El Gobierno aprobará el 30 de agosto la Ley Municipal

Del Diario vasco de hoy mismo:
El Ayuntamiento más bonito que he visto nunca
 
Después de tres décadas de espera, Euskadi está a punto de contar con su primera Ley Municipal, una norma fundamental para regular el sistema competencial y de financiación entre las principales instituciones vascas: Gobierno, diputaciones y ayuntamientos. El Ejecutivo de Patxi López aprobará el 30 de agosto -en el primer Consejo de Gobierno tras el verano, que se celebra habitualmente en el Palacio Miramar de San Sebastián- un proyecto que posteriormente será debatido en el Parlamento y que, si se mantiene en términos similares a su redacción inicial, recortará de forma sensible el poder de las entidades forales a la hora de decidir el reparto del dinero destinado a los municipios. Ahí radicará previsiblemente uno de los focos de conflicto entre los partidos, ya que el PNV ha mostrado sus reticencias a una medida de ese tipo.
La aprobación de una Ley Municipal es una de las asignaturas pendientes del entramado autonómico vasco desde la aprobación del Estatuto de Gernika. En casi 32 años de autogobierno, las fuerzas políticas han sido incapaces de consensuar una norma de ese tipo. Con matices, el problema ha sido siempre el mismo: el papel de las diputaciones y los servicios que acaban prestando los ayuntamientos sin tener una financiación asignada a tal efecto.
Sacar adelante esta regulación es uno de los objetivos prioritarios que el PSE se fijó al llegar al Gobierno Vasco en 2009. La redacción del proyecto quedó en manos del secretario general de la Presidencia, Manuel Salinero, quien ya el pasado mes de octubre hizo público parte del borrador. El único motivo por el que no se aprobó entonces es que tanto el Gobierno como la Asociación de Municipios Vascos (Eudel) -que estará presidida hasta septiembre por el exalcalde de Tolosa Jokin Bildarratz (PNV)- consideraron oportuno postergar el debate parlamentario hasta después de las elecciones del pasado 22 de mayo.
La ley diseñada por el Ejecutivo se centra en dos aspectos: la clarificación competencial y la financiación. En lo que respecta a la primera cuestión, se ha establecido un catálogo con cerca de 35 epígrafes -sanidad, seguridad, etc-. Cada uno de ellos, a su vez, incluye un número de funciones «tremendo». Se trata de un listado de servicios que los ayuntamientos vascos podrán ofrecer, pero que no estarán en obligación de hacerlo.
Los responsables del Gobierno ponen como ejemplo uno de los apartados: la gestión de mataderos. «Eso no quiere decir que todos los pueblos vascos tengan que tener un matadero, sino que, si lo hay, dependerá del ayuntamiento». Será cada consistorio, en función de su población, de la voluntad política o de sus necesidades, el que decida qué quiere ofrecer a sus vecinos.
Falta de fondos
El equipo de Patxi López tiene el convencimiento de que la mayoría de los ayuntamientos no se quejan de un exceso de competencias, sino de no tener fondos para atenderlas adecuadamente. Un caso práctico al que siempre aluden los alcaldes, sean del signo que sean, es el de las ayudas de emergencia social (AES), que cobran personas sin apenas recursos para atender sus necesidades básicas. Los fondos los aporta el Ejecutivo vasco, pero su reparto es tramitado por los ayuntamientos.
En época de crisis, son las ventanillas de los servicios sociales de base las que deben aguantar las quejas de los ciudadanos por la falta de dinero. A pesar del cambio normativo, la secretaría general de Presidencia ha considerado que las AES deben seguir siendo administradas por los consistorios al ser las instituciones más cercanas; lo que se prevé es mejorar la financiación.
Para solventar los conflictos que puedan surgir se crea un ‘servicio de alertas tempranas’, dentro del llamado Consejo de Políticas Vascas en el que, por ahora, está segura la participación del Gobierno y de los ayuntamientos. Se espera que también se integren las diputaciones. Será un foro en el que se debatirá cada nuevo servicio. Incluso, Eudel podría mostrar su rechazo si cree que hay una «invasión competencial». No tendría derecho a veto, pero sí obligaría al Ejecutivo a justificar mediante un informe su decisión de seguir adelante.
Sin embargo, la columna vertebral de la nueva normativa es la financiación. En la actualidad, el reparto de los fondos públicos se establece en el Consejo Vasco de Finanzas, donde hay tres representantes por parte del Gobierno y uno por cada una de las tres diputaciones. También está Eudel, pero sin voto. En estos momentos, de cada 100 euros recaudados por las haciendas forales, 70 acaban siendo administrados directamente por el Ejecutivo. Los otros 30 van a las diputaciones que, a su vez, reparten según su propio criterio una parte de ese dinero a los ayuntamientos, que tras este sinuoso recorrido se quedan con cerca del 15% ingresado por las arcas públicas.
Serán concejales
Un complejo escenario que puede enredarse aún más. La futura ley otorga a los municipios derecho a voto en el Consejo Vasco de Finanzas, donde contarán con tres representantes. Tendrán que ser al menos concejales y deberán ser designados por la «organización con mayor implantación» en Euskadi. El texto redactado por el Gobierno no menciona a Eudel, ya que «en un futuro podría aparecer otra entidad con más representación». Simplemente se trata -insisten desde Lehendakaritza -de una cautela jurídica que, sin embargo, abre alguna interrogante. ¿Y si Bildu recupera Udalbiltza? «No supone ningún problema; en este caso, Eudel seguiría siendo la que entraría en el Consejo de Finanzas», subrayan desde el Gobierno.
A la hora de elegir la delegación municipal no se aplicarán criterios territoriales, o lo que es lo mismo, no tendrá que haber necesariamente un guipuzcoano, un vizcaíno y un alavés. Un esquema que sintoniza con una de las máximas de López: «tres territorios, un país». Sin embargo, sí que habrá una cuota ‘partidista’: deberán pertenecer a cada uno de los tres partidos más votados en las anteriores elecciones municipales. Si estuviese en vigor, y teniendo en cuenta lo sucedido el 22-M, serían del PNV, Bildu y PSE.
Con el actual mapa institucional, en el conjunto del Consejo Vasco de Finanzas habría cuatro representantes del PSE, dos de Bildu, dos del PP y uno del PNV. Socialistas y populares tendrían la mayoría. Hasta el 22-M la distribución hubiese sido PNV (4), PSE (4) y PP (1).
Además, también varía el sistema por el que se divide el dinero entre las tres administraciones. Frente a las reclamaciones de algunos ayuntamientos, que querían que se subiese uno o dos puntos el 15% actual, el Gobierno ha optado por no establecer una tasa fija, ya que considera que la partida presupuestada tiene que depender de las competencias que haya en ese momento. Aún así, el nuevo modelo otorgará mayor capacidad monetaria a los organismos locales.