Para un administrativista que todavía no ha perdido la fe en el Derecho, resulta especialmente atractivo descubrir sentencias en que el Supremo frena la voracidad del legislador con interpretaciones arriesgadas pero guiadas por favorecer al ciudadano (pro actione).

Es el caso de la reciente sentencia del Tribunal Supremo del 24 de enero de 2019 (rec. 2519/2016) que realiza una extensión de la extensión de efectos de sentencias sobre procedimientos selectivos

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