El funcionario fantasma

 

El Ayuntamiento de Cadiz reclama casi 27.000 euros a un empleado del que se sospecha que no fue a trabajar desde 2004 hasta que se jubiló en 2011.

Haga la prueba. Si es usted uno de los afortunados que goza de un puesto de trabajo, intente faltar varios días seguidos, a ver qué pasa. Y si puede hacerse una idea de las consecuencias que podría tener su acción, piense por un momento que esa ausencia injustificada y no notificada a la empresa se alargara no varias semanas o meses, sino durante años. Esa es la rocambolesca historia de un funcionario del Ayuntamiento que se llevó años cobrando su nómina sin personarse siquiera en su puesto de trabajo.

Noticia completa:

http://www.diariodecadiz.es/article/cadiz/2214172/funcionario/fantasma.html

Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo

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Fuente: Tribunal Supremo

La Sala Tercera del Tribunal Supremo ha anulado parte del artículo 35.3 del Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, de 2012, por considerar contrario a lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores la definición que hace de la insuficiencia presupuestaria que determina la existencia de causas económicas justificativas de despido colectivo cuando la empresa es una entidad (pública o privada) de las contempladas en el artículo 3.2 de la Ley de Contratos del Estado (administración del Estado y de las comunidades autónomas, entidades que integran la administración local, entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social, organismos autónomos, universidades públicas, diputaciones forales y juntas generales del País Vasco, y diversas entidades de derecho público).

El Supremo estima parcialmente un recurso contencioso-administrativo de UGT y CC.OO. contra el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada.

El artículo 35.3 del Reglamento introduce dos criterios para determinar si hay insuficiencia presupuestaria: el déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior, y la minoración de créditos en un 5% en el ejercicio corriente o en un 7% en los dos ejercicios anteriores. Para el Supremo, seguramente ambos criterios pueden reflejar situaciones de insuficiencia presupuestaria; es decir, situaciones en que la empresa no dispone de una previsión de ingresos suficiente para hacer frente a los servicios públicos que tiene encomendados.

Ahora bien, recuerda la sentencia, “lo que la norma legal de referencia -esto es, la actual disposición final 20ª del Estatuto de los Trabajadores- configura como causa justificativa del despido colectiva no es la mera insuficiencia presupuestaria, sino la ‘insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente’”.

Para el Supremo, “esta importante adjetivación está literalmente ausente en el art. 35.3 del Reglamento y, sobre todo, este precepto reglamentario no responde a la exigencia legal de que la insuficiencia presupuestaria sea persistente: el simple déficit presupuestario de la Administración Pública de referencia en el ejercicio anterior no implica forzosamente tal persistencia; y en cuanto a la minoración de créditos, aun cuando pueda a veces ser indicio de dicha situación, no conduce ineluctablemente a ella”.

“Más aún –añade la sentencia–,  este criterio reglamentario supone una desviación del criterio legal, consistente en un dato material o sustantivo -como es la imposibilidad de financiar los servicios públicos encomendados- sustituyéndolo por un dato puramente formal”.

La misma sentencia anula también el apartado primero de la disposición final 2ª del Real Decreto 1483/2012, que encomienda la comunicación de las medidas de despido colectivo a la entidad gestora de las prestaciones por desempleo a la empresa, cuando el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de la Seguridad Social establecen que debe hacerlo la autoridad laboral. El Supremo no considera de por sí ilegal atribuir ese deber de comunicación a la empresa, pero sin suprimir el deber de comunicación que las leyes atribuyen a la autoridad laboral. El Supremo no entra a examinar parte del recurso de los sindicatos por haber perdido parcialmente su objeto como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015.

Por otro lado, el Supremo ha dictado otras dos sentencias en las que rechaza los recursos de UGT, CC.OO. y la Confederación Intersindical Galega (CIG) contra el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, por el que se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, órgano necesario para el funcionamiento del llamado descuelgue de los convenios colectivos. El Supremo declara que parte de los recursos han perdido su objeto por sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 2015, y respecto a los reproches de legalidad ordinaria contra el citado Real Decreto, rechaza los argumentos de las centrales de que la Administración no les dio trámite de audiencia antes de aprobar el decreto.

Texto de la sentencia:

http://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-estima-parcialmente-un-recurso-contra-el-Reglamento-de-los-EREs

 

 

Personal eventual y jurisdicción social

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Del blog http://contencioso.es/

 En tiempos de vacas gordas muchas autoridades nombraron libremente a personas de su confianza para puestos de asesoría y confianza, con el carácter eventual. Cuando llegaron las vacas flacas y se extinguió su vínculo con la Administración algunos con gallardía aceptaron las reglas del juego (sabían que eran personal, como los soldurios hispanos o algunos samurais, que entregaban la vida si la perdía su señor). En cambio, otros se resistieron a dejar el cargo y para ello nada mejor que disfrazarse de personal laboral para pedir amparo a la jurisdicción social. Sin embargo, la Jurisdicción Social no consigue ser engañada y en el Auto de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 19 de Diciembre de 2013 (rec.956/2013) se pone coto a esta práctica.

 

 1.El caso es pintoresco. Una persona es nombrada, sin prueba alguna de capacidad o mérito, como personal eventual en el año 2005 con la categoría de Asesora de área para la Defensora del Pueblo en Castilla-La Mancha y percibiendo según la demandante la cifra de 4.576,80 euros mensuales. Suprimidos por Ley tales puestos de trabajo se le comunica el “fin de la relación administrativa”.

Post completo: http://contencioso.es/2014/02/27/el-personal-eventual-es-expulsado-del-paraiso-de-la-jurisdiccion-social/

 

La jurisdicción social hinca el diente a las Relaciones de Puestos de Trabajo

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Del blog: http://contencioso.es/

La Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en tiempos de epidemia de amortizaciones de plazas laborales ( en su mayor parte de ” indefinidos no fijos”) por parte de las Administraciones, decisión que formaliza en las Relaciones de Puestos de Trabajo, ha ratificado dos cuestiones de tremenda importancia, especialmente en la Administración Local, en la recientísima Sentencia de 28 de Octubre de 2013 ( rec.3252/2912) , que confirma la sentencia del Juzgado de lo Social, que declaraba nulo el despido con un doble pilar argumental.

 1. Por un lado, declara que la jurisdicción social puede examinar la validez de una Relación de Puestos de Trabajo, para verificar si la amortización de la plaza es real y legal, pero eso sí, como cuestión prejudicial.

Así declara la sentencia:

“la solución adoptada en este punto por la sentencia recurrida es la jurídicamente correcta, y acorde con la jurisprudencia de esta Sala, sobre el conocimiento prejudicial del orden social de las cuestiones contencioso-administrativas(…) Extremo que ya resolvió esta Sala afirmativamente en su STS/IV 10-julio-2000 (rec.4145/1998, Sala General), — seguida, entre otras, por las SSTS/IV 12-febrero-2001, 2 y 10-abril- 2001y 7-noviembre-2001–, en la que se establecía, esquemáticamente, que es incorrecta la doctrina de la sentencia de contraste al sostener que, para declarar la procedencia del cese, basta con comprobar la veracidad de la amortización de la plaza, refiriéndose con esa expresión a que el órgano judicial social sólo debe cerciorarse de que la amortización ha quedado constatada documentalmente y que para poder valorar con pleno conocimiento de causa si el cese contra el que se acciona se ha producido conforme a derecho o, por el contrario, constituye un despido improcedente, se hace preciso analizar, en la medida necesaria para resolver la cuestión, si se está o no en presencia de una auténtica amortización”.

Post completo: http://contencioso.es/2013/12/19/la-jurisidiccion-social-hinca-el-diente-a-las-relaciones-de-puestos-de-trabajo/

También es altamente interesante el último post en el que TC de Portugal tumba un recorte en las pensiones de los funcionarios públicos: http://contencioso.es/2013/12/20/el-tribunal-constitucional-portugues-tumba-el-recorte-de-pensiones-amparando-la-confianza-legitima/

 

Despido colectivo en la Administración: ojo con los gatillazos

tranquilo

Del blog contencioso.es

Cuando se reglamentó el despido colectivo  para la Administración, mediante el Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, algunas autoridades lo vieron como una oportunidad para aplicar la guadaña a las plantillas.  Bastaba con juntar informes contables que demostrasen la calamitosa situación económica para poder  recortar las plantillas a precio de saldo. Afortunadamente los Tribunales en ocasiones demuestran un encomiable sentido común frente al que colisionan los formalismos y los informes de complacencia.

Así, algunas Administraciones,  como quien recorta el chocolate al loro, con la coartada de los problemas presupuestarios se embarcaron en  un despido colectivo de empleados públicos, pese a mantener  bolsas de incongruente despilfarro.

En suma, si hay que arrojar lastre del presupuesto de gastos que sean el de asesores, gastos de representación, cuchipandas y demás juegos florales que todavía pululan en algunas Administraciones que no se han dado cuenta que corren tiempos de austeridad y transparencia.

 Viene al caso por la ejemplar sentencia dictada por la Sala Social de Galicia de 2 de Mayo de 2013 (rec.10/2013),….

Post completo: http://contencioso.es/2013/06/20/despido-colectivo-en-la-administracion-ojo-con-los-gatillazos/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+contencioso+%28El+Blog+de+Derecho+P%C3%BAblico+de+Sevach%29