Gobierno Vasco acuerda hoy las condiciones laborales de sus trabajadores

http://www.diariovasco.com/v/20120110/economia/funcionarios-vascos-dejaran-cobrar-20120110.html

http://www.elpais.com/articulo/pais/vasco/Gobierno/vasco/penalizara/todo/bajas/cortas/repetitivas/elpepuespvas/20120110elpvas_4/Tes

http://www.finanzas.com/noticias/economia/2012-01-09/631947_dice-esperan-nada-bueno-decreto.html

http://www.noticiasdealava.com/2012/01/10/economia/el-consejo-de-gobierno-aprueba-hoy-los-recortes-a-la-funcion-publica

 

Circular de la FEMP para Ayuntamientos Real Decreto-ley 20/2011

 

Circular de la FEMP para Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y

Consejos Insulares

El Consejo de Ministros celebrado con fecha 30 de diciembre de 2011 aprobó un paquete de medidas urgentes, algunas de especial incidencia para los Ayuntamientos, Diputaciones, Cabildos y Consejos Insulares.

Las medidas más importantes están contenidas en el Real Decreto Ley 20/2011, de 30 de diciembre, publicado en el BOE con fecha 31 de diciembre de 2011.

Acompañamos un resumen de las medidas.

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

(BOE Núm. 315, de 31 de diciembre de 2 011)

Se produce la prórroga general de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 a partir del 1 de enero de 2012, salvo en aquellos créditos correspondiente a actuaciones que terminen en el año 2011 o para obligaciones que se extingan en el mismo año.

Igualmente, y aunque la Ley de Presupuestos Generales del Estado tiene vigencia anual, la prórroga no afectará a aquellas normas de vigencia indefinida que la misma puede incluir; que seguirán estando vigentes.

Por otro lado, el contenido de los créditos prorrogados no se ve afectado por las autorizaciones presupuestarias efectuadas durante el ejercicio de 2011 porque el objeto de la prórroga no es la ejecución del presupuesto de ese ejercicio, sino las autorizaciones iniciales de gasto por ejercicio contenidas en la referida Ley 39/2010, de 22 de diciembre.

Esto mismo cabría decir de las autorizaciones de endeudamiento, por lo que deben entenderse prorrogadas las iniciales establecidas en dicha ley.

Finalmente, el artículo 38.3 de la Ley General Presupuestaria aclara que la estructura orgánica del presupuesto prorrogado se adaptará, sin alteración de la cuantía total, a la organización administrativa en vigor en el ejercicio en que el presupuesto deba ejecutarse.

I. GASTOS DE PERSONAL.

En el Capítulo II, «De los gastos de personal», se mantienen las cuantías de las retribuciones del personal y altos cargos del sector público y se congela la oferta de empleo público, aunque con algunas excepciones.

Además, aunque solo para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo se amplía a un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

I.1. Retribuciones del personal.

En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011, en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo. En consecuencia, a partir del 1 de enero de 2012, no experimentarán ningún incremento las cuantías de las retribuciones y de la masa salarial, en su caso, establecidas en la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011 (artículo 2. Dos).

Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades que integran el sector público tampoco podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación (artículo 2. Dos).

Aunque sólo de aplicación a los altos cargos del sector público Estatal, el artículo 2.Seis establece una reducción de un 10 por ciento de los créditos globales de 2011 destinados al complemento de productividad de este personal.

I.2. Oferta de empleo público .

Como regla general, a lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal (artículo 3.Uno).

 Esta limitación alcanza también a las plazas incursas en los procesos de consolidación de empleo previstos en la disposición transitoria cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, así como a la contratación de personal temporal y al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales (artículo 3.Uno y Dos).

En cuanto a las excepciones a la regla general (sectores y administraciones en los que la tasa de reposición se fija en el 10 por ciento), a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones, entre ellas no se incluye a la Policía Local ni a los Cuerpos de Bomberos, por lo que tales excepciones no son de aplicación en la Administración Local (artículo 3.Cinco).

I.3. Cotizaciones sociales.

En el artículo 13 se procede a la actualización de las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional. Por lo que afecta a las Entidades Locales, hay que destacar las siguientes actualizaciones:

Se incrementan un 1 por ciento las cuantías de las bases de cotización máximas aplicables en los distintos Regímenes de la Seguridad Social, respecto de las vigentes en 2011 (pasan de 3.230,10 € mensuales a 3.262,40).

 –Se fija en el 7,10 por ciento (el 5,92 a cargo de la empresa y el 1,18 al del trabajador) el tipo de cotización adicional en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos (supone un incremento del 4,4% respecto a 2011 que, recordemos el estaba fijado en el 6,80 por ciento -5,67 para la empresa y 1,13 para el trabajador-).

 Los tipos de cotización del régimen general no sufren variación respecto a los establecidos para 2011 en el artículo 132 de la Ley 39/2010.

 I.4. Jornada de trabajo.

En el artículo 4 se reordena el tiempo de trabajo de los empleados del sector público estatal, de forma que a partir del 1 de enero de 2012 la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos. Esta media semanal se entenderá sin perjuicio de las jornadas especiales existentes o que, en su caso, se establezcan, que experimentaránlas adaptaciones necesarias para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

Con esta medida se extiende a todos los empleados del sector público estatal la jornada de trabajo que la Resolución de 20 de diciembre 2005, de la Secretaría General Administración Pública, (BOE 27 diciembre 2005, núm. 309) establecía para el personal civil al servicio de la Administración General del Estado, con un cambio sustancial: la citada Resolución establecía las 37 horas y 30 minutos semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual como duración máxima de la jornada, mientras que ahora el Real Decreto-Ley la establece como duración mínima del promedio semanal de la jornada.

Aunque el Real Decreto-Ley circunscribe la aplicación de esta reordenación de la jornada al sector público estatal, tiene también su incidencia, aunque limitada, en el sector público local. En efecto, en virtud del artículo 94 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración Local será en cómputo anual la misma que la fijada para los funcionarios de la Administración Civil del Estado.

Teniendo en cuenta que el citado artículo 94 se refiere exclusivamente a los funcionarios locales y que la equivalencia de su jornada con la de los del Estado se hace en cómputo anual, a partir del 1 de enero de 2012 la jornada de trabajo de los funcionarios públicos locales no podrá ser inferior a mi l seiscientas cuarenta y siete horas anuales (según el apartado Segundo.1 de la Resolución de 20 de diciembre 2005 este es el número de horas anuales equivalente a las 37 horas y 30 minutos semanales).

II. PENSIONES Y AYUDAS PÚBLICAS.

En el Capítulo III, « De las pensiones y ayudas públicas», se establece para 2012 un incremento general de las pensiones de un uno por ciento y la actualización conforme al IPC (2,9 %) de la percibidas en 2011.

II.1. Incrementode las pensiones.

Según el artículo 5, este incremento del 1 por 100 se aplicará a las cuantías de:

los límites de percepción de pensiones públicas,

los ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para mínimos,

 –las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo,

 – los haberes reguladores aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de las pensiones especiales de guerra (artículo 5.1).

 – las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado,

 – las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, las pensiones no contributivas y el extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes,

 – las prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho o más años y con un grado de minusvalía igual o superior al 65 por 100 y del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

 La cuantía de las pensiones y prestaciones citadas en los dos últimos apartados, sobre la que ha de aplicarse el incremento indicado, será la  resultante de incrementar la vigente a 31 de diciembre de 2010 en el porcentaje del 2,9 por ciento,correspondiente al IPC real del periodo de noviembre de 2010 a noviembre de 2011.

 Las excepciones a la aplicación del incremento del 1 por 100 se enumeran en el artículo 5.4 y son las siguientes pensiones:

 – las que su importe mensual exceda del límite mensual de percepción de las pensiones públicas.

 – las de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985,

 –las del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando entren en concurrencia con otras pensiones públicas,

 – las de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2011, hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.

 – las de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social referidas en el artículo 45.Tres de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2010.

 II.2. Mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones.

El artículo 6 establece una paga compensatoria equivalente a la diferencia entre la pensión percibida en 2011 y la que hubiere correspondido de haber aplicado a las cuantías mínimas de dichas pensiones el incremento del 2,9 por ciento, correspondiente al IPC real en el período de noviembre de 2010 a noviembre de 2011. Tendrán derecho a dicha paga los perceptores de:

complementos por mínimos de las pensiones del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas,

 – pensiones no contributivas de la Seguridad Social y del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) no concurrentes,

de prestaciones de la Seguridad Social por hijo a cargo con 18 o más años de edad y un grado de discapacidad igual o superior al 65 por 100,  y

 – del subsidio de movilidad y compensación para gastos de transporte.

III. HACIENDAS LOCALES.

Con el objetivo de garantizar que la situación financiera de las Corporaciones Locales no ponga en peligro la consecución del principal objetivo en materia presupuestaria, que es la reducción del déficit público del Reino de España con arreglo a la senda prevista en el Programa de Estabilidad 2011-2014, en el Capítulo IV, «Normas tributarias», se establece con carácter transitorio y excepcional para 2012 y 2013 un incremento del tipo impositivo del IBI para los inmuebles urbanos.

Por lo que se refiere a la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado, el Real Decreto-Ley se limita a prorrogar la regulación contenida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, actualizándose exclusivamente las referencias temporales relativas a la población a considerar, esfuerzo fiscal e inverso de la capacidad recaudatoria.

Finalmente, se mantienen para el año 2012 las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales establecidas, para 2011, en el Real Decreto-Ley 8/2010, en los términos establecidos en la Ley 39/2010, de22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2011, aunque actualizando las referencias temporales de las magnitudes y de las liquidaciones presupuestarias a que tales restricciones están referidas.

III.1 Impuesto sobre Bienes Inmuebles.

El artículo 8 establece la aplicación transitoria y excepcional durante los ejercicios 2012 y 2013 para los inmuebles urbanos de un incremento del tipo impositivo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles que hubiesen aprobado los Ayuntamientos conforme a lo dispuesto en el artículo 72 del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Dicho incremento varía en función del año de entrada en vigor de la correspondiente ponencia total de valores del municipio y se aplicará de la siguiente forma (aunque en ningún caso podrá dar como resultado un tipo superior al 1,10 por 100, que es el máximo establecido en dicho artículo 72):

El 10 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento en 2012 y al 0,6 por 100 en 2013 (hasta 2011 ha estado fijado en el 0,4 por 100).

 – El 6 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada entre 2002 y 2004, no pudiendo resultar el tipo de gravamen mínimo y supletorio inferior al 0,5 por ciento.

 – El 4 por 100 en los municipios con ponencia de valores total aprobada entre 2008 y 2011.

 No obstante, estos incrementos únicamente se aplicarán:

 – A los inmuebles de uso no residencial, en todo caso, incluidos los inmuebles gravados con tipos diferenciados a que se refiere el artículo 72.4 del citado Texto Refundido

 – A la totalidad de los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada con anterioridad al año 2002.

 – A los inmuebles de uso residencial a los que les resulte de aplicación una ponencia de valores total aprobada en el año 2002 o en un año posterior, y que pertenezcan a la mitad con mayor valor catastral del conjunto de los inmuebles del municipio que tengan dicho uso.

  Por otro lado, se exceptúa de la aplicación de estos incrementos:

 – en municipios cuyas ponencias de valores hayan sido aprobadas entre los años 2005 y 2007 (esto en atención a los elevados precios de mercado de estos años).

 – en municipios en los que se apruebe una ponencia de valores total en el año 2012.

 Finalmente, reseñar que en el supuesto de que el tipo aprobado por un municipio para 2012 o 2013 fuese inferior al vigente en 2011, en el año en que esto ocurra los citados porcentajes de incremento se aplicarán sobre el tipo vigente en 2011.

 

III.2. Participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado.

Se actualizan para 2012 exclusivamente las referencias temporales del artículo 107. Dos.a de los componentes de la participación de las Entidades Locales en los tributos del Estado regulados en las Secciones 2ª a 6ª, del Capítulo I, de Título VII de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2011, considerando a esos efectos la población del Padrón Municipal vigente y oficialmente aprobado por el Gobierno a 1 de enero del año 2012 y los datos del esfuerzo fiscal y del inverso de la capacidad recaudatoria de la última liquidación definitiva practicada.

Por lo que se refiere a la información a suministrar por parte de las Corporaciones Locales para determinar el esfuerzo fiscal para la liquidación definitiva de la participación de los Ayuntamientos en los tributos del Estado correspondiente a 2012, será la relativa a las certificaciones referidas al año 2010 y se deberán remitir a los órganos competentes del Ministerio de Hacienda antes del 30 de junio del año 2012, en la forma en la que éstos determinen.

Por otra parte, la revisión cuatrienal del conjunto de municipios que participan en los tributos del Estado por el sistema de cesión de un porcentaje de la recaudación del IRPF, IVA e Impuestos Especiales (artículo 114 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales), se remite a lo que establezca la futura Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2012.

III.3. Operaciones de endeudamiento.

La disposición adicional decimocuarta prorroga para 2012 las restricciones a la concertación de operaciones de endeudamiento por parte de las Entidades locales que, para 2011, introdujo el artículo 14.Dos del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit público, con la redefinición que de las mismas hizo la disposición final decimoquinta de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de

Presupuestos Generales del Estado para el año 2011. Criterios de prudencia aconsejan mantener esta medida para el año 2012.

Únicamente se actualizan las referencias temporales de las magnitudes y de las liquidaciones presupuestarias mencionadas en aquel precepto, y que encuentran su origen en el Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.

Así, para la determinación del ahorro neto y de los ingresos corrientes a efectos de calcular el nivel de endeudamiento, se tendrá en cuenta la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011 y, en su caso, las cifras deducidas de los estados contables consolidados, con sujeción a aquella norma y a la de estabilidad presupuestaria. Y, a efectos del cálculo del capital vivo, se considerarán todas las operaciones vigentes a 31 de diciembre de 2011, incluido el riesgo deducido de avales e incrementado, en su caso, en los saldos de operaciones formalizadas no dispuestos y en el importe de la operación proyectada o proyectadas en 2012.

De acuerdo con lo anterior, en el ejercicio económico 2012, las entidades locales y sus entidades clasificadas en el sector Administraciones Públicas que liquiden el ejercicio 2011, con ahorro neto positivo, podrán concertar nuevas operaciones de crédito a largo plazo para la financiación de inversiones, cuando el volumen total del capital vivo no exceda del 75 por 100 de los ingresos corrientes liquidados o devengados, según las cifras deducidas de los estados contables consolidados.

III.4. Pago de deudas de Instituciones Sanitarias de las EE. LL. con la Seguridad Social.

Se amplía hasta los 18 años el plazo de pago de deudas contraídas con la Seguridad Social por instituciones sanitarias cuya titularidad ostenten las Administraciones Públicas o instituciones sin ánimo de lucro.

La disposición adicional trigésima de la 41/1994, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, concedió a las instituciones sanitarias de titularidad de las Administraciones Públicas o de instituciones sin ánimo de lucro una moratoria de diez años sin interés y con 3 años más de carencia, para el pago de las de las deudas que dichas instituciones hubieran contraído con la Seguridad Social con anterioridad al 1 de enero de 1995.

La disposición adicional primera del Real Decreto-Ley que comentamos permite que las instituciones sanitarias que se hubiesen acogido a dicha moratoria soliciten a la Tesorería General de la Seguridad Social la ampliación de la moratoria concedida hasta un máximo de 10 años y de la carencia concedida a 18 años.

IV. URBANISMO.

La disposición final novena modifica el apartado 2 de la disposición transitoria tercera del texto refundido de la Ley del Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, con la finalidad de ampliar hasta cinco años, a contar desde la entrada en vigor de la Ley 8/2007, de 28 de mayo, de Suelo, el plazo transitorio para que las valoraciones de los terrenos que formen parte del suelo urbanizable incluido en ámbitos delimitados para los que el planeamiento haya establecido las condiciones para su desarrollo, se efectúen conforme a las reglas establecidas en la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen de Suelo y Valoraciones, tal y como quedaron redactadas por la Ley 10/2003, de 20 de mayo. El plazo transitorio inicial fue ampliado hasta el 31 de diciembre de 2011 por el Real Decreto Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, por lo que está cerca de extinguirse.

V. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA.

El Gobierno ha adoptado el acuerdo de autorizar al IMSERSO la ejecución de 52 expedientes del programa de Teleasistencia Domiciliaria a personas mayores durante el ejercicio 2012, mediante la aprobación de una partida de 30 millones de euros destinados a tal fin. Esta medida permitirá a las Entidades Locales adheridas al convenio marco de colaboración con el IMSERSO seguir prestando el servicio de asistencia a los colectivos de personas mayores y personas con discapacidad.

El Programa de Teleasistencia Domiciliaria (TAD), del que se benefician casi 250.000 usuarios, es una iniciativa de ámbito estatal, que se puso en marcha en 1993, tras la firma de un convenio marco de colaboración suscrito por la FEMP y el IMSERSO. Este programa está implantado en 13 Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla. En estos momentos están vigentes 50 convenios específicos con 238 Entidades Locales, entre Ayuntamientos, Diputaciones, Consejos Insulares, Cabildos y Mancomunidades.

Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial. (BOE Núm. 315, de 31 de diciembre de 2011)

El Gobierno ha acordado la prórroga de un año, hasta el 31 de diciembre de 2012, para que los Ayuntamientos suscriban contratos de suministro en el mercado libre. La FEMP había solicitado esta medida, dados los problemas que, en el caso de los consistorios, se estaban produciendo en la aplicación del Real Decreto 485/2009 que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso.

La Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen especial, contiene una Disposición Transitoria Segunda que dice textualmente lo siguiente:

“1. Los consumidores conectados en alta y baja tensión que a 31 de diciembre de 2011 estén siendo suministrados por un comercializador de último recurso y el 1 de enero de 2012 carezcan de un contrato de suministro en el mercado libre, siempre que no estén incluidos en la excepción establecida en el artículo 3.3 del Real Decreto 485/2009, de 3 de abril, podrán seguir siendo suministrados por dicho comercializador de último recurso hasta el 31 de diciembre del 2012 .

El precio que deberán pagar estos clientes por la electricidad consumida al comercializador de último recurso durante este periodo será el correspondiente a la aplicación de la facturación de la tarifa de último recurso, TUR, sin aplicación de la modalidad de discriminación horaria, incrementado sus términos un 20 por ciento”.

2. Si el 1 de enero de 2013 los consumidores a los que se refiere el apartado anterior no han procedido a contratar su suministro en el mercado libre, se considerará rescindido el contrato entre el consumidor y el comercializador de último recurso siendo de aplicación a estos efectos lo establecido en el artículo 86.2 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministros y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.

”(…) Finalmente, trasladamos las siguientes consideraciones:

Entrada en vigor:

La disposición final vigésimo tercera establece la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 20/2011, el 1 de enero de 2012. Por tanto todas la medidas que afectan a las EE. LL. son de aplicación inmediata (la subida de tipos del IBI se verá reflejada ya en los recibos de 2012).

Necesidad de acuerdos municipales para la aplicación de estas medidas:

Por ser medidas establecidas por una norma de rango legal, las normas locales (ordenanzas fiscales y presupuestos de las EE. LL.) deberían adaptarse a aquéllas. Aunque no es imprescindible, sería conveniente que las EE. LL. adaptasen sus normas al Real Decreto ya que si no lo hacen éstas habrán de entenderse derogadas por ser contrarias a una norma de rango superior, siendo de aplicación directa esta norma de rango superior, es decir, el Real Decreto-Ley 20/2011.

Normas locales que pueden resultar afectadas son:

– Los presupuestos municipales, en lo referente al Capítulo de Gastos de Personal (Cap. I del estado de gastos) en tanto se haya previsto o no incrementos de las retribuciones de los empleados públicos.

– La ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, en el artículo donde se establezcan los tipos impositivos.

En prensa (y había muchos más…)

La Comunidad Valenciana deja ahora de pagar a la Seguridad Social El Ejecutivo de Fabra debe cubrir 4.100 millones de euros de deuda este año

http://politica.elpais.com/politica/2012/01/04/actualidad/1325714091_405705.html

 El Ayuntamiento de Turre debe 180.000 euros a la Seguridad Social http://www.noticiasdealmeria.com/noticia/63503/PROVINCIA/ayuntamiento-turre-debe-180000-euros-seguridad-social.html

 200 trabajadores de la Solana exigen el pago de sus nóminas http://www.abc.es/20111229/ciudad-real/abcp-trabajadores-solana-exigen-pago-20111229.html

 Calp despide a 71 trabajadores http://www.lasprovincias.es/v/20120105/marina/2011-dificil-para-calp-20120105.html

 Linesur, a punto de quedarse sin servicios mínimos por falta de gasoil http://www.lavozdigital.es/jerez/v/20120104/jerez/linesur-punto-quedarse-servicios-20120104.html

 Los trabajadores de Badalona rechazan el retraso en los pagos http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1041903

 Trabajadores municipales del Ayuntamiento de Barbate, a los que se les adeudan cuatro nóminas y media de salario http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/1149180/los/trabajadores/municipales/plantean/una/huelga/basura/la/proxima/semana.html

 Galdar y La Aldea no tienen para pagar la extra de navidad http://www.canarias7.es/articulo.cfm?id=243152

 

La recuperación de la gestión de un servicio municipal por parte un Ayuntamiento implica asimismo la asunción del personal vinculado

 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucia de Sevilla, Sala de lo Social, Sentencia 15 de septiembre de 2011, rec 173/2011

Ponente: Pérez-Beneyto Abad, José Joaquín.

Nº de Sentencia: 2301/2011

Nº de Recurso: 173/2011

Jurisdicción: SOCIAL

SUCESIÓN DE EMPRESAS. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS. Reversión o rescate de competencia municipal por parte de la Administración Local tras la disolución de la Mancomunidad de la que formaba parte, que determina no solo la recuperación de la gestión sino también del personal vinculado a la prestación de dicho servicio en el Ayuntamiento. La empresa que ha asumido la gestión de la competencia municipal en virtud de contrato con el Ayuntamiento debe asumir y hacerse cargo del personal vinculado al servicio mientras tanto. Por otro lado, la no integración del Ayuntamiento en otra Mancomunidad de Servicios de la Provincia determina que la empresa contratada a estos efectos no tenga la obligación de subrogar a los trabajadores. VOTO PARTICULAR.

http://laleydigitalespecializadas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LPvfLWzs7N/7/7evU/v/cLLvG6KavnZ3s7u7s7D3fv4oDi/flpN31yv8s/Os7LJf+Eia9u8/ux5NqnqrNQ/f6/8+rMvjt+cvjo7/n8AhB13hFYAAAA=WKE

 

Noticias sobre el recorte, efectos en Euskadi

 

http://www.diariovasco.com/v/20120103/economia/aumento-jornada-afectara-funcionarios-20120103.html

 El incremento del horario laboral de los funcionarios a 37,5 horas semanales aprobado por el Gobierno de Rajoy no afectará a los cerca de 62.000 trabajadores públicos que dependen del Gobierno Vasco. Así lo entienden fuentes consultadas del Ejecutivo autónomo, que aseguran que la regulación de la jornada laboral es una competencia propia. Menos claras estarían el resto de medidas de ajuste del nuevo gobierno del PP, cuya incidencia sobre el funcionariado vasco estaría siendo estudiando por el gabinete de Patxi López. Entre ellas, fuentes consultadas ya advierten que la congelación de la tasa de reposición de los trabajadores podría «afectar» a Euskadi.
De momento, el Ejecutivo de López valora a contrarreloj las medidas de ajuste aprobadas por el Consejo de Ministros la semana pasada. El tiempo está tasado. Lakua deberá tener una respuesta para el próximo día 10, cuando aprobará en Consejo de Gobierno sus propias medidas de ajuste sobre el funcionariado vasco.
Mientas se estudian las incertidumbres, donde ya nadie alberga dudas es en la decisión de congelar un año más el sueldo de los funcionarios. Convertida ya en una receta habitual -en 2010 los trabajadores del sector tuvieron un recorte del 5% y en 2011 se congelaron-, Lakua ya advirtió hace meses que la decisión de Madrid hipotecaría la suya. Confirmada la decisión de Rajoy de mantener la congelación del sueldo de los funcionarios, los cerca de 62.000 trabajadores públicos del Gobierno Vasco tampoco verán este año variaciones en sus nóminas.
Más dudas podrán existir sobre el incremento de la jornada laboral propuesto por Madrid. De momento, el Gobierno Vasco cree que sus funcionarios mantendrán su jornada laboral de 35 horas frente a las 37,5 planteadas por el Ejecutivo de Rajoy. «El aumento no les afectará. Es una capacidad de autogobierno», señalaban ayer a este periódico fuentes de Lakua.
Pero no todos están a salvo. Diversas fuentes expresan sus dudas sobre el blindaje que los funcionarios municipales podrían tener al incremento de la jornada a 37,5 horas. Las mismas fuentes recuerdan que el ámbito municipal tiene cierta dependencia del Ministerio de Administraciones Públicas, por lo que la medida les podría afectar.
«Contra el empleo»
Por si acaso, UGT-Euskadi ya subrayó ayer que aumentar la jornada laboral semanal a los funcionarios vascos sería una medida que iría «contra el empleo». El sindicato señaló que habrá que ver si finalmente los gobiernos autónomos hacen «seguidismo» de la medida del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pero lamentó que los funcionarios tengan que «pagar la crisis de todo el Estado». A su juicio, esa medida supondría «muchísimo menos empleo». «Si volvemos a retroceder, de las 35 horas que era un logro histórico, se va a las 37 horas y media, significaría que se va a contratar muchísimo menos y se va a mermar la calidad», añadió.
Muchas más dudas suscita la decisión del Gobierno central de congelar la tasa de reposición de las plantillas. Dicho en otras palabras, de no renovarlas. En ese caso, el Gobierno Vasco no lo tiene tan claro y cree que la medida podría afectar a sus funcionarios. Eso sí, descarta en principio que el ajuste afecte a la principal oposición pública que ha convocado para este año: 2.600 plazas para Osakidetza.
El Ejecutivo de López deberá estudiar también antes del próximo día 10 las consecuencias de prohibir hacer aportaciones a los fondos de pensiones de los empleados públicos, como ha incluido en su paquete de ajustes el Gobierno central. Euskadi cuenta con dos EPSV de funcionarios: Itzarri (Gobierno Vasco) y Elkarkidetza (diputaciones y ayuntamientos, entre otros).

Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.

Y esto no es una inocentada es el RDL de verdad. Os pongo enlace al BOE: http://www.boe.es/boe/dias/2011/12/31/pdfs/BOE-A-2011-20638.pdf

 En el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2011

Durante el ejercicio 2012, las Administraciones, entidades y sociedades a que se refiere el apartado Uno de este artículo, no podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos que incluyan la cobertura de la contingencia de jubilación.

A lo largo del ejercicio 2012 no se procederá a la incorporación de nuevo personal, salvo la que pueda derivarse de la ejecución de procesos selectivos correspondientes a Ofertas de Empleo Público de ejercicios anteriores

Durante el año 2012 no se procederá a la contratación de personal temporal, ni al nombramiento de personal estatutario temporal o de funcionarios interinos salvo en casos excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables que se restringirán a los sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

A partir del 1 de enero de 2012, y para el conjunto del sector público estatal, la jornada ordinaria de trabajo tendrá un promedio semanal no inferior a las 37 horas y 30 minutos.

http://contencioso.es/2011/12/31/como-afecta-realmente-el-real-decreto-ley-202011-al-empleo-publico/#more-332827

Y en el articulo 13 incrementa las cuantías de las bases máximas de cotización un 1%.

Resumen:

http://online.lexnova.es/servicesLXOL/visordoc?signatura=929A18447FFA012020613D69B27D09E88E3FE6B187F618CD572CC722613758DC

http://pdfs.wke.es/2/1/9/9/pd0000072199.pdf

 

El Gobierno congela el salario de los funcionarios en 2012 y amplía la jornada laboral a 37,5 horas

Expansión:

http://www.expansion.com/2011/12/30/funcion-publica/1325239932.html?a=6179b1ea7c64aafdd1bdc973e119278f&t=1325338504

El Gobierno confirma que en 2012 seguirán congelados los salarios de los funcionarios. La tasa de reposición, que hasta ahora era del 10% para todo el funcionariado, se mantendrá sólo en Sanidad, Educación, inspección de Hacienda y laboral y en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Además, amplía la jornada laboral a 37,5 horas.

EL Ejecutivo de Rajoy ha confirmado que congela los sueldos públicos durante 2012 y mantiene la tasa de reposición al 10% salvo en ciertos casos, tal como ya se había adelantado tras una reunión en la sede del Ministerio de Administraciones Públicas para abordar la posible congelación de los salarios de los funcionarios en 2012 y el estado de la oferta pública de empleo (OEP). Pero además, según ha anunciado la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, la jornada laboral se ampliará a 37,5 horas para todos los funcionarios.

La convocatoria de la Mesa de Función Pública estaba firmada por la todavía directora general de la Función Pública, Cristina Pérez-Prat, nombrada por el anterior equipo de Gobierno, aunque finalmente ha acudido a la cita Antonio Beteta como secretario de Estado de Administraciones Públicas.

En la reunión han estado presentes los sindicatos mayoritarios para la función pública en España (CC.OO., UGT y CSI-F), la Confederación Intersindical Gallega y ELA, que forman parte de la mesa porque superan el 10% de representación en sus respectivas comunidades autónomas: Galicia y País Vasco.

Se daba por hecho que hoy se iba a plantear a los representantes de los funcionarios la congelación del salario de los funcionarios en la prórroga del Presupuesto de 2011 que aprueba hoy y que aplazase otras decisiones que conciernen a las condiciones de los trabajadores públicos hasta la elaboración del Presupuesto de 2012 durante el primer trimestre del año. Pero finalmente, el Gobierno ha decidido ampliar la jornada laboral dos horas y media más a la semana tal como ya estaban haciendo algunas comunidades autonómicas, como Madrid y Cataluña.

Como ya adelantó Rajoy en su discurso de investidura, el Ejecutivo también ha confirmado a los sindicatos que la tasa de reposición en el sector público será de cero, salvo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios básicos -entre los que se incluye la Sanidad y la Educación-, en las que se situará en el 10%, es decir, que en sólo en estos casos se cubrirá una de cada diez plazas que queden vacantes.

El Gobierno también ha informado a los presentes en la Mesa de Función Pública que se ha incluido la lucha contra el fraude fiscal como servicio básico, por lo que los colectivos de inspectores de Hacienda e inspectores de Trabajo también contarán con una tasa de reposición del 10% que no se superará «en ningún caso».

Hasta ahora, la tasa de reposición de efectivos era del 10% para todas las plazas públicas (antes ya se había reducido al 30%). La decisión de convocar oposiciones para sólo una plaza de cada diez se tomó siendo Consuelo Rumí secretaria de Estado para la Función Pública, como parte de las medidas de ahorro estipuladas para los PGE de 2011 enmarcada en el Plan de Austeridad para las Administraciones Públicas 2010-2012. Dicho plan también incluía la reducción de una media del 5% de los salarios de los empleados públicos en 2010 y la congelación de los sueldos en 2011, que ahora se prorroga un año más.

La tasa de reposición del 10% se elevó después al 30% para los cuerpos de funcionarios docentes y municipios con menos de 20.000 habitantes vía enmiendas a los PGE, según pactó el PSOE con IU e ICV. No obstante, el texto de la propuesta conjunta precisaba escrupulosamente que ambas excepciones se harían «respetando en todo caso las disponibilidades presupuestarias correspondientes a la partida de gastos».

Los sindicatos temen que no sean las última medidas
El Gobierno no ha desvelado en la reunión si tiene la intención de rebajar el sueldo de los funcionarios cuando presente los nuevos Presupuestos para 2012 en marzo; aunque entre los representantes sindicales hay «desilusión» tras conocer su congelación y «temor» porque «creen que no es la última medida».

Ayer, uno de los sindicatos integrantes en la Mesa, Comisiones Obreras, aseguraba en un comunicado «no entender» para qué había convocado el Gobierno la Mesa general de las Administraciones Públicas, ya que las medidas que les piensa exponer a los sindicatos iban a ser aprobadas previamente en el Consejo de Ministros.

CCOO emplazaba en una nota al Ejecutivo de Mariano Rajoy a que de manera «urgente» abra un «verdadero» proceso de diálogo social con los sindicatos, en el que se negociara la previsible congelación (…), así como la tasa de reposición «cero» en la oferta pública de empleo para el año que viene, salvo en los servicios básicos.

El sindicato dirigido por Ignacio Fernández Toxo recuerda que el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) establece que las materias que afecten a los funcionarios deben ser negociadas con ellos antes de aprobarse. Lamenta la política continuista de Rodríguez Zapatero de «hacer recaer los sacrificios» sobre los funcionarios y recuerda que los empleados públicos acumulan en los últimos años una pérdida de poder adquisitivo de más de diez puntos.

Protección de datos personales de los trabajadores OIT

En primer lugar, pedir perdón si alguno se ha enfadado por la inocentada del día 28. Cuando yo la recibí, los 2 primeros minutos lo pasé mal, pero después el interventor y yo nos reimos bastante por el asunto. Nuestra conclusión fue la siguiente: «ya nos creemos cualquier cosa», conclusión pesimista donde las haya.

Pedido el perdón por nuestro «temible» RDL, os voy a poner un enlace del repertorio de recomendaciones prácticas en protección de datos personales de los trabajadores de la OIT. Os vendrá bien para asuntos como el control de emails, uso de internet, prácticas inadecuadas en la solicitud de datos en procesos selectivos…

http://www.avpd.euskadi.net/s04-5249/es/contenidos/informacion/documentos_otros/es_docum/adjuntos/OIT_recomendaciones.pdf

Jai Zoriontsuak eta Urte Berri On!

 
 
Eskerrik asko denoi, bereziki harpidedunei, Facebook eta Twitterreko jarraitzaileei.
Eskerrik asko eta muxu handi bat blogean komentarioak idatzi dituztenei.
Eskerrik asko, muxu handi bat eta besarkada bat Gipuzkoa, Bizkaia eta Arabako udaletako pertsonal arduradun guztiei. Eutsi goiari.
Egunak beti argitzen du.

6000 visitas al blog

 
 
Unas frases para las vacaciones de Navidad (para los afortunados que las tengais, más bien):
 
Hay algo que da esplendor a cuanto existe, y es la ilusión de encontrar algo a la vuelta de la esquina. (Chesterton)
Lo importante es no dejar de hacerse preguntas. (Einstein)
A los elefantes les cuesta mucho adaptarse, las cucarachas sobreviven a todo.(Drucker)
En las tinieblas la imaginación trabaja más activamente que en plena luz. (Kant)
Es duro caer, pero es peor no haber intentado nunca subir. (Roosevelt)
A veces la vida te va a pegar en la cabeza con un ladrillo. Pero no pierdas la fe. (Steve Jobs)
El secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad.(Hemingway)
La creatividad requiere tener el valor de desprenderse de las certezas. (Fromm)
Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de los tiempos. (Dante)
Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad, un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad.(Churchill)
No basta tener buen ingenio; lo principal es aplicarlo bien (Descartes)
 
Y por último:
 
Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. (Woody Allen)
 

Buenas noticias (¡era broma!!!)

http://www.expansion.com/2011/12/19/funcion-publica/1324297143.html?a=MOVd34291ad4f43aa37bcf759ee8feb09ca&t=1324404472

Expansión:

El futuro presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anuncia que la reforma del sector público será una de las primeras medidas del nuevo Gobierno: no se repondrán las plazas de funcionarios vacantes, con lo que se congela la Oferta Pública de Empleo, excepto en las fuerzas de seguridad de Estado y servicios públicos básicos.

http://www.expansion.com/2011/12/20/funcion-publica/1324372457.html

Expansión:

Los trabajadores del sector público han crecido un 10,4% entre el último trimestre de 2007 y el segundo trimestre de 2011, mientras que los asalariados en el sector privado han caído un 13,5% en el mismo periodo.

http://www.expansion.com/2011/12/15/funcion-publica/1323953792.html

Expansión:

El Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la patronal, también pide «una reducción del número de efectivos de la Administración Pública española». Argumenta que a los empleados públicos les resultaría “fácil” encontrar otro trabajo con su nivel de formación

http://www.expansion.com/2011/12/20/economia/1324398879.html

Expansión:

Portugal anunció hoy que en 2012 reducirá aún más, a la mitad de lo previsto, la indemnización por despido, que pasará de 20 días por año trabajado a entre 8 y 12 días para «equipararla» a la media europea y sanear la economía del país.

Discrecionalidad técnica en las oposiciones

http://contencioso.es/2011/12/18/discrecionalidad-tecnica-en-las-oposiciones-un-virus-resistente-frente-a-las-vacunas/#more-77166

De nuevo, otro maravilloso post del blog de contencioso.es en este caso sobre la discrecionalidad técnico de los tribunales de procesos selectivos:

Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo de 28 de Noviembre de 2011 http://contencioso.es/files/2011/12/STSKONTROL.pdf

Tal cuestión debe ser abordada recordando (por todas, sentencia de 13 de julio de 2011 -R.C. nº 4964 / 2007- F.D. 5º-) que los límites susceptibles de control jurisdiccional que la jurisprudencia tradicional declaró respecto de la llamada discrecionalidad técnica fueron estos: los elementos reglados, los hechos determinantes y los principios generales del derecho; y subrayando también que la más reciente doctrina de esta Sala y Sección, en aras de perfeccionar dicho control jurisdiccional de la discrecionalidad técnica y definir los espacios donde puede operar con normalidad, ha completado aquellos límites tradicionales mediante la distinción, dentro de las actuaciones de valoración técnica, entre el “núcleo material de la decisión” y sus “aledaños” .

El primero estaría representado por el estricto dictamen o juicio de valor técnico, y los segundos ( los aledaños ) comprenderían, de un lado, las actividades preparatorias o instrumentales que rodean a ese estricto juicio técnico para hacerlo posible y, de otro, las pautas jurídicas que también son exigibles a dichas actividades.

Esas actividades preparatorias o instrumentales serían las encaminadas a delimitar la materia que vaya a ser objeto de ese juicio técnico, a fijar los criterios de calificación que vayan a ser utilizados y a aplicar individualizadamente dichos criterios a cada uno de los elementos materiales que constituyan el objeto de la valoración; esto es, serían los pasos que resultan necesarios para llegar a la estimación cualitativa finalmente contenida en el estricto juicio técnico.

Y esas pautas jurídicas estarían encarnadas por el derecho a la igualdad de condiciones que asiste a todos los aspirantes, por la necesidad de que el criterio de calificación responda a los principios de mérito y capacidad y por el obligado cumplimiento también del mandato constitucional de interdicción de la arbitrariedad.

La anterior distinción está presente en la STC 215/1991, de 14 de noviembre , como también en numerosas sentencias de esta Sala (entre otras, en las SsTS de 28 de enero de 1992, recurso 172671990; de 11 de diciembre de 1995 recurso 13272/1991 ; 15 de enero de 1996, recurso 7895/1991 ; y 1 de julio de 1996, recurso 7904/1990 ).

Y un punto más en esa línea evolutiva de la jurisprudencia lo representa la necesidad de motivar el juicio técnico, que se justifica por lo siguiente: como ya se ha puesto de manifiesto, uno de los aledaños de ese juicio técnico está representado por la obligación de cumplir el mandato constitucional (artículo 9.3 CE) de la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y, en el criterio de este Tribunal Supremo, ese cumplimiento conlleva la necesidad de motivar el juicio cuando así sea solicitado por algún aspirante o cuando sea objeto de impugnación.

La anterior premisa jurisprudencial conduce a la desestimación del primer motivo del recurso de casación pues debemos recordar que la pretensión deducida por el recurrente en el proceso de instancia, e incluso en el actual recurso de casación, se fundamenta en el hecho de considerar, en contra de lo sostenido reiteradamente y de forma motivada por el Tribunal Calificador, que la prima del contrato de seguro de vida por importe de 35 euros/mes debe quedar incluida en la base de cotización (tal como reflejó en el ejercicio que obra en la ampliación del expediente administrativo), aspecto éste que sin lugar a duda alguna representa ese “núcleo material de la decisión” al que hemos hecho referencia, constituyendo el estricto dictamen o juicio de valor técnico que, con independencia del cariz jurídico que en este caso reviste, queda excluido del control de los órganos jurisdiccionales.

Tampoco advertimos que la sentencia impugnada vulnere la jurisprudencia de esta Sala que el recurrente invoca, pues las dos primeras sentencias citadas, además de referirse a exámenes con preguntas tipo test, contemplan, respectivamente, un supuesto en el que el error técnico aparece acreditado por una prueba pericial y otro, en el que el error resulta constatable con simples comprobaciones sensoriales o con criterios de lógica elemental o común; es decir, que no requiere de saberes especializados, circunstancias por tanto completamente diferentes a las del caso que nos ocupa, en el que el presunto error se construye y apoya en las solas argumentaciones del recurrente y cuya determinación requiere de conocimientos jurídicos. Y la tercera aprecia el cumplimiento en el ejercicio de un opositor de los criterios mínimos fijados por el Tribunal Calificador, según lo dispuesto en las bases de la convocatoria, para entrar a corregirlo, devolviéndolo a dicho Tribunal para que procediera a evaluarlo, afectando por lo tanto a los “aledaños” del juicio técnico que, según hemos dicho, sí son susceptibles de revisión judicial.”

Reflexionando (yo sola conmigo misma)

«Hay que replantearse todo». Creo que frases como esta no las hemos escuchado muchas veces en la administración pública. Hemos escuchado más veces esta otra: «siempre se ha hecho así». Creo que los que estamos en puesto de gestión pública sabemos de qué nos hablan cuando citan el ciclo PDCA, ¿no?. Para los que no les suene, un resumen:

PDCA  Plan, Do, Check, Act (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar).

  • Plan
    • Identificar el proceso.
    • Recopilar datos para profundizar en el conocimiento del proceso
    • Análisis e interpretación de los datos
    • Establecer los objetivos.
    • Detallar las especificaciones de los resultados esperados
    • Definir los procesos necesarios para conseguir estos objetivos, verificando las especificaciones
  • DO
    • Ejecutar los procesos definidos en el paso anterior
    • Documentar las acciones realizadas
  • CHECK
    • Pasado un periodo de tiempo previsto de antemano, volver a recopilar datos de control y a analizarlos, comparándolos con los objetivos y especificaciones iniciales, para evaluar si se ha producido la mejora esperada
    • Documentar las conclusiones
  • ACT
    • Modificar los procesos según las conclusiones del paso anterior para alcanzar los objetivos con las especificaciones iniciales, si fuese necesario
    • Aplicar nuevas mejoras, si se han detectado en el paso anterior
    • Documentar el proceso.

Sinceramente creo que en la administración pública nos hemos dedicado más al DO (bien o mal, no todo lo hacemos mal como parece que ahora cree todo el mundo), pero ahora tenemos que esforzarnos mucho más en la P, pero también en la C y sobre todo, en la A y acabar con inercias operativas o inercias mentales, que creo que también existen. Estamos ante un cambio de época, un cambio de cultura administrativa. Ya las cosas no pasan en Grecia, en Portugal o en algún lugar perdido de Cadiz donde tienen el 60% del presupuesto en capítulo I. Ahora ya los recortes vienen al Gobierno Vasco, 40 minutos por la autopista. Cuando pongo articulos sobre recortes siempre lo etiqueto en el blog como «eutsi goiari», porque ante todo creo que la gran mayoría de los trabajadores de la administración son buenos trabajadores, pero vienen malos tiempos. Ante esto yo solo puedo pensar en un concepto que no está muy moda, pero creo que es fundamental: COMPROMISO. Compromiso con nuestro trabajo, con nuestro pueblo y tener en cuenta que somos parte de un todo, grande y pequeña, pero parte y todos podemos dejar nuestro granito de arena para mejorar, avanzar y sobre todo para dar lo mejor de nosotros.

¡Ah!! Se me olvidaba, por favor, desterrar el concepto «politicamente correcto» de nuestro vocabulario. Si alguien me dice que no, que me explique por favor en qué lugar del PDCA lo metemos o porque a veces ese concepto es tan antagónico con la lógica y el sentido común. Y otra cosa, no todo es blanco y negro, ¡por favor!!! existe muchos grises, pero sobre todo, también existe el rojo pasión, el azul opera y el verde musgo.

Esta reflexiones las hago de forma particular, es decir, Iratxe Pikaza es la única responsable de todo lo que ha puesto aqui.

El ajuste del sector público deja en el aire 700.000 contratos eventuales

http://www.cincodias.com/articulo/economia/ajuste-sector-publico-deja-aire-700000-contratos-eventuales/20111216cdscdieco_1/

R. Pascual – Madrid – 16/12/2011 – 07:00

Hace no muchos años, un empleo en la Administración era para toda la vida. Ya no. De hecho, un importante colectivo formado por 790.00 trabajadores del sector público tiene un contrato eventual, según los datos oficiales de la encuesta de población activa (EPA) correspondientes al tercer trimestre del año. De ellos cerca de cien mil han perdido sus puestos de trabajo desde septiembre, según los registros de la Seguridad Social, fundamentalmente en las actividades sanitarias y educativas.

El resto (2,4 millones de empleados) tiene un contrato indefinido y en gran parte de los casos son personal laboral y funcionarios con difíciles condiciones de extinción de contrato, por no decir casi imposibles. Esos sí son aún empleos para toda la vida. De ahí que el grupo de trabajadores temporales del sector público son en estos momentos el colectivo más vulnerable de cara a los ajustes de empleo que preparan en ayuntamientos, consejerías, hospitales, colegios, ministerios y empresas públicas de toda España.

Los analistas calculan que para cumplir con el objetivo de déficit de 2012 (4,4%) se necesitará un ahorro presupuestario de unos 30.000 millones de euros. Ante esto solo hay una evidencia: hay que recortar gastos. Y, entre todas las partidas que podrá ajustar, el próximo presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, fue claro dos días antes de ganar las elecciones y dijo: «Yo tengo un compromiso con los pensionistas pero no con los empleados públicos».

Respondía así a una pregunta sobre si pensaba congelar o volver a bajar el sueldo de los empleados públicos a los que se les aplica un recorte salarial del 5% de media desde mayo de 2010.

Así, de producirse este ajuste, se desconoce su magnitud, pero lo más seguro es que se recurra a dos medidas fundamentalmente: por un lado, la no renovación de contratos temporales a su término -lo que tiene una indemnización de nueve días por año trabajado a partir del 1 de enero de 2012- y a la eliminación total de la tasa de reposición (amortizar los puestos que se queden libres por jubilaciones), según distintos técnicos entendidos en la materia.

Atendiendo al mapa de la contratación en el sector público, el colectivo de temporales más numeroso lo forman los interinos (267.700), seguido por aquellos que tienen un contrato por obra y servicio (194.900). Estos últimos no tenían un límite de duración pero desde la reforma laboral de 2010 pueden durar un máximo de tres años. Así, todos estos contratos terminarán en los dos próximos años.

Pero si lo que se analiza es la duración de todos los contratos temporales para saber en cuáles se podría centrar el ajuste, se observa que uno de cada tres tiene menos de seis meses de duración, con lo que estos serían los más susceptibles de recortar por tener una indemnización menor.

En cualquier caso, el mayor indicio de que los gobernantes a cargo de todas las Administraciones optarán por recortar personal es que estos ajustes ya han comenzado de manera más intensa en los últimos meses. Así, el sindicato Comisiones Obreras alerta de que la última EPA aún reflejaba un incremento interanual del 1,4% en la ocupación del sector público, si bien muy inferior al del trimestre anterior, cuando crecía a un fuerte ritmo del 4,3%. Pero los indicadores de afiliación de octubre y noviembre indican que solo en Sanidad -donde el 54% del empleo es público- y en la rúbrica de Administración Pública y Seguridad Social se han destruido más de 100.000 empleos.

Mujer, treintañera y con contrato de seis meses

Los empleados públicos con contrato temporal tienen un perfil ligeramente distinto a aquellos que tienen una relación indefinida. El prototipo de los primeros es una mujer (hay casi medio millón de empleadas frente a 300.000 varones en esta circunstancia); con una edad comprendida entre los 30 y los 39 años (uno de cada tres está en esta franja); con un contrato de duración inferior a los seis meses y que trabaja en una administración territorial. En cuanto a los empleados públicos con una contrato indefinido, ya sean o no funcionarios de carrera, también son en su mayoría mujeres y pertenecen a una administración autonómica o local pero se tienen un perfil de edad más avanzado: más de la mitad tienen más de cuarenta años y 200.000 están próximos a la edad de jubilación o incluso la superan. La presencia de eventuales es más llamativa en el caso de algunos ayuntamientos, por ejemplo, de Extremadura donde la tasa de temporalidad supera el 50%, según datos barajados por fuentes sindicales.

La Administración pública estatal a la que ya solo pertenecen uno de cada cinco empleados públicos es la más blindada frente a los ajustes de personal es la Administración que se presenta más blindada a los despidos ya que, según el Registro Central de Personal, el 76% de sus trabajadores son funcionarios de carrera, por lo que los ajustes en estas plantías solo podrían hacerse no reponiendo las bajas.

La cifra

100.000 son los empleos públicos perdidos en los sectores de la Sanidad y la Administración Pública entre septiembre y noviembre por los ajustes de personal.

Lumbalgia(?¿?¿) y acoso laboral

DESPIDO DISCIPLINARIO. TRANSGRESIÓN DE LA BUENA FE CONTRACTUAL. REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONTRARIAS AL TRATAMIENTO MÉDICO. IMPROCEDENTE. La conducción de un vehículo, transportar una botella de cinco litros medio llena y manejar un cortacésped no repercute negativamente en la situación de baja al haber superado la fase aguda de la lumbalgia en la que precisaba reposo absoluto. http://laleydigitalespecializadas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LPvfLWzs7O/+/DTvb0Hv/Ayr5uiWn62t7O7u3N/5yE+KM6vn1bTN9er/LPzrGzyX7jI2javP3ueTao6K/XP3yu//uyL4zenr86O/x9uIcbvVgAAAA==WKE

EXTINCIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO POR VOLUNTAD UNILATERAL DEL TRABAJADOR. Falta de pago de la retribución. Procede la extinción por ser evidentes los incumplimientos salariales, con retrasos reiterados. La transcendencia del retraso ha de medirse con un criterio temporal, incumplimiento continuado y persistente, no aislado u ocasional, y cuantitativo, según el montante de lo adeudado, siendo indiferente que venga determinado por una mala situación económica de la empresa. ACOSO LABORAL. Ninguna prueba aporta la trabajadora sobre su concurrencia. Ciertamente se produjo un despido nulo cuando se encontraba embarazada, pero tal cuestión quedó ya resuelta con el pleito tramitado en el Juzgado. Lo que sí es cierto es que la judicialización de las relaciones entre cualquier empresa y el trabajador introduce una lógica tensión entre ambas partes, acentuada en el caso por el hecho de que se negase la trabajadora a hacer las funciones antes realizadas. La actitud reivindicativa de la trabajadora dista de ser la de una persona bajo la presión de un acoso laboral.

http://laleydigitalespecializadas.laley.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAO29B2AcSZYlJi9tynt/SvVK1+B0oQiAYBMk2JBAEOzBiM3mkuwdaUcjKasqgcplVmVdZhZAzO2dvPfee++999577733ujudTif33/8/XGZkAWz2zkrayZ4hgKrIHz9+fB8/IorZ7LPvfLWzs7N/79OdhwcPf+FlXjdFtfxsb2d3d+fh3g4+KM6vn1bTN9er/LPzrGzyX7jI2javP3ueTao6K/XP3yu//uyL4zenr86O/x/rM97iVgAAAA==WKE

La Generalitat retrasa la paga de Navidad a sus empleados por falta de liquidez

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2011/12/15/catalunya/1323950086_323067.html

El Pais

La Generalitat aplazará los pagos a sus proveedores y abonará con retraso hasta el 20% de la paga de Navidad a sus empleados públicos para hacer frente a la grave crisis de tesorería que atraviesa la Generalitat por el impago de 759 millones de euros que el Ejecutivo central le debía haber transferido antes de finales de año y que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que no ingresaría. “Tendremos que adoptar medidas de excepción”, ha asegurado el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien también ha explicado que esta mañana su departamento ha presentado un requerimiento al ministerio de Economía y Hacienda previo a la demanda que presentará dentro de un mes si el Gobierno central no transfiere esa cantidad. Además, trasladará a las “autoridades europeas” la negativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a abonar esa cantidad. “Haremos todo lo posible para que tengan que avergonzarse. No ganarán prestigio”, ha asegurado muy enojado.

Los trabajadores públicos, según Mas-Colell, cobrarán su retribución mensual el próximo día 21 de diciembre, mientras que la paga extra no se entregará hasta el día 28 (habitualmente las dos pagas se cobran a la vez). Sin embargo, el consejero no puede garantizar ahora que los empleados de la Administración catalana cobren más del 80% de esa paga. El 20% restante, que equivale a una cantidad de entre 100 y 200 millones de euros, quedaría aplazado al año que viene, cuando se normalice la situación de la tesorería catalana.

Pero la mayor parte del ahorro vendrá del aplazamiento del pago a proveedores. “Pondremos en marcha un proceso afinado que se aproxime a un estudio caso a caso para dilatar los pagos hasta que la situación lo permita”, ha detallado. Mas-Colell ha afirmado que la Generalitat ahora tiene los mercados cerrados para la deuda catalana, por lo que no puede obtener ingresos por esa vía. En cambio, se ha quejado de que el Gobierno central sí puede hacerlo a pesar de pagar una prima elevada por sus operaciones.

Los 759 millones de euros que reclama la Generalitat corresponden a la liquidación de las inversiones pendientes de 2008 correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatuto, que prevé que la inversión en infraestructuras tenga el mismo peso que la economía catalana en el conjunto de España, del 18,5% del PIB. Si no se invierte todas estas cantidades, el protocolo de actuación fija habrá que abonarlas en una transferencia. “La comisión bilateral del día 19 aceptó esa cifra de 759 millones de euros y se ha ido confirmando a lo largo del año por parte del Ejecutivo central”, ha recordado Mas-Colell.

Ese dinero debe ir destinado a infraestructuras. Según fuentes del Ejecutivo catalán, el día antes de esa comisión, el 18 de julio, la Generalitat remitió una lista con todas las obras públicas que estaban en marcha y que sumaban esa cantidad. Mas-Colell ha denunciado este mediodía que los ministerios de Fomento y Economía siempre han mantenido una «actitud obstruccionista» a lo largo del año. A su juicio, si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha abonado esa cantidad ha sido para ganar una décima de déficit en detrimento de las cuatro que pierde la Generalitat al dejar de ingresar esos 759 millones de euros. “La motivación no es otra que una voluntad de traspasar déficit de la Administración General del Estado a la Generalitat”, ha agregado.

La Generalitat este año no ha podido cumplir sus objetivos de endeudamiento. De hecho, ha admitido Mas-Colell, todavía le quedan permisos para pedir a los mercados unos 1.000 millones de euros. Sin embargo, el consejero ve inviable esa posibilidad, puesto que considera que los mercados de deuda están cerrados a cal y canto para las comunidades autónomas. «En circunstancias normales podríamos pedir un crédito punto, pero ahora no es posible», ha afirmado. En cambio, ha sostenido que el Gobierno central sí puede recurrir a los mercados financieros para emitir deuda soberana, aunque para ello deba pagar unos intereses más elevados. La última emisión de bonos del Ejecutivo catalán, de 4.000 millones, tuvo un coste del 4,75% para las obligaciones a un año y del 5,25% de las que vencían a los 24 meses, además de una comisión bancaria de entre el 2% y el 2,2%.

Tras finalizar la comparecencia, Joaquim Nadal, presidente del Grupo parlamentario socialista, ha calificado de «exactas» las cifras que ha aportado el consejero de Economía al confirmar que el pasado 15 de diciembre el Gobierno tripartito acordó en una comisión mixta Estado-Generalitat que el Ministerio de Economía adeudaba los 759 millones de euros. «Apoyamos todas las iniciativas legales pero, dicho esto, el Gobierno catalán tiene que ser transparente y aclarar cómo administra su tesorería», ha señalado.

La Generalitat ya tuvo problemas de tesorería el pasado mes de septiembre, cuando tuvo que aplazar el pago a proveedores, en especial farmacéuticas y entidades sociales de atención a ancianos. El consejero ha asegurado esta mañana que a lo largo de la última parte de este año se ha ido abonando esa deuda, aunque ha admitido que todavía no está completamente liquidada. “El efecto septiembre no ha quedado eliminado y hay algunos trozos que aún deben encajarse”, ha remachado.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha querido desvincular esa decisión de las medidas estructurales y coyunturales que se están negociando con los funcionarios para incorporar en los Presupuestos de 2012 y que prevén un ahorro de 625 millones de euros a través de reducción salarial, horaria y de beneficios sociales.

Los funcionarios estudian llevar ante la justicia los nuevos recortes

CRISTINA DELGADO

Los sindicatos de la Mesa General de negociación de la función pública (CCOO, UGT e IAC) han abandonado este mediodía las conversaciones al conocer que el consejero de Economía iba a anunciar nuevos recortes salariales. Los portavoces sindicales se han marchado de la sede del departamento de Gobernación y se han dirigido al Palau de la Generalitat. Su intención era acceder a la sala de prensa para conocer de  primera mano los nuevos ajustes. Los sindicalistas han intentado primero entrar por la puerta principal del Palau, en la plaza de Sant Jaume, pero los Mossos d’Esquadra lo han impedido. El grupo se ha encaminado después al acceso lateral y allí se les ha vuelto a denegar el paso. Los funcionarios han realizado entonces una sentada en el vestíbulo y han entonado cánticos mientras se celebraba la rueda de prensa. «Queremos información» y «Ortega, valiente, ¿por qué te no presentas?», gritaban los funcionarios. Pese al enfado, los portavoces sindicales no han dado por rotas las negociaciones y confían en que la Mesa pueda reanudar los contactos mañana o el próximo lunes. Los sindicatos quieren que sus servicios jurídicos estudien si se pueden iniciar acciones legales contra el nuevo recorte.

Otra más (y van…)

http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/ceoe-pide-despidos-funcionarios/1273277/

http://www.expansion.com/agencia/efe/2011/12/14/16789079.html

Expansión Madrid, 14 dic (EFE).- El presidente de CEOE, Juan Rosell, ha abogado hoy por eliminar empleos en el sector público, si bien el despido de los trabajadores sería «la última solución, como ocurre en las empresas privadas».

Así se ha expresado Rosell en la presentación de sendos informes sobre la eficiencia y el traspaso de competencias en el sector público, que forman parte de las propuestas que la CEOE hizo a los partidos políticos antes de las elecciones.

Rosell ha criticado la tendencia habitual existente en España de incrementar el empleo en todas las administraciones públicas.

Así, ha recalcado que el empleo público se ha duplicado en los últimos 30 años frente al crecimiento del 50 % en el sector privado y ha añadido que los ayuntamientos han duplicado su personal desde finales de los 80 hasta 2010, mientras que las autonomías lo han multiplicado por cinco.

A su juicio, hay muchos trabajadores del sector público, que no realizan ninguna labor, a los que hay que buscar una solución como recolocarlos o formarlos para que puedan hacer otros trabajos, «siendo el despido la última solución, como ocurre en las empresas privadas».

El presidente de CEOE ha destacado que la administración central ha reducido su personal en una cifra inferior a la traspasada a las comunidades autónomas.

En este sentido, ha afirmado que desde 1978 se han producido 1.978 acuerdos de traspaso de competencias desde la administración central a las comunidades autónomas, lo que ha supuesto un trasvase de 821.357 trabajadores.

En cambio, ha subrayado que el personal en las comunidades se eleva a 1.744.000 trabajadores, por lo que sólo el 47 % de los asalariados en las autonomías se debe al traspaso de competencias.

Rosell ha incidido en que hay que acostumbrarse a que el sector público se comporte como el privado y ha añadido que la empresa privada no hace contrataciones cuando está en pérdidas, «y el Estado ahora lo está».

El presidente de CEOE ha asegurado que en contra de lo habitual, en esta crisis, entre 2008 y 2010, el empleo público también ha aumentado, el 7,4 %, frente a la caída del 12,1 % en el sector privado».

Asimismo, ha afirmado que las comunidades autónomas concentran el 96 % del aumento del empleo público en este periodo.

Rosell ha defendido que la oferta de empleo público debería ser independiente de la situación económica debido al carácter permanente del empleado de este sector.

Además, ha señalado que la mayoría de ese incremento se debe a la creación de organismos o entes que no figuran en los presupuestos generales del Estado, con lo que es más fácil eludir su control. EFE

Supresión complementos de baja en GV

http://www.deia.com/2011/12/14/economia/pse-y-pp-recortan-un-25-el-sueldo-de-los-funcionarios-que-cojan-la-baja

Deia: Los funcionarios vascos no se librarán de un buen tijeretazo el año que viene. PSE y PP sellaron ayer una enmienda a los presupuestos para aplicar el año que viene la mayoría de los recortes anunciados hace tres semanas, incluida la supresión de los complementos por enfermedad común, lo que supone que los empleados públicos que cojan una baja percibirán un máximo del 75% de su sueldo. El propio PSE había renunciado a aplicar esta medida ante la oposición unánime de los sindicatos y, de hecho, no figuraba en su enmienda original sobre los recortes, pero decidió colarla a última hora en la comisión parlamentaria de ayer con el apoyo del PP.

Los más de 66.000 trabajadores de la administración de la CAV siguen siendo el blanco principal de las urgencias presupuestarias del Gobierno vasco, que calcula podrá ahorrarse cien millones con los ajustes planteados, divididos en cinco medidas fundamentales. Por un lado, la enmienda firmada ayer por PSE y PP plantea la congelación salarial para 2012, así como la supresión de las primas por jubilación anticipada. La tercera medida supone el fin del contrato de relevo, lo que pone una gran barrera a la contratación de nuevos empleados. Asimismo, quedarán suspendidos salvo excepciones los permisos horarios que den derecho a modificaciones de jornada sin disminución de retribuciones.

Como quinto punto, PSE y PP ponen fin a los complementos que perciben los funcionarios que se acogen a una baja laboral. La retribución actual es del cien por cien, ya que la administración se encarga de abonar lo que no paga la Seguridad Social, aproximadamente un 25%. De esta forma, y a falta de que el tijeretazo sea ratificado en el pleno del día 23 en el que se aprobarán los Presupuestos, los funcionarios del Gobierno vasco que pidan la baja por enfermedad solo percibirán el año que viene lo que paga la Seguridad Social -entre el 65 y el 75% de su sueldo a partir del tercer día de baja-, excepto en casos de accidente laboral, en que los complementos se mantienen.

rechazo unánime Hace tres semanas Lakua tanteó a la opinión pública lanzando un globo sonda en forma de paquete de ajustes para sus funcionarios que, en principio, debía ser discutido con los sindicatos. El rechazo de las centrales sindicales fue unánime, incluidas las sectoriales -los recortes afectarán a la administración de Lakua, a Justicia, Educación, Interior y Osakidetza-, lo que hizo que el PSE reculase en algunos puntos como la supresión de los complementos por baja, que perjudica a todos los funcionarios. Según fuentes del PNV, el PSE había dejado claro a los partidos que la supresión de estos complementos finalmente no entraría en el plan de ajuste.

Sin embargo, en la comisión parlamentaria de ayer, PSE y PP presentaron una enmienda conjunta con la mayoría de recortes planteados antes y en cuyo último párrafo, introducido ayer mismo, figura la suspensión de la aplicación de los artículos y cláusulas que regulan estos complementos. Esta no es una cuestión menor, sino que responde a la necesidad del Gobierno vasco de reducir el gasto para cumplir con sus objetivos presupuestarios. El Ejecutivo calcula que completar el sueldo a sus funcionarios de baja le ha supuesto un gasto de más de 43 millones hasta octubre, casi la mitad de lo que se pretende ahorrar con los recortes.

El parlamentario del PNV Ricardo Gatzagaetxebarria reprochó a PSE y PP que aprueben estas medidas «de tapadillo, en el último momento y sin diálogo con la parte social» al introducirlas sin tener en cuenta a la Mesa de la Función Pública.