Hablar de responsabilidad penal por excederse de los límites presupuestarios en el gasto público es un farol político. Bastaría con robustecer las exigencias de responsabilidades por el Tribunal de Cuentas y que comporten sanciones económicas para el bolsillo del infractor y no para las arcas públicas. La responsabilidad penal suele diluirse si el político se rodea de funcionarios de libre designación, o dictámenes externos de pago, que prestan coartada a las decisiones, o si las decisiones peliagudas las llevan a un órgano colegiado que oculte la responsabilidad individual (Pleno, Consejo de Gobierno, etcétera). Si se quiere acabar con las extralimitaciones presupuestarias bastaría con algo tan simple como establecer por Ley básica como preceptivo y vinculante el informe del interventor para gastos que excedan cierta cuantía, perdiendo la competencia de gasto la autoridad que prescinda de tal informe o si se aparta de él.

Esto es un extracto de un articulo de Expansión: http://www.expansion.com/2012/01/19/funcion-publica/1326975928.html?a=bf9d1bf77a2cf18c277eca6ea17b35ec&t=1327307027