De Rafael Jiménez Asensio.
Tras una tramitación parlamentaria lenta de solemnidad, uno de los estandartes del “programa de regeneración” del Gobierno, la Ley de Transparencia, ha entrado finalmente en el Olimpo del Boletín Oficial del Estado. En efecto, la Ley 19/2003, de 9 de diciembre, de Transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, ya está publicada. Otra cosa es, muy distinta por cierto, cuándo se aplicará y cómo.
En un último signo de cinismo institucional, tras hablar largo y tendido sobre la imperiosa necesidad de “abrir las tripas” de las instituciones para que la ciudadanía conozca las entretelas de su funcionamiento, no deja de causar sorpresa que se pretenda afrontar la desafección y desconfianza ciudadanas mediante un aplazamiento de la aplicabilidad de las obligaciones derivadas de esta Ley por parte de las Comunidades Autónomas y entes locales a un máximo de dos años desde su publicación.
No bastaba con el año de gracia que se ha recogido en la disposición final novena de la Ley para la efectividad plena del Título Preliminar, Título I (Transparencia) y Título III (Consejo de Transparencia y Buen Gobierno), a las Comunidades Autónoma y entes locales había que darles una “bula añadida”, pero sobre todo evitar que fueran transparentes plenamente cuando las próximas elecciones locales y autonómicas de mayo de 2015 se celebrasen, no sea que sus “vergüenzas” fueran tales que esa demostración “pornográfica” escandalizara más aún a los ya sufridos ciudadanos de este país.
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