El Correo.

Nueva vuelta de tuerca sobre los trabajadores del sector público de Euskadi. En torno a cien mil empleados del Gobierno vasco, las diputaciones y los ayuntamientos de la comunidad autónoma se quedarán este año sin las cuotas para sus fondos de pensiones, que suman unos 75 millones de euros. El Ejecutivo de Patxi López anunció ayer que, según un informe de sus servicios jurídicos, la suspensión de las aportaciones a los fondos de pensiones, incluida en el Real Decreto del Gobierno de Mariano Rajoy del pasado 31 de diciembre, tiene carácter de legislación básica y, por tanto, es de obligado cumplimiento en todo el territorio nacional, al igual que la congelación salarial.

Además de los más de 80.000 trabajadores que dependen del Gobierno vasco y de 70 sociedades, entes y organismos públicos bajo su mando, si se confirma la interpretación de Lakua, otros 23.000 empleados de las diputaciones y ayuntamientos de la comunidad autónoma sufrirán también las consecuencias.

La única esperanza que tienen los afectados es que prospere el recurso de inconstitucionalidad anunciado ayer por la portavoz del Ejecutivo de Vitoria, Idoia Mendia, o cualquier otro que puedan emprender entidades como la Diputación de Bizkaia, que está estudiando la procedencia de una medida similar.

Los trabajadores de las administraciones autonómicas se agrupan en Euskadi en dos fondos de pensiones (EPSV en terminología propia): Itzarri (Gobierno vasco) y Elkarkidetza (ayuntamientos y diputaciones). La aportación de las instituciones en el caso de Itzarri es de 1,5 puntos de salario, después de que en mayo de 2010, en el último ajuste del sector público, fuera retirado otro punto y medio. En cambio, diputaciones y ayuntamientos abonan a Elkarkidetza el equivalente a 3,5 puntos de salario. El ahorro en el primer caso será de 53 millones de euros, mientras que en el segundo alcanzará unos 22,5 millones, la mitad de las cuotas anuales que recibe -la otra mitad la aportan los propios trabajadores-.

Al colectivo de afectados por la medida de recorte hay que añadir los cerca de 15.000 empleados del Gobierno central en la comunidad autónoma, que ya conocían la noticia desde el pasado 31 de diciembre.

En la rueda prensa posterior al Consejo de Gobierno, Mendia argumentó la presentación del recurso ante el Tribunal Constitucional por entender que el Real Decreto cuestionado invade competencias autonómicas. No ha habido duda, como no la hubo en 2010, de que el Ejecutivo central tiene capacidad decisoria sobre las retribuciones básicas, pero no sucede lo mismo con las diferidas (aportaciones a fondos de pensiones) ni con las complementarias (pagas de productividad, por ejemplo), argumentaron fuentes de su departamento.

La duda ahora está en la decisión que tomarán las diputaciones y los ayuntamientos vascos. El camino puede ser el iniciado por Bizkaia, que ha decidido, como primer paso, guardar en el cajón los 2,079 millones de euros que le corresponden de las cuotas a Elkarkidetza por sus trabajadores -ya incluidos en los Presupuestos de 2012-, «a la espera de poder utilizarlos este mismo año», según informó un portavoz de la institución. De forma paralela, instará la modificación del Real Decreto de 31 de diciembre, aunque no ha precisa por qué vía.

Todo ello, mientras estudia el alcance de la citada normativa, dadas las dudas que han surgido en las fuentes jurídicas que utiliza. Y también analiza la constitucionalidad de la misma con vistas a poner en marcha un recurso ante el Tribunal Constitucional.

El informe jurídico del Gobierno vasco, en cambio, considera que la subida en 2,5 horas de la jornada laboral hasta las 37,5 semanales dictada por Madrid no es de aplicación a los trabajadores de las administraciones vascas.

Las medidas de recorte en el sector público han provocado la indignación de los sindicatos, que han iniciado en diferentes frentes movilizaciones y protestas desde hace unos días. La más importante de todas es el paro de cuatro horas para el 9 de febrero convocado por ELA, LAB y STEE-EILAS en todo el sector público, incluidas las empresas de transporte como Metro Bilbao, Renfe o Aena. Dirigentes de estas centrales entregaron ayer en la sede del Gobierno vasco en Bilbao la convocatoria oficial de la protesta.