El Gobierno catalán también pretende suprimir los días de asuntos propios, más conocidos como «moscosos», que algunos colectivos de funcionarios y empleados públicos tienen pactados desde hace ya casi 28 años.
A las ya anunciadas propuestas del Gobierno catalán para ahorrar 100 millones de euros en personal de la Administración, entre las que habrá que reducir primas y complementos salariales como los de desplazamiento o disponibilidad, Mas también propondrá a los sindicatos en la Mesa de Función Pública rebajar el número de días libres retribuidos de los funcionarios.
Así lo admitía ayer en una entrevista en Radio 4 el portavoz del Gobierno catalán, Francesc Homs, tal como se hizo eco La Vanguardia. Homs no quiso calificar los moscosos como «privilegios» sino que son, dijo, «derechos adquiridos en el transcurso de los años». De hecho, la denominación de días ‘moscosos’ se remonta al año 1983, siendo ministro de la presidencia Javier Moscoso del Prado, quien promovió la legalización de estos días, por un lado, para ordenar las ausencias, por entonces injustificadas, del funcionariado, y por otra, para igualar las condiciones de los funcionarios, que carecían de convenio colectivo, con la del personal laboral de las administraciones públicas.
Según el portavoz del Gobierno autonómico, teniendo en cuenta que los funcionarios y personal laboral que trabaja para la Administración tienen, además de las vacaciones, entre una semana y once días de asuntos propios, «tras una época de bonanza económica hay que ‘resituar’ estos derechos al contexto actual de crisis (…). En la empresa privada lo ha hecho todo el mundo. En las cosas que son más prescindibles hay que ahorrar para no llegar a tocar los servicios más sensibles», prosiguió Homs en la entrevista que recoge Europa Press.
Si en la empresa privada el número de días propios recogido en convenio suele oscilar -cuando existen- entre dos y tres días de asuntos propios al año, los trabajadores públicos cuentan con una media de seis días o 42 horas libres al año de permiso retribuido, que se acumulan con los trienios adquiridos y los días de vacaciones, además de licencias de asuntos propios (no retribuidas). En las autonomías el número de moscosos es mayor -ocho días en Cataluña, y en otras, como la Xunta de Galicia, los han aumentado a nueve.
Los sindicatos ya prevén paros y movilizaciones
La Generalitat ha citado cita a los sindicatos a iniciar la negociación salarial prevista en el anteproyecto de ley de Presupuestos los próximos días 30 de noviembre y 1 de diciembre.
El portavoz del Gobierno de Mas entiende que los sindicatos de la Función Pública acudan a la reunión negociadora con un inicial rechazo, pero también ha pedido que se sienten a la mesa a negociar los próximos días porque, en su opinión, se trata de propuestas «asumibles» que se implementan para evitar echar a trabajadores. Es más, detallaba ayer el portavoz de Gobierno, se aplicarán sólo en 2012 y se hará de forma proporcional sobre el sueldo.
El máximo representante del ejecutivo catalán en el encuentro será la secretaria de la Administración y Función Pública, Pilar Pifarré, que depende de Gobernación, según ha explicado a Efe un portavoz de la consellería. Los sindicatos presentes en la mesa del sector público catalán son CCOO, UGT e IAC (Intersindical Alternativa de Cataluña).
La representante de CCOO Josefina Pujol ha explicado a Efe que «cualquier modificación de las condiciones salariales tendría que haberse negociado en la mesa del sector público antes de ser anunciada y ha subrayado que, si no se consensúan medidas alternativas la próxima semana, el sindicato promoverá movilizaciones de los empleados públicos». Coincide con la UGT, que ha recordado que los empleados públicos acumulan recortes y congelaciones salariales.
El portavoz de la Intersindical Alternativa de Cataluña, Luís Blanco, se ha mostrado contrario a cualquier rebaja salarial y asegura «que los cuatro miembros de su colectivo abandonarán la mesa si la Generalitat no acepta medidas alternativas».
Los sindicatos reconocen que, en la mesa del sector público, «no tienen margen de maniobra para alterar las decisiones del Govern y que no funciona el sistema de mayorías sindicales». Por eso las protestas se perfilan como probable reacción al anteproyecto del ejecutivo.
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