La Generalitat aplazará los pagos a sus proveedores y abonará con retraso hasta el 20% de la paga de Navidad a sus empleados públicos para hacer frente a la grave crisis de tesorería que atraviesa la Generalitat por el impago de 759 millones de euros que el Ejecutivo central le debía haber transferido antes de finales de año y que la vicepresidenta económica, Elena Salgado, anunció que no ingresaría. “Tendremos que adoptar medidas de excepción”, ha asegurado el consejero de Economía y Conocimiento, Andreu Mas-Colell, quien también ha explicado que esta mañana su departamento ha presentado un requerimiento al ministerio de Economía y Hacienda previo a la demanda que presentará dentro de un mes si el Gobierno central no transfiere esa cantidad. Además, trasladará a las “autoridades europeas” la negativa del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero a abonar esa cantidad. “Haremos todo lo posible para que tengan que avergonzarse. No ganarán prestigio”, ha asegurado muy enojado.

Los trabajadores públicos, según Mas-Colell, cobrarán su retribución mensual el próximo día 21 de diciembre, mientras que la paga extra no se entregará hasta el día 28 (habitualmente las dos pagas se cobran a la vez). Sin embargo, el consejero no puede garantizar ahora que los empleados de la Administración catalana cobren más del 80% de esa paga. El 20% restante, que equivale a una cantidad de entre 100 y 200 millones de euros, quedaría aplazado al año que viene, cuando se normalice la situación de la tesorería catalana.

Los 759 millones de euros que reclama la Generalitat corresponden a la liquidación de las inversiones pendientes de 2008 correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatuto, que prevé que la inversión en infraestructuras tenga el mismo peso que la economía catalana en el conjunto de España, del 18,5% del PIB. Si no se invierte todas estas cantidades, el protocolo de actuación fija habrá que abonarlas en una transferencia. “La comisión bilateral del día 19 aceptó esa cifra de 759 millones de euros y se ha ido confirmando a lo largo del año por parte del Ejecutivo central”, ha recordado Mas-Colell.

Ese dinero debe ir destinado a infraestructuras. Según fuentes del Ejecutivo catalán, el día antes de esa comisión, el 18 de julio, la Generalitat remitió una lista con todas las obras públicas que estaban en marcha y que sumaban esa cantidad. Mas-Colell ha denunciado este mediodía que los ministerios de Fomento y Economía siempre han mantenido una «actitud obstruccionista» a lo largo del año. A su juicio, si el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no ha abonado esa cantidad ha sido para ganar una décima de déficit en detrimento de las cuatro que pierde la Generalitat al dejar de ingresar esos 759 millones de euros. “La motivación no es otra que una voluntad de traspasar déficit de la Administración General del Estado a la Generalitat”, ha agregado.

Tras finalizar la comparecencia, Joaquim Nadal, presidente del Grupo parlamentario socialista, ha calificado de «exactas» las cifras que ha aportado el consejero de Economía al confirmar que el pasado 15 de diciembre el Gobierno tripartito acordó en una comisión mixta Estado-Generalitat que el Ministerio de Economía adeudaba los 759 millones de euros. «Apoyamos todas las iniciativas legales pero, dicho esto, el Gobierno catalán tiene que ser transparente y aclarar cómo administra su tesorería», ha señalado.

La Generalitat ya tuvo problemas de tesorería el pasado mes de septiembre, cuando tuvo que aplazar el pago a proveedores, en especial farmacéuticas y entidades sociales de atención a ancianos. El consejero ha asegurado esta mañana que a lo largo de la última parte de este año se ha ido abonando esa deuda, aunque ha admitido que todavía no está completamente liquidada. “El efecto septiembre no ha quedado eliminado y hay algunos trozos que aún deben encajarse”, ha remachado.

El portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, ha querido desvincular esa decisión de las medidas estructurales y coyunturales que se están negociando con los funcionarios para incorporar en los Presupuestos de 2012 y que prevén un ahorro de 625 millones de euros a través de reducción salarial, horaria y de beneficios sociales.