Ignasi Beltrán de Heredia Ruiz
Resumen: Las medidas comunitarias e internas para combatir el abuso en la contratación temporal no han conformado un sistema unitario sino que han respondido a una lógica estratificada. Esta arquitectura ha permitido al derecho interno operar alejándose de las directrices comunitarias y de sus resortes de contención. Lo que ha desembocando (en conjunción con otras causas) en unas tasas de temporalidad intolerables y convirtiéndose en un fenómeno patológico y crónico. Este estudio lleva a cabo un análisis de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) hasta el importante asunto «Sánchez Ruiz/Fernández Álvarez» y de su profundo impacto en las normas contra la temporalidad abusiva en los nombramientos (sucesivos o no) del pesonal interino del sector público. El recorrido en la evolución de la doctrina comunitaria de los últimos años que se lleva a cabo evidencia el desajuste con el marco normativo interno y su interpretación judicial y la inaplazable necesidad de introducir medidas efectivas que corrijan la grave situación de este colectivo. El estudio también hace una descripción de las principales directrices normativas e interpretativas a seguir a partir de este momento y que deberían contribuir a corregir el carácter absolutamente atípico de la temporalidad en este ámbito.
· Aitziber Lertxundi Lertxundi
Resumen: En este trabajo abordamos, con una aproximación organizativa y exploratoria, la evaluación del impacto de la digitalización en los derechos fundamentales del personal empleado público en España, desde una perspectiva organizativa. Más concretamente, tiene como objetivos, en primer lugar, recabar y analizar la información general sobre la relevancia que la digitalización está teniendo en diversas áreas de la organización, en la prioridad de los distintos elementos que la conforman, en su grado de desarrollo y en las dificultades en su implementación. En segundo lugar, analizar cuál está siendo su impacto en las comunicaciones y en el derecho a la propia imagen, en la protección de los datos personales y en el derecho a la desconexión. En tercer lugar, identificar los nuevos riesgos laborales (físicos y psicosociales) que entraña y, para finalizar, proponer algunas acciones que deberían de llevarse a cabo para preservar los derechos fundamentales en el contexto organizacional.
· Óscar Cortés
Resumen: La inteligencia artificial es ya hoy una de las tecnologías con mayor potencial. El presente estudio tiene por objeto ofrecer una reflexión sobre algunos de los retos para su aplicación en la Administración pública. Por un lado, desde el punto de vista de su capacidad como palanca de cambio en un ecosistema jurídico como el sector público; por otro, desde la necesidad de abordar algunos de los interrogantes que surgen para hacer viable su desarrollo en los sistemas administrativos. Para ello, se analizará cómo los recientes cambios tecnológicos han venido acompañados de modificaciones legales para dotarles de viabilidad en el ámbito público, se mostrarán algunas de las oportunidades e incertidumbres de los algoritmos como tecnologías transformadoras en la Administración, se describirán algunos de los aspectos jurídicos que es necesario abordar para su segura implantación ética y jurídica y se analizarán algunos de los elementos más destacados de un posible procedimiento administrativo automatizado.
· Diego Megino Fernández y Eugenio Lanzadera Arencibia
Resumen: Este estudio tiene como objetivo fundamental ofrecer al lector un análisis jurídico y reflexivo acerca del derecho a «la desconexión digital», figura de reciente recepción legal como contrapeso frente a la flexibilidad extrema de la jornada laboral propiciada por las tecnologías de la información y la comunicación (capaces de acarrear una permanente disponibilidad para la persona trabajadora y, en consecuencia, la degradación de algunas de sus principales garantías). Para ello, en un primer momento la atención se centrará en su configuración, articulación y efectos. A continuación, se realizará un examen específico de la situación en el empleo público autonómico, a fin de verificar, por un lado, el tratamiento otorgado a dicha prerrogativa en ese particular contexto y, por otro, el modo en que ha sido puesta en relación con otras facetas básicas con las que conecta, como el tiempo de prestación de servicios, el salario, la conciliación, el teletrabajo, la seguridad y la salud en el entorno profesional o el régimen disciplinario. De este modo, se pretende facilitar una visión completa y ejemplificativa sobre una cuestión en plena fase de construcción y que, como se concluirá, requiere de una mayor concreción y desarrollo por parte del legislador.
INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS
· Fernando Monar Rubia
Resumen: El papel del sector público ha sido clave para el progreso de las sociedades y lo seguirá siendo en las próximas décadas. Las personas decisoras —miembros de los equipos de gobierno— y las personas directivas públicas —quienes dependen de las primeras, directa o indirectamente, en uno o varios escalones— son catalizadoras del potencial de las políticas públicas. Los retosque tenemos por delante como sociedad —el de la transformacióndigital, por ejemplo— requieren contar con las mejores personas para afrontarlos, desde el liderazgo dual de las Administraciones Públicas. De las unas —decisoras— y de las otras —directivas— esperamos, toda la ciudadanía, capacidades y actitudes similares: que sean ejemplares en su comportamiento público y privado, que tengan visión estratégica, sensibilidad multinivel y hacia la colaboración público privada, orientación a la innovación y la transparencia, y a la rendición de cuentas, y capacidad de crear equipos contando con las mejores personas, fundamentalmente. El artículo hace una introducción a la situación internacional, detalla las competencias que las personas directivas públicas esperamos de las decisoras, y concluye con la competencia que tiene que ver con la capacidad de crear equipos construidos desde la meritocracia y la ecología de la dirección pública profesional —competencias directivas, publicidad…— emulando a los países más avanzados.
· Flavia Tello-Sánchez
Resumen: Distintos marcos normativos han orientado, desde hace más de una década, la necesidad de establecer medidas organizacionales tendentes a remover las barreras que obstaculizan o limitan la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en el ámbito laboral. Sin embargo, no es hasta la promulgación del Real Decreto Legislativo 5/2015 que se establece la obligatoriedad para las Administraciones públicas de desarrollar planes de igualdad para sus trabajadoras y trabajadores. El presente artículo tiene como objeto brindar algunas orientaciones útiles y prácticas sobre el proceso de planificación interna, los mínimos a considerar y la política aplicada, rescatando y compartiendo para ello algunas referencias de planes de igualdad internos aprobados por comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos del Estado, con especial referencia a las Administraciones vascas, así como iniciativas y experiencias de otros países. Con algunas líneas de orientación básicas, este documento pretende ayudar a aquellas Administraciones públicas que tienen por delante este desafío.
ANÁLISIS Y DEBATE JURÍDICO
· Aritz Romeo Ruiz
Resumen: El presente trabajo tiene como objetivo ofrecer un análisis del principio de responsabilidad proactiva en el tratamiento de datos personales por parte de la administración pública, y pretende aportar una visión jurídica para facilitar su aplicación en la práctica. El trabajo está estructurado en cuatro apartados. En el primero de ellos se presenta, en términos generales, el nuevo marco regulador de la protección de datos personales, que es consecuencia del Reglamento (UE) General de Protección de Datos. El segundo apartado está dedicado a la responsabilidad proactiva como principio básico del tratamiento de datos personales por las administraciones públicas. El tercero propone una serie de medidas que las administraciones públicas pueden tener en cuenta para cumplir con el principio de responsabilidad proactiva en la práctica. Finalmente, el apartado cuarto aporta una reflexión sobre la necesidad de introducir cambios organizacionales para asegurar el cumplimiento de los principios del Reglamento General de Protección de datos y del ejercicio de derechos por la ciudadanía, con una especial mención a la figura del delegado o delegada de protección de datos. La principal idea que se concluye es la importancia de que las administraciones públicas diseñen una política de protección de datos que se aplique por defecto, e implique, no sólo a quienes ejercen responsabilidades políticas, sino a todas las personas que trabajan en el sector público.
· Lisa Cetrano
Resumen: El presente trabajo se basa en sentencias recientes dictadas en los Estados miembros de la Unión Europea, según las cuales la actividad de un trabajador en la red, especialmente en las redes sociales, a menudo puede tener un impacto importante en el destino no solo de las relaciones de empleo privado sino también del sector público, determinando la conclusión o incluso impidiendo de entrada el establecimiento de esta relación. El propósito de la investigación es reflexionar sobre las dos cuestiones legales fundamentales involucradas en estos procesos judiciales: primero, los problemas relacionados con el tratamiento de datos del trabajador por parte del empleador y, segundo, la relevancia legal que se puede asignar de manera válida a las conductas fuera de servicio de los empleados en la relación laboral. Estas preguntas de investigación se pueden responder de manera efectiva mediante el uso de una metodología de derecho comparado, incluida una reconstrucción sistemática de la disciplina a nivel europeo, ya que el Reglamento General de Protección de Datos permite al legislador nacional la regulación específica del tratamiento de datos dentro de la relación laboral. A partir del análisis de las iniciativas legislativas, específicamente en Italia y España, es posible delinear algunos aspectos críticos con respecto a qué condiciones legales debe estar sujeto el tratamiento de los datos del trabajador por parte del empleador y qué consecuencias contractuales pueden asignarse a la conducta de un empleado del sector privado. Como puede verse, de acuerdo con las conclusiones y propuestas de este trabajo, los principios rectores establecidos en el artículo 29 del Grupo de trabajo «sobre el tratamiento de datos personales en el contexto laboral» proponen una mayor protección para el empleado, sin dejar de formar parte de la denominada «elaboración de derecho indicativo no vinculante».
JURISPRUDENCIA
· Cesar Gallastegui Aranzabal
JURISPRUDENCIA (Pp. 172-180) (PDF, 224 KB)
Responsables personal Ayuntamientos 