La reforma de la administración, con la que el Gobierno pretende ahorrar unos 80.000 millones de euros esta legislatura, prevé el despido de al menos 100.000 trabajadores públicos, según fuentes del Ejecutivo de Mariano Rajoy. En el PP hay quien aumenta esta cifra hasta las casi 300.000. Los despidos, en todo caso, no afectarán a los funcionarios. El recorte se centrará en contratados laborales, trabajadores interinos y eventuales, un colectivo que asciende a 877.459 personas, el 39% del total de los 2.530.956 empleados públicos de España.

Este duro ajuste es una de las razones para que el Gobierno no celebrara con mayor entusiasmo el buen dato de descenso del desempleo en junio que se conoció anteayer. El Ejecutivo es consciente de que la destrucción de decenas de miles de puestos de trabajo de la administración será una medida muy contestada, pero entiende que no hay otra opción. Considera «financieramente insostenible» la nómina de las administraciones públicas.

Mención aparte merece la situación de las muy amplias plantillas laborales de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos, sobre las que el Gobierno de Mariano Rajoy no tiene competencias y cuyo adelgazamiento quedará en manos de los respectivos gobernantes.