE REFORMA DEL EMPLEO PÚBLICO ALTERNATIVO A LOS RECORTES DE PERSONAL

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De Mikel Gorriti Bontigui.

Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

Este escrito pretende explicar una alternativa conceptual, metodológica y práctica a los recortes de personal que por razones directas o indirectas de la crisis económica se están realizando. El trabajo consta primeramente de una identificación de criterios de éxito desde los que intervenir y las premisas desde las que el escrito parte. Seguidamente se expone el determinismo sistémico de concebir las intervenciones como recortes o como reformas, y las consecuencias que de ello se derivan. Se exponen también las condiciones de información y análisis necesarias para poder reformar y, por último, se repasan las distintas herramientas posibles de una intervención reformadora: la organización, la valoración, la evaluación del desempeño, la selección, la formación, etc., dando ejemplos prácticos allí donde el autor los ha realizado, aportando método y datos de dichas intervenciones. Por último se identifican los puntos palanca de la intervención, los condicionantes que dificultan, y a veces impiden, las actuaciones, así como las asunciones, no siempre deseadas, de los empleados públicos en este tipo de coyunturas.

Texto completo: https://www.euskadi.net/r61-s20001x/es/t59aWar/t59aMostrarFicheroServlet?t59aIdRevista=3&R01HNoPortal=true&t59aTipoEjemplar=R&t59aSeccion=51&t59aContenido=1&t59aCorrelativo=1&t59aVersion=1&t59aNumEjemplar=4

 

Innovación y gestión de personas en el sector público

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Del blog de Rafael Jiménez Asensio

POST-RESUMEN

En este momento en el que la sociedad del conocimiento y la adaptabilidad permanente a los cambios vertiginosos es una absoluta necesidad existencial de cualquier organización, el sector público se muestra –por emplear una expresión de Paco Longo- como “agua estancada”. Todo lo más se echa mano (con fuerte carga retórica) de las grandes “reformas administrativas”, que se configuran esencialmente como un conjunto de medidas contingentes que tienen por finalidad última ahorrar gasto público. Sin embargo, la política de ajuste no es reforma. Lo importante ahora (lo “urgente” si se quiere), en esta compleja etapa que se inauguró con el siglo XXI (realmente a partir de 1989), no es tanto reformar o “modernizar”, expresiones ambas muy gastadas, sino Innovar. Se habla mucho de “modernizar o reformar” las Administraciones Públicas y poco de Innovar.
Pero, ¿qué es la innovación? La práctica totalidad de los autores que se han ocupado de este tema coinciden en que la Innovación es una práctica sistemática. Dicho de una manera más gráfica: la innovación no es una “ocurrencia”. Requiere sobre todo una personalidad emprendedora (o un grupo de emprendedores) que lidere ese proyecto. Y es aquí donde comienzan los problemas en su traslación al sector público. Sin entornos institucionales favorables (políticos y organizativos) emprender se convierte en una tarea hercúlea.
La Innovación no es cosmética. La Innovación no es tampoco un recurso estético. La Innovación es una Política estratégica que se debe caracterizar por su sistematicidad y por su sostenibilidad en el tiempo. La Innovación debería estar en el ADN de las Políticas Públicas, también de las políticas de recursos humanos. Hoy en día no lo está. Nos encontramos muy lejos de esa meta.

Acceso al documento completo: http://www.estudiconsultoria.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335%3Ainnovacion-y-gestion-de-personas-en-el-sector-publico&catid=35%3Ablog&Itemid=73&lang=es

http://www.estudiconsultoria.com/images/stories/INNOVACIN_Y_GESTIN_DE_PERSONAS_EN_EL_SECTOR_PBLICO-2.pdf

 

 

La captación de imágenes de empleados públicos (Informe AEPD)

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La Agencia Española de Protección de Datos ha emitido un informe por el que considera que la captación por particulares de la imagen de los empleados públicos, generalmente a través de teléfonos móviles, y con la finalidad de su difusión por Internet, no puede enmarcarse en una actividad estrictamente personal o doméstica y por tanto entra en juego la Ley Orgánica de Protección de Datos, que prohíbe dicha conducta si no media el consentimiento del afectado según los requisitos del artículo 6 de la LOPD

Un reciente informe jurídico de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) da respuesta a una consulta planteada por un ciudadano en el que, expresamente, cuestionaba si “es conforme a la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, en adelante LOPD, y su normativa de desarrollo la captación por particulares de la imagen de los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal, bien por fotografías, bien por grabación de videos, generalmente a través de teléfonos móviles sin consentimiento de los interesados“.

Aunque la cuestión planteada inicialmente se refiere a los empleados públicos del Servicio Público de Empleo Estatal, nada impide que el dictamen ofrecido por esta Agencia se pueda extenderse a los empleados públicos de otras Administraciones.

Lo relevante de este informe es que la AEPD realiza una interpretación precisa sobre lo que debe entenderse por “ámbito exclusivamente personal o doméstico”; efectivamente, el artículo 2.1.a de la LOPD excluye de su ámbito de aplicación a “los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas“. Por tanto, la pregunta es si un ciudadano (un particular) al captar la imagen de un empleado público se le puede aplicar esta excepción y por tanto la LOPD no entraría en juego, o por el contrario, no se puede aplicar esta excepción y la captación de estas imágenes se encontraría limitada a los supuestos y requisitos que exige la LOPD, entre ellos, el del consentimiento previo del interesado (el que es grabado).

Para analizar esta cuestión la AEPD invoca el artículo 4.a del Real Decreto 1720/2007 que desarrolla la LOPD; este artículo afirma que “sólo se considerarán relacionados con actividades personales o domésticas los tratamientos relativos a las actividades que se inscriben en el marco de la vida privada o familiar de los particulares“.

Resto del artículo e informe: http://www.eprivacidad.es/agencia-espanola-proteccion-datos-difusion-imagenes-empleados-publicos/

 

Más sobre ultraactividades y convenios

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Personal laboral. La inaplicación o modificación de los pactos o acuerdos y convenios colectivos vigentes: alternativas y opciones.

Jesus Cruz Villalon.

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social

Seminari sobre relacions col-lectives

 Federació de Municipis de Catalunya

Acceso al artículo completo: http://cemical.diba.cat/es/publicaciones/ficheros/Cruz_Villalon_modif_cond_trabajo_personal_laboral.pdf

Informe del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa

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Informe del Congreso de Autoridades Locales y Regionales del Consejo de Europa, realizado tras una visita a diferentes órganos y organizaciones españolas, entre el 5 y el 8 de junio del año pasado.

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CG%2824%296&Language=lanEnglish&Ver=original&Site=Congress&BackColorInternet=C3C3C3&BackColorIntranet=CACC9A&BackColorLogged=EFEA9C#P1025_161068

Supresión de la paga extra de Navidad ¿vulnera prohibición de irretroactividad?

Del blog de Acal.

Desde la publicación del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, se ha venido discutiendo acerca del alcance que debía darse a la previsión de supresión de la paga extraordinaria de diciembre de esta año a los empleados públicos. Y, siguiendo las directrices de los sindicatos, que invocan el principio de irretroactividad de las disposiciones restrictivas de derechos, han comenzado a presentarse en los ayuntamientos multitud de reclamaciones y escritos, solicitando el pago de la parte proporcional de la paga extra de diciembre que se habría devengado.

Dejando al margen valoraciones relativas a la justicia o equidad de la medida, en esta entrada analizamos, desde un punto de vista jurídico, el Real Decreto-ley, para ponerlo en relación con la doctrina constitucional sobre la irretroactividad prohibida en el artículo 9.3 de la Constitución; y, finalmente, realizamos una valoración sobre si procede acceder a las reclamaciones formuladas.

Texto completo en:

http://www.elblogdeacal.com/2012/09/la-supresion-de-la-paga-extraordinaria-de-diciembre-no-vulnera-la-prohibicion-de-irretroactividad

¿Constitucionalidad de la regulación de la jornada???

Dictamen del Consell de Garanties Estatutàries de Catalunya sobre la inconstitucionalidad de la regulación de la jornada general de trabajo del personal del sector público

 Conclusión del dictamen:
Única. La disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012, es inconstitucional porque no encuentra amparo en las competencias de los subapartados 7, 13 y 18 del artículo 149.1 de la Constitución y vulnera las competencias de la Generalitat del artículo 136.a del Estatuto de autonomía.
Adoptada por unanimidad.
La disposición adicional objeto de dictamen regula la jornada general de trabajo del personal del sector público (que se define en la propia disposición e incluye los ámbitos estatal, autonómico y local) y establece una duración mínima de treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. En consecuencia, deberán llevarse a cabo las adecuaciones pertinentes de las jornadas de trabajo establecidas, sin que ello comporte incremento alguno de retribuciones. Esta disposición fija su carácter básico al amparo de los subapartados 7, 13 y 18 del artículo 149.1 CE.
Para que una disposición pueda hallar habilitación en el artículo 149.1.13 CE, sobre «bases y coordinación general de la actividad económica», es necesario que sea en sí misma una medida económica, en el sentido de una norma con contenido de regulación económica, y que esta regulación sea relevante para la economía general porque tiene una incidencia directa y significativa en la misma. Por tanto, debe realizarse una aproximación de carácter objetivo y abstracto que preste más atención al supuesto objeto económico de la regulación y no solo a los efectos o a la motivación de la norma, especialmente en tiempos de crisis económica, en los que la obligación de tener en cuenta la perspectiva de ahorro a la hora de regular cualquier materia puede hacer correr el riesgo de calificar como medida económica cualquier regulación con independencia de su naturaleza.
Aunque la disposición dictaminada obedece al objetivo de contención del gasto público en materia de personal y, concretamente, a la finalidad de obtener el ahorro que supone la ampliación de la jornada laboral sin incremento retributivo en el sector público no estatal, el objeto de la regulación no es económico ni esta tampoco comporta un efecto directo de ahorro.
Por un lado, si nos atenemos a su contenido, la disposición dictaminada establece una regulación material y sustantiva de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público sin efectos retributivos y, por lo tanto, se trata de una norma reguladora de las condiciones de trabajo de los empleados públicos en su extensión horaria. Por otro lado, las repercusiones económicas de esta regulación tienen un carácter mediato porque inciden en el ámbito de la necesidad de gasto, pero no en el gasto efectivo (y entre esta última y la primera no existe una correlación lineal, sino que el gasto efectivo se da en función de una multiplicidad de factores de muy variada naturaleza). Por todo lo anterior, la disposición no puede encontrar amparo en el artículo 149.1.13 CE.
El artículo 149.1.18 CE reserva al Estado la competencia sobre las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos. El Tribunal Constitucional ha establecido que la citada competencia se proyecta sobre la llamada relación de servicio de los funcionarios públicos y, en concreto, sobre los elementos esenciales de esta, entre los que se encuentran los derechos y deberes de los funcionarios. Ahora bien, al Estado no le corresponde regular la totalidad del completo haz de derechos y deberes que integran la relación de servicio, ni tampoco la regulación íntegra de todos los elementos de esta relación que se consideran básicos. La jornada de trabajo conforma el marco temporal dentro del cual se desarrolla la tarea de los funcionarios públicos. Por ello, solo la existencia y determinación de la tipología y modalidades de la jornada, que es el marco de referencia del deber de trabajar, forman parte de la configuración esencial del deber básico de prestación de servicio del empleado público, pero no así la cuantificación concreta de la duración de la jornada, ni siquiera con carácter mínimo.
Consiguientemente, la disposición adicional dictaminada no tiene cabida en el artículo 149.1.18 CE.
Con respecto al artículo 149.1.7 CE, que reserva al Estado la competencia exclusiva sobre la  «legislación laboral», es necesario decir que la fijación de la duración de la jornada de trabajo del personal laboral del sector público no es objeto propio de la legislación laboral en el sentido que le atribuye la jurisprudencia constitucional, puesto que no constituye una regulación directa de las relaciones que existen entre el trabajador y el empresario —en este caso, la Administración— para el que trabaja, sino que la propia norma reguladora del estatuto del personal al servicio de la Administración (arts. 47 y 51 EBEP) la concibe como una materia perteneciente a la competencia de la Administración para organizar sus servicios. Por tanto, la disposición adicional dictaminada no encuentra habilitación en el artículo 149.1.7 CE.
Por el contrario, la cuantificación de la jornada de trabajo entra de lleno en el poder de autoorganización que corresponde a cada Administración como instrumento para la mejor organización del cumplimiento de sus funciones, y, por tanto, sobre este ámbito se proyecta la competencia exclusiva de la Generalitat en la delimitación del régimen estatutario del personal de las administraciones públicas catalanas del artículo 136.a del Estatuto de autonomía, que  incluye al personal funcionario y al personal laboral de la Administración de la Generalitat. Por consiguiente, la disposición adicional dictaminada vulnera las competencias de la Generalitat establecidas en este precepto estatutario.
Barcelona, 3 de agosto de 2012
En la misma página hay otro dictamen sobre el RDL 20/2012:

Reforma ley 7/1985 de bases de régimen local: valoración federación catalana de municipios

Las conclusiones son las siguientes:

  • La propuesta de modificación de la LRBRL no es un cambio de 17 artículos de su articulado es un cambio del modelo local tal y como lo hemos venido conociendo en los últimos tiempos.
  • Es un cambio de modelo que choca frontalmente con el modelo local que la Constitución Española garantiza. Así se vulneran principio tales como el de autonomía local, pero también el principio democrático, hecho que puede ocasionar la erosión de valores tan importantes como la cohesión social y territorial y la igualdad de los ciudadanos.
  • Es un cambio de modelo porque sitúa a la provincia (recordemos que es una institución de segundo orden y que no es escogida por los ciudadanos) en un papel mucho más allá del estrictamente complementario o de segundo nivel, que le otorga la Constitución. En muchas partes de la geografía de nuestro país el municipio va a desaparecer de su faceta de prestador de servicios, y va a quedar reducido a una mera instancia representativa política, sin ningún tipo de capacidad decisoria sobre los servicios públicos municipales. Por consiguiente, la desconexión entre el principio democrático y la toma de decisiones que afectan a los servicios prestados a la ciudadanía va ser evidente.
  • Por último, una última reflexión, es cierto que el componente económico de la estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera ha de ser un elemento importante a la hora de reordenar el marco competencial local pero no ha de ser el único, como parece deducirse del proyecto de reforma. Deben valorarse otros criterios y valores, que permitan a todos los ciudadanos de nuestro país disfrutar de los mismos servicios mínimos municipales con independencia de donde vivan. Y en nuestra opinión esta reforma no lo garantiza.

El Informe completo:

http://www.teonetwork.com/docum/FMCLBRL.pdf

 

 

Planta local, recomendable artículo de Rafael Jimenez Asensio

De su web: http://www.estudiconsultoria.com/

El Plan Nacional de Reformas 2012 hecho público recientemente por el Gobierno, tras un diagnóstico del problema, incluye entre sus Objetivos delimitar las competencias de los municipios con el fin de mejorar su eficiencia y financiación, así como promover un proceso de agrupación de municipios.
A tal efecto, el Gobierno está preparando una reforma de la Ley de Bases de Régimen Local que modifique el sistema de asignación de competencias municipales. Las competencias de los municipios serán tasadas, no pudiendo ejercer competencias impropias. La regla es una competencia una Administración.
A través de la delimitación de las competencias municipales se pretende que solo puedan ejercer estas aquellos Ayuntamientos que dispongan de capacidad de gestión acreditada (criterios cuantitativos o cualitativos), por lo que aquellos otros que no la tengan deberán agruparse, fusionarse o sus competencias serán ejercidas por las Diputaciones provinciales u otros gobiernos locales intermedios.
Esta reforma de las competencias municipales es un primer paso para afrontar después una modificación de la Ley de Haciendas Locales, así como –se presume- el impulso de medidas de incentivación y fomento de carácter financiero a esas agrupaciones y fusiones.
Para una ampliación de todas estas cuestiones se puede consultar el Archivo adjunto ( http://www.estudiconsultoria.com/images/stories/documentos/Estudio_Planta_Local_DEF.pdf   ) donde se examinan las diferentes propuestas que se han barajado en este campo, las debilidades del sistema actual de asignación de competencias, las líneas básicas de la propuesta gubernamental de reforma de la planta local y unas breves reflexiones finales sobre las dificultades formales del proceso en un Estado de estructura territorial compuesta.