La nueva Ley de Función Pública estará lista en menos de un año

Beteta, chicos y chicas, que ha vuelto a hablar.

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La nueva Ley de la Función Pública estará lista en menos de un año, igual que el Estatuto que regule las competencias del personal directivo del sector público, según ha anunciado hoy el secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta.

Beteta, que ha clausurado hoy la jornada La transformación de la Administración Pública, organizada por el IE Business School y la consultora PwC, ha insistido en la necesidad de modernizar la administración pública para reorganizar sus competencias y ser más eficiente.

En las próximas semanas el Consejo de Ministros aprobará un anteproyecto para reformar la ley de bases del régimen local y en otoño se reformará la Ley de Haciendas Locales, ha avanzado.

“La reforma de las administraciones públicas es una prioridad para asegurar la austeridad y la eficacia en la gestión de los recursos”, ha insistido, tras señalar que esta contención en el gasto debe ser “santo y seña y la biblia del comportamiento de todas las administraciones”.

La futura Ley de la Función Pública recogerá los instrumentos de ordenación y de estructura de la carrera administrativa, así como cuestiones competenciales y organizativas. Según Beteta, se trata de dar “un soporte jurídico para los funcionarios” que se verá recogido en una ley “ambiciosa”.

En el mismo sentido, se ha referido al Estatuto del personal directivo público, que debe redefinir el proceso de elección de los candidatos y sus evaluaciones.
“Las administraciones públicas están en una encrucijada histórica y han de encarar un cambio, necesario para coger el tren del progreso”, ha asegurado, al tiempo que ha reiterado que el comportamiento virtuoso del sector público debe pasar por actuar con rigor.

Beteta ha explicado que la nueva ley de bases de régimen local taponará la lacra sobre “competencias impropias” en ayuntamientos y diputaciones, causantes de gran parte de la crisis financiera de la que adolecen.

Ha señalado que la nueva normativa distinguirá dos niveles de servicios; los obligatorios y los facultativos, con lo que los ayuntamientos sólo prestarán los servicios obligatorios que puedan garantizar.

Ha reiterado que el objetivo del Gobierno es “una administración, una competencia”, y ha indicado que con la reforma se clarifica el mapa competencial y se evitará el despilfarro.

El secretario de Estado ha afirmado que el Ejecutivo no pretende agrupar ni fusionar municipios sino unificar el mapa municipal “de modo voluntario, jamás con imposición”. “La historia de España la han formado los municipios, que son el alma máter y el sentido de la reforma es garantizar su futuro”, ha dicho.