La Diputación Foral de Bizkaia ha abierto un expediente disciplinario y ha suspendido provisionalmente de sus funciones al funcionario del departamento de Hacienda para el que la Fiscalía Anticorrupción de Barcelona ha pedido 61 años de prisión por vender datos de contribuyentes a una trama dedicada a la obtención, intermediación, comercialización y distribución a gran escala de datos reservados de carácter personal, laboral y tributario de cientos de personas físicas y jurídicas.
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