Francisco Velasco: Sobre dictamen del Consejo de Estado

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Sobre el dictamen del Consejo de Estado en relación con el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.

Francisco Velasco Caballero

Instituto de Derecho Local. Universidad Autónoma de Madrid.

 

1. El pasado 26 de junio de 2013 el Consejo de Estado aprobó un dictamen, solicitado voluntariamente por el Gobierno (conforme al art. 25 de la Ley orgánica 3/1980, de 3 de abril, del Consejo de Estado), sobre el Anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (ALRSAL). El texto completo se encuentra en el siguiente enlace. Los medios de comunicación han dado cierta relevancia a este dictamen, fundamentalmente porque contiene algunas críticas severas a la iniciativa legislativa del Gobierno.

 

2. Es cierto que el dictamen del Consejo de Estado es inusitadamente crítico con el anteproyecto. Pero no se vea aquí un nuevo rumbo del Consejo de Estado, en relación con el órgano constitucional al que asesora: el Gobierno (art. 107 CE). El Consejo de Estado es, ahora y antes, un órgano constitucional estrechamente vinculado al Gobierno; la propia selección de sus miembros asegura esta vinculación (arts. 6 a 9 de la Ley orgánica 3/1980). Así que, si en relación con el ALRSAL el Consejo de Estado ha elevado el número y densidad de sus objeciones, la explicación hay que buscarla en el contenido y procedimiento del ALRSAL. La heterodoxia del procedimiento de elaboración del ALRSAL ha podido ser causa de los numerosos errores técnicos del anteproyecto, que minuciosamente detecta el Consejo de Estado. Pues el procedimiento legislativo en fase gubernativa está pensado para asegurar el acierto y la combinación de posiciones e intereses en torno a un nuevo texto normativo. En consecuencia, cuando no se sigue el procedimiento debido, o se cumple sólo formalmente, es perfectamente previsible que la propuesta normativa ofrezca más problemas y defectos de los deseables. Dicho esto, subrayemos algunos datos relevantes sobre la elaboración del ALRSAL:

 

a)  En primer lugar, la iniciativa legislativa no se ha elaborado “en” un Ministerio (como establece el art. 22.2 de la Ley 50/1997, del Gobierno) sino en un organismo autónomo “adscrito a” un Ministerio (el Instituto Nacional de Administración Pública).

 

b) En segundo lugar, no existe ya en la Administración del Estado ningún órgano administrativo específico que pueda proyectar conocimiento experto sobre el régimen local. No sólo no existe ya un Ministerio de Administraciones Públicas, que pudiera sopesar el enfoque de consolidación presupuestaria propia del Ministerio de Hacienda, sino que la materia local ni siquiera cuenta ya con una Dirección General específica que pudiera dar visibilidad política a una perspectiva no presupuestaria del régimen local. El único órgano estatal específico sobre régimen local es hoy una subdirección (la Subdirección General de Administración Local).  Así que, al final, la absorción del Ministerio de Administraciones públicas en el de Hacienda no ha sido neutra: ha llevado a un segundo plano las perspectivas constitucional, política y jurídica sobre los gobiernos locales.

 

c) Y por último, el anteproyecto ha sido, hasta llegar al Consejo de Estado, impermeable a toda opinión externa. De un lado, las severas críticas de la FEMP y de algunas Comunidades Autónomas, dirigidas derechamente contra los planteamientos centrales del anteproyecto, no han merecido cambios sustanciales en su redacción; y de otro lado, aunque todas las opiniones académicas con criterio en materia local han mostrado reiteradamente -creo que sin excepción- los problemas estructurales del anteproyecto, tales observaciones críticas en nada han afectado a la sustancia del anteproyecto original. En este contexto, la virtud del dictamen del Consejo de Estado es más bien necesidad. El máximo órgano consultivo del Gobierno no ha hecho sino escribir en papel oficial una opinión amplísimamente compartida por el conocimiento práctico y teórico experto: que el ALRSAL parte de un diagnóstico erróneo de la realidad local, que sus previsiones de ahorro presupuestario no están empíricamente fundadas, y que hay graves problemas en su redacción, tanto de técnica jurídica como de validez constitucional.

Resto del artículo: http://www.idluam.org/images/files/boletines/BOLETIN_46_index_archivos/Page426.htm