¿Deben los poderes públicos vascos suprimir las pagas extraordinarias so pena de ser imputados por prevaricación?

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Catedrático UPV/EHU, Por Iñaki Lasagabaster Herrarte

Deia.

LA respuesta a esta cuestión esconde aspectos de índole teórica y otros más prácticos, vinculados a su puesta en práctica y sus consecuencias. Desde un punto de vista teórico hay que empezar por plantear el asunto debidamente para que el lector pueda seguir el argumento con todos los datos necesarios a su disposición y pueda comprenderlo fácilmente, teniendo en cuenta la aridez que acompaña a ciertas cuestiones jurídicas.

La supresión de la paga extraordinaria está recogida en el Real Decreto Ley 20/2012, donde se establecen una serie de medidas para la reducción del gasto público, especialmente centradas en la limitación de ingresos de los empleados públicos, así como en la reducción de derechos sindicales, especialmente los vinculados con la negociación colectiva. Esta supresión de la paga extraordinaria contenida en el Real Decreto Ley estatal es contraria a otras disposiciones legales que la establecen. En concreto, es contraria al Estatuto Básico del Empleo Público, a la Ley de la Función Pública vasca y a la Ley de la Función Pública de la CA de Nafarroa.

La contradicción entre estas leyes presenta problemas de diferente contenido, que podríamos dividirlos en dos tipos:

1) Los relativos a la competencia del Estado para dictar ese Real Decreto Ley, en especial mediante ese tipo de norma, si esa norma es básica y si entra dentro de una competencia estatal.

2) Los relacionados con la forma en que esa ley se aplica, es decir, si las administraciones públicas están obligadas a aplicarlos, a pesar de que consideren la norma inconstitucional.

Las consideraciones que se han podido leer en la prensa sobre el primer punto no han entrado al fondo del asunto debidamente. En primer lugar, porque entiendo que no han elegido de forma adecuada las normas en conflicto. No se trata de una contradicción entre el Real Decreto Ley estatal y la Ley de Presupuestos. Esta última habilita el gasto, pero no los derechos que corresponden a los empleados públicos. Esto último está regulado en la Leyes de Función Pública estatal y autonómicas, pero no en las leyes presupuestarias, que se limitan (lo que no es poco) a establecer el quantum global. Los derechos de los empleados públicos resultan de la conjunción de las normas de función pública y de las presupuestarias, entendiendo entre las primeras no solamente las leyes, sino también los acuerdos sindicales.

Avanzando algo más en este argumento, el Real Decreto Ley 20/2012 puede estimarse inconstitucional. Los argumentos que sustentan esta afirmación son varios. En primer lugar, la condición de básica de la medida de supresión a la luz del monto de la reducción, así como de la forma. Es decir, que el legislador estatal podrá plantear una reducción del gasto público, pero no la forma concreta de hacerlo, es decir, las partidas a las que se puede afectar. El legislador estatal no puede utilizar el Real Decreto Ley como una forma de establecer lo básico, especialmente sin existir una situación de extraordinaria y urgente necesidad que legitime el dictado de una norma de ese tipo. El Real Decreto Ley en cuestión va frontalmente en contra de los derechos sindicales, algunos de ellos garantizados como derechos fundamentales.

Texto completo:

http://www.deia.com/2012/12/02/opinion/tribuna-abierta/deben-los-poderes-publicos-vascos-suprimir-las-pagas-extraordinarias-so-pena-de-ser-imputados-por-prevaricacion

2 pensamientos en “¿Deben los poderes públicos vascos suprimir las pagas extraordinarias so pena de ser imputados por prevaricación?

  1. Este articulo es muy importante porque viene a decir que la tesis consistente en que es obligado realizar la paga extra por estar contemplada en los presupuestos no se sostiene. Efectivamente la consignación presupuestaria de un gasto no prevalece sobre una norma que prohíba ese pago. Esto es evidente y mucho me temo que este asunto, sea delictivo o no, acabara mal.

  2. Estamos en un contexto en el que parece que todo vale. Des del punto de vista jurídico queda claro que todo es un despropósito. Incluso, aquellos que admitan la posibilidad de la supresión de la paga tienen pocos argumentos para justificar la incautación de la parte ya devengada, teniendo en cuenta que la norma se publico el 14 de julio. Pero es que desde el punto de vista material, la obligación de retener el monto total tampoco se justifica en términos de ahorro y su vinculación a financiar planes de pensiones de una banca en bancarrota ya es de juzgado de guardia.
    Te felicito por tu blog. Como profesional dedicado a los Recursos Humanos en la Administración Local hay poca opinión crítica y nos hace mucha falta!

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