Contratos temporales de trabajo con las Administraciones Públicas

Contratos temporales de trabajo con las Administraciones Públicas

Manuel IGLESIAS CABERO Magistrado del Tribunal Supremo Diario La Ley, Nº 7795, Sección Dossier, 10 Feb. 2012, Año XXXIII, Editorial LA LEY LA LEY 221/2012

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La contratación laboral con las Administraciones Públicas ofrece ciertas peculiaridades que conviene tener presentes, tanto en el momento de la celebración de los contratos como en el de su ejecución y extinción. A pesar de que, conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en estos casos la Administración, como sujeto de la relación laboral, adquiere la condición de empresario, su posición tiene particulares connotaciones.

El TC ha declarado reiteradas veces que la contratación de personal laboral por la Administración no debe sujetarse a las mismas reglas que la contratación entre particulares, singularidad impuesta por el carácter público de la actuación que ya es, por sí mismo, factor de diferenciación relevante, por las exigencias de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad en el ingreso de ese personal ( art. 103 CE). Esa diferencia de trato se traduce en ciertas ventajas que la Ley reconoce a las Administraciones.

LEGISLACIÓN (1)

Constitución Española (en adelante, CE). Arts. 24 y 103.

Estatuto de los Trabajadores 1995 (en adelante, ET) Arts. 1.2, 8, 15, 44 y 52. Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público.

Código Civil (en adelante, CC). Art. 1255.

Ley 13/2007, de 27 de julio, de modificación de la Ley 4/1988, de 26 de mayo, de la Función Pública de Galicia.

RDL 5/2006, de 9 de junio, para la mejora del crecimiento y del empleo.

RD 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada.

Arts. 1, 2, 8 y 9. RDL 10/2011, de 26 de agosto, de medidas urgentes para la promoción del empleo de los jóvenes, el fomento de la estabilidad en el empleo y el mantenimiento del programa de recualificación profesional de las personas que agoten su protección por desempleo.

Art. 5. RDLeg. 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

Ley 12/2001, de 9 de julio, de Medidas Urgentes de Reforma del Mercado de Trabajo para el Incremento del Empleo y la Mejora de su Calidad.

Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público.

Ley 30/1984, de 2 de agosto, de Medidas para la Reforma de la Función Pública.

Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados.

Ley 53/1999, de 28 de diciembre, por la que se modifica la Ley 13/1995, de 18 de mayo, de Contratos de las Administraciones Públicas.

RD 2546/1994, de 29 de diciembre, por el que se desarrolla el art. 15 del Estatuto de los Trabajadores en materia de contratación.

RDL 8/1997, de 16 de mayo, de Medidas Urgentes para la Mejora del Mercado de Trabajo y el Fomento de la Contratación Indefinida.

NORMATIVA COMUNITARIA

Directiva 1999/70/CE, del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada.

JURISPRUDENCIA (1)

I. Contrato para obra o servicio determinado

1. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 10 de abril de 1995, ponente: Martínez Emperador, Rafael

La contratación por la Administración bajo la modalidad de obra o servicio determinado, a fin de atender con personal laboral el desarrollo de campañas, como la lucha contra incendios forestales, organizadas cada año, se ajusta a las exigencias legales, sin que el hecho de haber mediado contratación similar para anteriores campañas haya determinado fijeza discontinua. A pesar de tan rotunda declaración, en la sentencia del Tribunal Supremo de 4 de mayo de 2004 se declaró el carácter indefinido discontinuo de la relación de trabajo de una persona contratada por la Agencia Tributaria para la asistencia al contribuyente en sucesivas campañas e la declaración de IRPF.

2. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Sala de lo Social, sentencia de 11 de octubre de 2010, ponente: Juanes Fraga, Enrique

La externalización del servicio en el que trabajaba la actora no puede ser causa válida para la extinción de un contrato de obra o servicio determinado; lo que procedía era la subrogación empresarial de la nueva adjudicataria, en el sentido previsto en el art. 44 ET, o bien una extinción indemnizada por causas objetivas [art. 52.c) ET]. El contrato se convierte en indefinido por fraudulento al no apreciarse causa de temporalidad, pues la existencia de una subvención no es elemento decisivo de temporalidad. La temporalidad debe conectarse con el servicio que se presta y su naturaleza, no con la subvención y la duración de ésta. El art. 52.e) ET reconoce como causa de amortización del puesto de trabajo la pérdida o insuficiencia de consignación presupuestaria, lo que supone que la financiación no equivale a causa de temporalidad.

3. Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Sala de lo Social, sentencia de 16 de noviembre de 2010, ponente: Bravo Gutiérrez, Pedro

El recurso se desestima por cuanto que el servicio en el que estaba asignada la demandante es permanente en la demandada. La ayuda a domicilio, como servicio social, es competencia del Ayuntamiento, de conformidad con la normativa aplicable y se desarrollaba a través de la mancomunidad demandada, pero ello no se traduce en la posibilidad de llevar a cabo esta actividad como si tuviera sustantividad propia. La falta de este requisito deja sin causa la contratación temporal.

II. Contrato de interinidad

4. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 1 de febrero de 2011, ponente: Gullón Rodríguez, Jesús

El demandante firmó un contrato de interinidad por vacante el 26 de diciembre de 2003, con la Junta de Galicia, con vigencia prevista hasta que se cubriera el puesto de trabajo vacante por alguno de los sistemas de provisión legal o reglamentariamente previsto. Fue cesado el 1 de diciembre de 2008. La Junta había aprobado la oferta pública de empleo público, incluyendo la plaza servida por el demandante; superadas las pruebas selectivas, fue asignado provisionalmente el puesto ocupado por el actor a otra persona, que tomó posesión del mismo, motivo por el que el demandante fue cesado. La demanda impugnando el despido fue desestimada en instancia y en trámite del recurso de suplicación, desestimando el TS el recurso de casación para la unificación de doctrina, al entender que la oferta de empleo que motivó la cobertura de la plaza que ocupaba el actor no estaba sometida a las reglas de consolidación de empleo temporal que se habían adoptado por la Ley 13/2007 y, por consiguiente, el cese fue lícito.

III Contrato fijo discontinuo

5. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 3 de marzo de 2010, ponente: Desdentado Bonete, Aurelio

Como ya había declarado el Alto Tribunal en su anterior sentencia de 28 de abril de 2010, ponente: Sampedro Corral, Mariano, la contratación adecuada para cubrir necesidades anuales derivadas de las campañas de prevención y extinción de incendios forestales, es el contrato de trabajo por tiempo indefinido, de carácter discontinuo, a tenor de lo previsto en el art. 15.8 ET, y ello en atención a haberse constatado la necesidad de trabajo de carácter intermitente o cíclico, que se reitera en el tiempo, aunque lo sea por períodos limitados. Ello es así porque la necesidad de prevención y extinción de incendios forestales responde a las necesidades normales y permanentes de la entidad empleadora y, en consecuencia, las campañas se vienen reiterando anual y cíclicamente en años sucesivos. Esa necesidad de trabajo no puede cubrirse a través del contrato eventual, porque la misma no responde a necesidades extraordinarias, por circunstancias de producción temporalmente limitadas; tampoco puede atenderse mediante contratos para obra o servicio determinado, porque no hay limitación temporal de la obra o servicio, sino reiteración en el tiempo de forma permanente de las tareas en determinados períodos que se repiten todos los años.

6. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 24 de mayo de 2011, ponente: Salinas Molina, Fernando

Aunque la cuestión tratada en la sentencia ha perdido momentáneamente interés, por la suspensión de la norma que contenía el art. 15.5 ET, es de interés conocer la doctrina que aquí se proclama. La demandante ha venido prestando servicios para el Ayuntamiento, desde el 9 de septiembre de 2005, en virtud de contrato para obra o servicio determinado, concluyendo la relación laboral en el mes de junio de 2006; el 10 de noviembre de 2006 concertaron las partes un nuevo contrato, con vigencia hasta el mes de noviembre de 2008. El cese acordado por la corporación fue calificado de despido improcedente en la instancia, en suplicación y en casación unificadora. La Ley 12/2001 y el RDL 5/2006, de 9 de junio, modificaron el art. 15.5 ET, penalizando los contratos temporales encadenados con la fijeza en el empleo. El art. 5 RDL 10/2011, de 26 de agosto, suspendió, durante el período de los dos años siguientes a la entrada en vigor de dicho Real Decreto-Ley, la aplicación de lo dispuesto en el art. 15.5 ET. Lo que interesa resaltar es que la sentencia citada constata que se había hecho aplicación en el caso de la legislación vigente en materia de contratos encadenados. En el mismo sentido se pronuncia la sentencia del Tribunal Supremo de 9 de diciembre de 2010, ponente De Castro Fernández, Luis Fernando.

7. Tribunal Superior de Justicia de Asturias, Sala de lo Social, sentencia de 25 de octubre de 2010, ponente: González Rodríguez, Jorge

La demandante ha venido prestando servicios para el instituto demandado, en virtud de contratos que tenían por objeto sucesivas encuestas llevadas a cabo por el demandado, y que se identificaban como obras determinadas, para justificar la temporalidad contractual. La sentencia reconoce la existencia de un contrato fijo discontinuo y no sucesivos contratos fijos de obra, porque consta la reiteración cíclica de las necesidades cubiertas mediante los servicios de la trabajadora, que no puede ser considerada temporal, sino discontinua.

IV. Acciones declarativas para diferenciar los trabajadores interinos por vacante de los vinculados con la Administración con carácter indefinido

8. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 26 de abril de 2010, ponente: Salinas Molina, Fernando

En esta sentencia se reitera lo declarado por el TS en la anterior de 16 de septiembre de 2009, resaltando la clara diferencia existente entre el trabajador indefinido al servicio de la Administración y el interino por vacante, cada uno de ellos con un régimen distinto. Si bien los trabajadores indefinidos pueden ser cesados por la cobertura reglamentaria de la plaza, pues vienen prestando servicios sin causa de temporalidad alguna y sin vinculación directa con vacante concreta; no hay, por tanto, equiparación mimética a los interinos por vacante, ligados estrictamente a un proceso de cobertura y, por ello, la pretensión del actor para que se defina la verdadera naturaleza de su relación con la Administración, contiene un interés real y susceptible de acceder a la tutela judicial efectiva. No consideró el Alto Tribunal que la acción ejercitada fuera puramente declarativa, sin un interés digno de protección.

V. Cómputo de la antigüedad

9. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 11 de noviembre de 2010, ponente: Segoviano Astaburuaga, María Luisa

El trabajador había prestado servicios para la Administración en calidad de contratado laboral interino, por sustitución. Posteriormente obtuvo plaza en propiedad en el mismo centro de trabajo y pretendía en la demanda que se le computasen, a efectos de antigüedad, todos los servicios prestados como interino. El TS, siguiendo la línea doctrinal expuesta en anteriores sentencias, desestimó tal pretensión.

10. Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, Sala Segunda, sentencia de 22 de diciembre de 2010, ponente: Caoimh, O.

Según la jurisprudencia de dicho Tribunal, por lo que se refiere a complementos salariales por antigüedad, los trabajadores con contratos de duración determinada no pueden, sin que exista justificación objetiva alguna, ser tratados de manera menos favorable que los trabajadores fijos que se encuentran en situación comparable. El concepto de «razones objetivas» a que se refiere el Acuerdo marco sobre el trabajo con contrato de duración determinada, no permite justificar una diferencia de trato entre trabajadores con un contrato de duración determinada y trabajadores fijos por el hecho de que aquélla esté prevista por una norma nacional general y abstracta, como una Ley o un convenio colectivo; una diferencia de trato no puede justificarse por un criterio que se refiere a la duración misma de la relación laboral de manera general y abstracta. En lugar de mejorar la calidad del trabajador con contrato de duración determinada y promover la igualdad de trato, buscada tanto por la Directiva 1999/70 como por el Acuerdo Marco, el recurso a tal criterio equivaldría a perpetuar el mantenimiento de una situación desfavorable para los trabajadores con contrato de duración determinada. La decisión de la cuestión prejudicial interpuesta por un órgano jurisdiccional español se concretó en la declaración de que el Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración determinada permite a los funcionarios interinos reclamar, con carácter retroactivo, los trienios no percibidos hasta la entrada en vigor del Estatuto Básico del Empleado Público.

VI. Cuestiones que suscita la sucesión normativa sobre el ejercicio de las acciones. Contratos administrativos y contratos laborales

11. Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sentencia de 28 de mayo de 2010, ponente: Hernández Vitoria, María José

Se trataba de determinar la norma aplicable al ejercicio de la acción en un caso de contrato celebrado con la Administración Pública. La sentencia parte de la base de la evolución legislativa referida a la distinción entre los contratos administrativos y laborales; la norma vigente cuando se suscribió el contrato entre las partes tomaba como factor determinante el que fueran propiedad de la persona física o jurídica contratada por la Administración los elementos necesarios para la ejecución del contrato. Conforme a las Leyes 30/1984 y 39/1995, la nota distintiva del contrato administrativo radicaba en el carácter habitual del trabajo a desarrollar; en una segunda etapa ( Leyes 53/1999 y 2/2000) la nota diferenciadora se coloca sobre la exigencia de que la persona física o jurídica sea propietaria de los medios a emplear en la ejecución del servicio; y una tercera etapa ( Ley 30/2007), la distinción entre vínculo laboral y administrativo debe efectuarse a partir de las notas propias del primero: retribución, ajeneidad y dependencia. En estos casos debe aplicarse la norma vigente en el momento de interponer la acción.

VII. Cesión legal o ilegal de trabajadores

12. Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sentencia de 29 de julio de 2010, ponente: García Carballo, Manuel Carlos

Es ilegal la cesión de mano de obra, y no puede considerarse una contrata, cuando la actividad se despliega dentro del proceso productivo normal de la empresa principal, quedando a cargo de la empresa comitente la gestión empresarial, en sus relevantes aspectos. Como en los casos de otras contrataciones, la declaración de existencia de una cesión ilegal debe realizarse mientras la relación laboral esté vigente bajo esa situación. La cesión ilegal tiene efectos ex tunc, debiendo extenderse a todo el tiempo que duró la cesión ilegal. En los casos de cesión ilegal de trabajadores en los que aparezca implicada la Administración Pública no supone que la opción por reintegrarse en su plantilla lo sea con el carácter de fijo, sino que se adquiere la condición de indefinido.

VIII. Extinción de la relación laboral

 13. Tribunal Supremo, Sala Cuarta, de lo Social, sentencia de 20 de octubre de 2010, ponente: Agustí Juliá, Jordi

 La demandante prestó servicios para la Administración, en virtud de varios contratos para obra o servicio determinado, sin solución de continuidad, para trabajar en Afganistán, haciendo constar que el contrato se extinguiría con el regreso al territorio español de la respectiva unidad militar mencionada en cada contrato, y en estas condiciones fue cesada en su relación; la demanda por despido fue desestimada por el Juzgado de lo Social, pero la Sala de lo Social declaró la improcedencia del despido y el TS desestimó el recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por la Administración. Para la validez del contrato temporal para obra determinada es necesario que en el contrato se expresen, con toda claridad y precisión, los datos objetivos que justifican la temporalidad de la obra o servicio determinado, las circunstancias de la producción o el nombre del trabajador sustituido y la causa de la sustitución. En este caso no se podía considerar con autonomía y sustantividad propia cada una de las actividades del actor en el extranjero, siempre las mismas, consistentes en interpretar y traducir textos y conversaciones, pero lo que no estaba justificada era la temporalidad de los contratos sucesivos suscritos por el Ministerio de Defensa, para realizar siempre las mismas funciones, en el marco de una misión militar de largo alcance y duración.

COMENTARIO

 Ya se dijo que, conforme a lo dispuesto en el art. 1.2 ET, las Administraciones Públicas pueden constituirse en empresarios laborales, cuando reciben en este régimen los servicios de personal, bajo su dirección y mediando una retribución. Pero para las Administraciones prestan servicios tres clases de personas: los funcionarios públicos, el personal estatuario y las vinculadas mediante un contrato de naturaleza laboral. Según las estadísticas, las Administraciones Públicas ocupan en España un número de trabajadores muy superior al de cualquier otra gran empresa, y más del 70 por 100 son temporales. A pesar de ser un empresario como los demás, se le reconocen privilegios, amparados por la doctrina del Tribunal Constitucional, como el derecho de que, en todo caso, le corresponde optar por la readmisión o por la indemnización en supuestos de despido declarado improcedente, y también se le exime de la obligación de incorporar a los trabajadores irregularmente contratados, aun en los casos de fraude de Ley, con carácter fijo y de manera definitiva. Tales privilegios se traducen en resultados prácticos; cuando el despido es declarado improcedente, seguido de readmisión, o nulo, o cuando se declare la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, las sentencias declaran la reposición de los trabajadores afectados en las mismas condiciones que regían antes de producirse las irregularidades que corrigen los pronunciamientos judiciales, pero en ningún caso se alcanza la fijeza en el empleo de los vinculados por contratos temporales. Fijando la atención solamente en los trabajadores en régimen laboral, cabe diferenciar entre los trabajadores fijos de plantilla y los temporales, con la particularidad de que para éstos solamente está permitida la contratación temporal en los supuestos previstos por el art. 15 ET, con la particularidad de que el contrato de interinidad puede revestir dos formas distintas: para sustituir a otro trabajador durante el período de inactividad, con reserva del puesto de trabajo, y el contrato de interinidad por vacante. En ambos supuestos se respetan los principios de mérito, capacidad y publicidad ( art. 103 CE), de manera que esas relaciones temporales se extinguen cuando la vacante sea cubierta reglamentariamente, se amortice o se reincorpore el trabajador sustituido. En la actualidad cabe la posibilidad de celebrar un nuevo contrato: el de fijo-discontinuo. En esta materia el TS ha evolucionado desde la postura que adoptó la sentencia de 10 de abril de 1995, al declarar que el hecho de haber mediado contratación similar para anteriores campañas de prevención y extinción de incendios forestales, no determina la fijeza discontinua, hasta la nueva doctrina proclamada en las sentencias del propio Tribunal de 4 de mayo de 2004 y 3 de marzo de 2010, de signo contrario, se ha llegado a la conclusión de que la necesidad, en estos casos, aunque intermitente y cíclica, se reitera en el tiempo, aunque lo sea por períodos limitados, por lo que la relación es fija-discontinua. La sucesión reiterada de contratos temporales con la misma empresa o grupos de empresas determinaba la fijeza en el empleo, si se daban las condiciones previstas en el art. 15.5 ET. El RDL 10/2011, de 26 de agosto, de Medidas Urgentes para la Promoción del Empleo de los Jóvenes y el Fomento de la Estabilidad en el Empleo, dispone en su art. 5 que «se suspende durante el período de los dos años siguientes a la entrada en vigor de este Real Decreto-Ley, la aplicación de lo dispuesto en el art. 15.5 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo».

Un pensamiento en “Contratos temporales de trabajo con las Administraciones Públicas

  1. El articulo es muy interesante, ya que ofrece una vision practica de los problemas que a medio o largo plazo producen las contrataciones temporales en el seno de las AA.PP, aun representando, segun lo indicado el 70% del empleo publico. Habra que ver la incidencia practica de la reciente reforma laboral sobre todo este empleo temporal estructural …
    Gracias y enhorabuena por el post.

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