Consideraciones urgentes LEY DE INSTITUCIONES LOCALES DE EUSKADI (web Eudel)

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http://www.eudel.eus/

El documento está a la izquierda dentro de “EUDEL te recomienda”.

PRESENTACIÓN

Este documento surge como necesidad a dejar constancia de algunas preguntas y sus respectivas respuestas en el momento de la entrada en de la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Es fruto por tanto de una interpretación urgente y necesaria que se confía que pueda ser revisada y analizada en profundidad en un futuro inmediato.

La iniciativa de conformar tal Grupo de Trabajo provino de COSITAL y, en particular, de una serie de personas titulares de la Secretaría o de la Secretaría-Intervención de determinados Ayuntamientos vascos que suscitaron la necesidad de llevar a cabo una lectura compartida y contrastada de algunas de las cuestiones que se regulan en este importante texto normativo aprobado recientemente por el Parlamento Vasco. EUDEL acogió esa iniciativa, asumiendo la coordinación y la difusión del trabajo que se estime oportuna.

La metodología del trabajo, que también se recoge en la estructura del documento, ha pivotado sobre las preguntas y respuestas formuladas por los diferentes miembros del grupo que desarrollaban su actividad en puestos de trabajo de Secretaría, Secretaría-Intervención, de Letrados o Técnicos de algunos Ayuntamientos vascos. Esas preguntas y respuestas han sido debatidas en el seno del Grupo y, por lo general, se ha llegado a una interpretación común, aunque en algunos puntos han existido –como es obvio presumir- ciertas diferencias de interpretación o de alcance de las respectivas normas analizadas. Una vez sentada la posición común, se ha a la redacción de borradores del presente Documento, que en sus diferentes versiones ha estado abierto a modificaciones o propuestas de mejora. Finalizado este trabajo de contraste se ha elaborado el documento final que se presenta.

El tiempo de ejecución del trabajo de contraste ha sido breve (junio-primera quincena de septiembre de 2016) e intentando que también sea lo más inmediata posible la difusión de las conclusiones a las que se ha llegado, solo se han analizado aquellos problemas que han sido suscitados por los miembros del grupo.

Ni que decir que este documento tiene un objetivo limitado y pretende ser solo un acercamiento a los problemas más prácticos que la aplicación de la ley plantea. Por consiguiente, este documento no es sino un análisis parcial y, en todo caso, puntual de algunos de los problemas que se pueden suscitar en la aplicación de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi (LILE, en lo sucesivo), desde la perspectiva de un conjunto de operadores técnico-jurídicos municipales.

No se busque aquí, por tanto, ni una reflexión conceptual ni menos aún un enfoque académico a los problemas suscitados, dado que lo único que se pretende en las páginas que siguen es acotar o identificar problemas aplicativos y buscar posibles respuestas que doten de coherencia a las cuestiones expuestas.

Finalmente se quiere mencionar que el texto de la LILE ha sido objeto recientemente de una importante Corrección de Errores publicada en el BOPV número 123, de 29 de junio. Asimismo, cabe resaltar que el Boletín Oficial del País Vasco (Resolución de 5 de julio de 2016, del Viceconsejero de Régimen Jurídico)1 y el Boletín Oficial del Estado (Resolución de 15 de julio de 2016, de la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local) han publicado el Acuerdo de la Comisión Bilateral de Cooperación Administración del Estado-Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco en relación con la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi (BOE núm. 180, de 27 de julio de 2016) que establece la iniciación de negociaciones para resolver las discrepancias suscitadas en relación con algunos artículos de la LILE2, que no obstante, y como no podría ser de otra manera, se mantienen en vigor en el momento de cerrar este trabajo.

Contratos indefinidos y temporales: prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso TJUE “de Diego Porras”) (blog Ignasi Beltran)

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La STJUE 14 de septiembre 2016 (C-596/14), Asunto de Diego Porras, resuelve una cuestión prejudicial que versa sobre la interpretación de la cláusula 4 del Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada.

En esencia, como han recogido ya algunos medios de comunicación, aunque está referida a un contrato de interinidad, de su  formulación se extrae que el citado Acuerdo Marco exige la equiparación de las indemnizaciones de los contratos temporales y los indefinidos.

De hecho, se trata de una sentencia que ya ha sido objeto de comentario – ELP 19/9/16 (de lectura imprescindible) del profesor Jesús Cruz Villalón (y que afirma que “Estaría obligando a tratar de modo idéntico a temporales e indefinidos en la indemnización a percibir por extinción del contrato”; y llevando a la creación de “un contrato único por vía judicial”).

No cabe duda que se trata de una sentencia con un indiscutible impacto, no sólo en el mercado de trabajo español, sino también en el europeo (cuyos efectos “colaterales” en las diversas dimensiones implicadas son, por el momento, difíciles de determinar).

Resto del post:

Contratos indefinidos y temporales: prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso TJUE “de Diego Porras”)

 

Adiós al puesto fijo y trienios para los funcionarios italianos (ABC)

Se acabó el puesto fijo y el pago por antigüedad para los funcionarios italianos. El gobierno de Matteo Renzi aprobará un decreto, en el contexto de la reforma de la Administración pública, que permitirá que caigan esos dos pilares fundamentales de los empleados del Estado. Cada año todas las administraciones deben comunicar al ministerio los «excedentes de personal» con respecto a las «exigencias de funciones o la situación financiera». Con otras palabras: Se deben señalar los funcionarios que no sirven o que, por la situación financiera, no conviene tener en nómina.

Resto de la noticia:

http://www.abc.es/internacional/abci-adios-puesto-fijo-y-trienios-para-funcionarios-italianos-201607270355_noticia.html?ns_campaign=gs_ms&ns_channel=abc_es&ns_fee=0&ns_linkname=cm_general&ns_source=fb

 

Sentencia Social sobre la limitación de contratación de personal (Gracias @aingerulaguna)

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La web de la Asociación de Letrados de Entidades Locales ha conseguido la sentencia de la OPE de Euskal Irrati Telebista:

La Sentencia de instancia del Juzgado de lo Social n. 1 de Bilbao considera que la regularización de situaciones laborales preexistentes no vulnera la limitación de la contratación de personal establecida en los Presupuestos Generales del Estado, Disposición Adicional 20ª de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.

Post completo y sentencia:

http://letradosentidadeslocales.es/noticias/sentencia-social-sobre-la-limitacion-de-contratacion-de-personal/

 

 

Abogado de la UE avala que la edad límite de acceso a la Ertzaintza sea 35 años (actualizada)

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El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) Paolo Mengozzi ha afirmado hoy que el límite de edad de acceso a la Ertzaintza, de 35 años, para garantizar su buen funcionamiento, es compatible con la directiva sobre la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

BRUSELAS. La directiva para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación, “no se opone” a esta disposición “en la medida en que este límite sea estrictamente necesario para restablecer una estructura de edades que ya no suponga un riesgo para el carácter operativo y el buen funcionamiento de los servicios de dicha policía”, ha explicado el abogado general de la corte de Luxemburgo

Noticia completa:

http://www.deia.com/2016/07/21/politica/euskadi/abogado-de-la-ue-avala-que-la-edad-limite-de-acceso-a-la-ertzaintza-sea-de-35-anos

Texto conclusiones:

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30dd147b6c30acf34c56acefa8230501f5f5.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxuTbNn0?text=&docid=181932&pageIndex=0&doclang=es&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=84282

TJUE: Un trabajador debe cobrar las vacaciones no disfrutadas si deja su puesto

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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha señalado que, si un trabajador decide voluntariamente dejar un empleo, tiene derecho a recibir una compensación económica si no ha podido agotar total o parcialmente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha afirmado que cuando un trabajador pone fin por voluntad propia a la relación laboral tiene derecho a recibir una compensación económica si no ha podido agotar total o parcialmente su derecho a vacaciones anuales retribuidas.

En una sentencia hecha pública el 20 de julio, que responde a una solicitud del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo de Viena, el TJUE recuerda que el derecho comunitario prevé que todos los trabajadores dispondrán de un periodo de al menos cuatro semanas de vacaciones anuales retribuidas.

Noticia completa:

http://www.expansion.com/juridico/sentencias/2016/07/20/578fa2ea22601df2178b45ea.html

Teneis la sentencia en el primer comentario a este post.

La falta de mención del título de Graduado en una convocatoria no puede considerarse una exclusión del mismo sino una laguna a completar por art. 76 del EBEP

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Estima el TS el recurso interpuesto, y revoca la sentencia que confirmó la resolución de la Comunidad Foral de Navarra que declaró la imposibilidad del recurrente de ser nombrado como funcionario, por no cumplir el requisito de titulación establecido en la convocatoria de cinco plazas de Ingeniero Industrial, al haber aportado el título de Graduado en Ingeniería Eléctrica.

Iustel

Declara la Sala que se ha vulnerado, por inaplicación, el art. 76 del EBEP, de obligado cumplimiento para las Comunidades Autónomas, precepto que establece que el título universitario de Grado es válido y suficiente para el acceso a los cuerpos y escalas funcionariales del grupo A con la salvedad de que “En aquellos supuestos en los que la ley exija otro título universitario será este el que se tenga en cuenta”. En el caso enjuiciado ni los actos administrativos objeto de impugnación, ni la Administración demandada, han invocado una norma con rango de ley que establezca la necesidad de un título distinto al de Graduado para el ejercicio profesional que conlleva la plaza a la que estaba referido el proceso selectivo litigioso. En consecuencia, la falta de mención del título de Graduado o Graduada en la convocatoria litigiosa no puede considerarse una exclusión del mismo sino una laguna a completar con lo establecido en el art. 76 del EBEP.

Resto de la noticia:

http://laadministracionaldia.inap.es/noticia.asp?id=1155801

 

El Gobierno vasco aprueba el “Proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas”

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  • Se aplicará en el ámbito de la CAE, territorial y municipal, con medidas especialmente ligadas a la gestión de edificios y vehículos.
  • Las administraciones, cada una en su ámbito, deberán alcanzar una reducción del consumo de energía del 25% en 2025.
  • Las administraciones deberán elaborar auditorias y planes, tanto de eficiencia como de movilidad, encaminadas a reducir el consumo
  • En 2025, al menos, un 25% de los edificios deberá disponer de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.
  • el 100% de la flota renovada deberá usar combustibles alternativos a partir de 2020. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de Ley de Sostenibilidad Energética de las Administraciones Públicas Vascas que afectará a todas las instituciones de ámbito municipal, territorial y de la CAE, encaminada a la reducción del consumo energético, el impulso de la sostenibilidad energética, y la protección del medio ambiente mediante la implantación de instalaciones de energía renovable en edificios públicos.El proyecto de ley se aprueba después de que el Gobierno Vasco asumiera en setiembre de 2015 los compromisos adquiridos en el Decreto de Sostenibilidad Energética para el conjunto de sus edificios y de los entes públicos.

    Recientemente, además, el Gobierno Vasco ha aprobado la Nueva Estrategia Energética 2030 que establece, entre otros objetivos, la intensificación de las actuaciones en eficiencia energética en todos los sectores consumidores, con un ahora previsto de 1.250.000 tep (tonelada equivalente de petróleo) para el año 2030.

    ―Queremos ser una Administración Pública responsable, ejemplar y referente en cambio climático y para lograr la implicación de todos los agentes de la sociedad vasca es necesario impulsar una acción ejemplarizante desde todos los órganos de la administración pública‖.

    El nuevo Proyecto de Ley se estructura en tres capítulos, tres disposiciones adicionales y dos disposiciones finales.

  • ObjetoEl Proyecto de Ley articula los deberes y obligaciones que deben cumplir las administraciones orientadas al impulso de medidas de ahorro y eficiencia energética y de promoción e implementación de energías renovables.El ámbito de actuación será el conjunto de instituciones de carácter municipal, territorial y de la CAE así como sus organismos autónomos, entes púbicos de derecho privado y sociedades públicas.

    Los objetivos del proyecto de Ley:

    La propia ley prevé que las administraciones, cada una en su ámbito, deberán alcanzar una reducción del consumo de energía del 25% en 2025. Junto con este claro objetivo cabe destacar los siguientes:

     Impulsar la eficiencia en el uso de la energía y la promoción del ahorro

     Promocionar e implantar las energías renovables

     Aminorar progresivamente el uso del petróleo

     Promocionar y fomentar el transporte con combustibles alternativos

     Reducir la emisión de gases

     Reducir la factura energética de la Administración

     Promocionar y fomentar la investigación y el desarrollo de técnicas y tecnologías que ayuden al ahorro de energía.

     Prevenir y limitar los impactos del uso de la energía en el medio ambiente.

     Integrar los requisitos de la sostenibilidad energética en las distintas políticas públicas y, en particular, en las de ordenación del territorio, urbanismo, vivienda y transportes.

     Colaboración y acuerdos entre administraciones.

     Divulgar los beneficios de la eficiencia energética.

    Comisiones para la Sostenibilidad en cada administración.

    Según lo dispuesto en el proyecto de ley, cada administración contará con una Comisión para la Sostenibilidad Energética. Las administraciones de más de 25.000 habitantes deberá crearla en el plazo de un año, una vez entre en vigor la ley, y en el plazo de dos años los municipios de entre 5.000 y 25.000 habitantes.

    Esta Comisión deberá aprobar un inventario de los elementos de su administración o municipio; supervisar y garantizar el cumplimiento de la ley, e informar periódicamente sobre el estado de su Plan de actuación energética.

    Las acciones que prevé y exige el proyecto de ley se estructuran en torno a actuaciones generales de la administración, sus edificios y aspectos de movilidad.

    ACCIONES

    Inventario

    Las administraciones realizarán un inventario de edificios, parque móvil e instalaciones de alumbrado público, midiendo el consumo y gasto energéticos de cada edificio, de su parque móvil y de su alumbrado público.

Medidas concretas a asumir por las administraciones:

Control de consumos: en el plazo de un año desde que entre la ley en vigor, los edificios e instalaciones de cada administración con potencia instalada superior a los 25 KW deberán disponer de contadores de energía eléctrica.

auditorias energéticas: en el plazo de tres años, los edificios de las administraciones con potencia térmica superior a 70 kW deberán contar con una auditoria energética con un diagnóstico sobre su consumo y medidas de mejora.

Estas auditorias recogerán el consumo anual; el porcentaje de las diferentes fuentes suministradoras de energía; medidas a aplicar para su mejora; actuaciones en materia de energías renovables.

Planes de actuación energética: asimismo, todas las administraciones deberán realizar un Plan de actuación Energética con un diagnóstico que desglose las fuentes de consumo, incluido el alumbrado público, y medidas de sostenibilidad energética de acuerdo a su propia auditoria y a las exigencias de la presente ley.

Uso de energía procedente de energías renovables

Cada administración deberá lograr para 2025 que, al menos, un 25% de sus edificios disponga de instalaciones de aprovechamiento de energías renovables.

Para ello, en las licitaciones para compra de energía eléctrica se valorará especialmente el origen renovable de la misma y se podrá exigir que el 10% de la energía adquirida sea energía eléctrica verde, siempre y cuando ello fuera económicamente razonable.

Renovación de instalaciones, equipos, flotas y vehículos

Se instalarán sistemas de gestión centralizada que pueden incluir la monitorización de consumos.

Los productos, servicios y edificios que se adquieran, deberán tener un alto rendimiento energético de manera que pertenezcan a la clase de eficiencia más alta, especialmente, en compra de equipos de climatización, agua caliente sanitaria, equipos ofimáticos y alumbrado.

Respecto a los vehículos, se considerará su ciclo de vida, impactos energéticos y medioambientales que genera.

EDIFICIOS

Medidas a cumplir:

 Todos los edificios de la administración deberán disponer de Certificado de Eficiencia Energética en el plazo de dos años.

 El 25% de los edificios existentes de cada administración, cuyo nivel de calificación energética sea inferior a B, deberán mejorar dicha calificación un nivel como mínimo, antes de 2025.

Se establecen excepciones, por ejemplo, en edificios de valor arquitectónico e histórico, lugares de culto, y construcciones provisionales para un uso inferior a dos años.

TRANSPORTE Y MOVILIDAD

Se trata de un área de especial relevancia sobre el que actuar con medidas y objetivos concretos.

Combustibles alternativos en vehículos propios:

A partir de 2020, el 100% de los vehículos que se adquieran deberán utilizar combustibles alternativos.

No afecta a departamentos que por razones de seguridad pública (de personas, sanitaria o medioambientales), precisen de un mínimo de vehículos de transporte impulsados por combustibles derivados del petróleo.

 Las administraciones municipales deberán facilitar para 2025 que exista en cada municipio un punto de recarga de vehículo eléctrico por cada 2.000 habitantes.

 Los edificios de nueva construcción habrán de constar con puntos de recarga de vehículos eléctricos y de espacios para facilitar el uso y aparcamiento de bicicletas.

Servicio público de transporte de viajeros y viajeras por carretera

Se tenderá progresivamente al uso de transporte público con combustibles alternativos y los pliegos de adjudicación tendrán en cuenta que el 100% de la flota renovada deberá usar combustibles alternativos a partir de 2020.

Restricciones a la circulación de vehículos

Los municipios podrán prohibir o restringir el acceso a determinadas zonas de vehículos que no usen combustibles alternativos o que sobrepasen determinados niveles de emisión.

Podrán priorizar y discriminar positivamente el aparcamiento de vehículos que empleen combustibles alternativos.

Planes de movilidad

En dos años, los municipios con más de 25.000 habitantes deberán adoptar un plan de movilidad urbana, y en tres años los de entre 5.000 y 25.000 habitantes.

Las diputaciones deberán disponer de un Plan de movilidad interurbana.

Este plan recogerá, entre otros, los distintos modos de transporte y su incidencia en el uso de la energía y preverá medidas sobre instalaciones de punto de recarga para vehículos de combustibles alternativos, incentivará el transporte público, alternativas al transporte privado, y fomento de bicicletas, entre otros.

Comunicación y formación de la gestión de la eficiencia energética

Finalmente, las administraciones deberán publicar las medidas que tomen para incrementar el ahorro y la eficiencia a través de un informe donde concrete el tipo de consumo energético desglosado por edificios y fuentes energéticas empleadas, inversiones realizadas o el grado de cumplimiento de la Ley por parte de cada administración.

Realizarán un plan de formación del personal de su ámbito sobre técnicas para aumentar el ahorro y eficiencia energética.

Exhibirán de manera obligatoria la etiqueta de eficiencia energética de edificios, y de vehículos nuevos que se adquieran información el tipo de combustible que emplea.

 

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE NÓMINAS (Blog Borja Medín)

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De manera habitual y con la finalidad de reducir costes, cada vez son más las empresas que optan por la externalización de la gestión de las nóminas en asesorías o gestorías especializadas en ello que por consiguiente comienzan a acceder a datos personales de empleados o clientes.

En concreto, en el caso en que la empresa facilite los datos a la gestoría, precisamente con la finalidad de que por la misma se desarrollen las debidas actividades de tratamiento de los datos (por lo que será el cliente- la empresa- quien decida sobre la finalidad y use de la información), aquella – la empresa– tendrá la condición de responsable del fichero….

Post completo:

PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EXTERNALIZACIÓN DE LA GESTIÓN DE NÓMINAS

 

Distinción en el derecho comunitario entre permiso por maternidad y permiso parental. Nota a la sentencia del TJUE de 16 de junio. (Blog Eduardo Rojo)

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Pues bien, el conflicto laboral (y utilizo ahora esta expresión sin tomar en consideración la naturaleza del vínculo jurídico entre las partes) se suscitó tras la finalización del período de maternidad de la socia trabajadora que había dado a luz un hijo el 19 de agosto de 2013. En efecto, al reincorporarse a su actividad profesional la socia trabajadora, según se recoge en el apartado 26 de la sentencia, solicitó a la cooperativa modificar la regulación de su jornada y horario de trabajo, en atención al hecho de tener la guarda legal de su hijo y amparando su petición “en el artículo 7, apartados 5 y 6 del Estatuto de los Trabajadores”. Hasta el momento de la suspensión de la relación contractual por maternidad la demandante trabajaba en turnos semanales rotatorios, de 8 a 15 y de 15 a 22 horas, y dos domingos al mes de 8:30 a 15. La petición fue la reducir su jornada a 30 horas semanales y pasar a un turno fijo de mañana, de lunes a viernes, de 9 a 15 horas. La dirección de la cooperativa dio el visto bueno a la primera petición, pero rechazó la del cambio de turno alegando (apartado 27) “que aceptarla provocaría un exceso de personal en el turno de mañana”.

 

Post completo: http://www.eduardorojotorrecilla.es/2016/07/distincion-en-el-derecho-comunitario.html

 

 

COMUNICACIÓN AL TRABAJADOR DE LA EXISTENCIA DE CÁMARAS DE VIGILANCIA PARA EL CONTROL LABORAL

Del blog de Borja Medín

El apartadociclo-procrastinacion 3 del artículo 20 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores faculta al empresario para adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su dignidad humana y teniendo en cuenta la capacidad real de los trabajadores disminuidos, en su caso. Entre estas medidas puede estar la captación y/o tratamiento de imágenes sin consentimiento.

Estas prácticas se encuentran sometidas a la LOPD y la Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre, de la Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras.

Resto del post:

Comunicación al trabajador de la existencia de cámaras de vigilancia para el control laboral

 

 

Carles Ramió: ¿Una administración invisible o fantasmagorica?

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Del blog de espublico:

La consultora PwC  ha elaborado el informe Administración 2033. La Administración invisible(PwC, 2016) que es uno de los pocos estudios de prospectiva  sobre la Administración pública que se pueden encontrar publicados.  Este trabajo hace un repaso a los principales cambios del presente y del futuro inmediato (un ciudadano más exigente, los cambios demográficos, la competencia por la atracción de inversión entre los distintos territorios, la importancia de la tecnología, el desarrollo urbano y el cambio climático).  Posteriormente dibuja unos esbozos de cómo debe ser la Administración pública del futuro en función de cinco vectores: a) Nuevo contrato con los ciudadanos:  gobernando,  codiseñando y participando; b) Recuperando la legitimidad a través de la transparencia y gobernanza de la Administración; c) Ganando posiciones en la carrera tecnológica; d) Impulsando el desarrollo económico y competitivo: crecimiento inteligente y empleo sostenible; d) transformando la organización y el liderazgo.

Resto del post:

 

¿Una Administración invisible o fantasmagórica?

Un juzgado desestima la demanda del Estado contra la OPE de Eusko Irratia

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Deia.

La convocatoria tenía por objeto regularizar la situación laboral del personal “indefinido no fijo”

EFE – Miércoles, 6 de Julio de 2016 – Actualizado a las 18:10h

El Abogado del Estado presentó una demanda contra la OPE de las radios de EiTB por entender que incumplía la disposición adicional de los Presupuestos Generales del Estado de 2014 que impedía a las sociedades mercantiles públicas contratar nuevo personal.

La sentencia del juzgado bilbaIno, a la que ha tenido acceso Efe, ha rechazado la demanda porque que esa OPE tenía por objeto regularizar la situación laboral del personal “indefinido no fijo”, una “tipología de contrato atípica” según la dirección de EiTB, y no la contratación de nuevo personal.

Noticia completa:

http://www.deia.com/2016/07/06/politica/estado/-un-juzgado-desestima-la-demanda-del-estado-contra-la-ope-de-eusko-irratia-

Si alguien me envía la sentencia, pues… se lo agradecería mucho.

Nuevos modelos de formación para empleados públicos

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Nuevos modelos de formación para empleados públicos

Guía para la transformación

Este libro aborda uno de los aspectos de mayor trascendencia en las organizaciones: el aprendizaje. Actualmente, la forma de entender el conocimiento y el aprendizaje ha cambiado, pero la formación no lo ha hecho con la misma intensidad. Las personas ahora son más autónomas, reivindican aprendizajes activos y ofrecen su conocimiento como gran activo para la Administración pública. Esta guía señala la urgencia de transformar las metodologías tradicionales y, para ello, ofrece directrices y experiencias que pueden ser útiles tanto a responsables de formación y formadores, como a las personas interesadas en el aprendizaje. A lo largo de la obra se analizan los tres métodos más usuales de formación: el tradicional, el de competencias y, el más novedoso, el basado en el aprendizaje social y colaborativo. A continuación, se ofrece un modelo de síntesis que integra los principales elementos de las propuestas anteriores, así como una propuesta de aplicación del nuevo modelo. Se desarrolla, asimismo, la relación entre formación y gestión del conocimiento y la articulación de arquitecturas participativas. En el capítulo final, se presentan pautas específicas sobre liderazgo, innovación y gestión para conducir la transformación de la formación en el entorno de la Administración pública.

ISBN: 9788491163282

Publicación: 05/2016

 

El estado puede imponer jornada mínima de 37.5

Esta es la entrada nº 1000 en este blog. Nunca hubiera pensado que podría llegar a este número de entrada.

Pay-Go

Fundamentos 7 y 8 de la Sentencia 99/2016, de 25 de mayo de 2016, del Pleno del TC.

Recurso de inconstitucionalidad 1743-2013. Interpuesto por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña en relación con diversos preceptos de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de presupuestos generales del Estado para el año 2012. Límites de las leyes de presupuestos; competencias en materia laboral, ordenación general de la economía y función pública; principio de autonomía financiera: constitucionalidad de los preceptos legales que suspenden y modifican diferentes previsiones de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia, y establecen la jornada general de trabajo en el sector público. Voto particular.

  1. La última de las previsiones recurridas es la contenida en la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012, cuyo tenor es el siguiente:

«Jornada general del trabajo en el Sector Público.

Uno. A partir de la entrada en vigor de esta Ley, la jornada general de trabajo del personal del Sector Público no podrá ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual.

A estos efectos conforman el Sector Público:

  1. a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.

Asimismo, las jornadas especiales existentes o que se puedan establecer, experimentarán los cambios que fueran necesarios en su caso para adecuarse a la modificación general en la jornada ordinaria.

En todo caso, las modificaciones de jornada que se lleven a efecto como consecuencia del establecimiento de esta medida, no supondrán incremento retributivo alguno.

Dos. Con esta misma fecha, queda suspendida la eficacia de las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y Convenios vigentes en los entes, organismos y entidades del Sector Público indicados en el apartado anterior, que contradigan lo previsto en este artículo.

Tres. Esta disposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de los artículos 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución española.»

El escrito del recurso articula la impugnación de esta disposición en torno a dos reproches. Por un lado, afirma que la norma no respeta el orden constitucional de distribución de competencias. Por otro, considera que vulnera el art. 134.2 CE por entender que su regulación no puede formar parte del contenido de una ley de presupuestos.

Se analiza en primer lugar la queja competencial. La demanda considera que la indicada disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no encuentra cobertura en el art. 149.1.13 CE, porque su contenido no es económico ni tiene un efecto directo en el ahorro del gasto público. Asimismo, entiende que la previsión cuestionada se superpone a lo dispuesto en el estatuto básico del empleado público y excede el concepto de bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas y del régimen estatutario de sus funcionarios a que se refiere el art. 149.1.18 CE, por lo que considera vulnerada la competencia de ordenación y organización de la función pública reconocida a la Generalitat de Cataluña en el art. 136 a) y b) EAC, al tiempo que, al hilo de esta denuncia, plantea la posibilidad de que, atendida la diversidad de Administraciones y de tareas de los empleados públicos, la implantación de la medida de forma general pudiera ser contraria al principio de eficacia previsto en el art. 103 CE. De modo similar, tampoco admite que la disposición impugnada encuentre amparo en el art. 149.1.7 CE, por considerar que la fijación de la duración de la jornada de trabajo del personal laboral del sector público no es objeto propio de la legislación laboral, razón por la que nuevamente denuncia la invasión de su competencia reconocida en el art. 136 EAC.

En primer lugar, se debe encuadrar la cuestión controvertida a efectos de determinar las competencias estatales en la materia. El apartado 3 de la norma impugnada proclama su carácter básico en cuanto que afirma que se ha dictado «al amparo de los artículos 149.1.7, 149.1.13 y 149.1.18 de la Constitución española». Además de la incorrección que supone la calificación de la competencia estatal en materia de legislación laboral como básica (por todos, ATC 55/2016, de 1 de marzo, FJ 3), ese encuadramiento competencial es susceptible de ser revisado por este Tribunal (STC 18/2016, FJ 10), porque e no se encuentra vinculado por «las incardinaciones competenciales contenidas en las normas sometidas a su enjuiciamiento» (STC 144/1985, de 25 de abril, FJ 1).

Para encuadrar la competencia hemos de atenernos al concreto contenido material de la norma, de modo que, como en anteriores pronunciamientos (por todos, STC 41/2016, de 3 de marzo, FJ 4), se evite la utilización de argumentaciones de tipo finalista o instrumental en relación con la dimensión económica de las normas enjuiciadas. Por ello, aunque la disposición adicional impugnada sea una medida efectivamente dirigida a contener el gasto público en materia de personal, debemos analizar el contenido de la misma para determinar el título competencial al que se adscribe esta medida. En este sentido, tal disposición no solo establece una jornada mínima de trabajo del personal del sector público –fijada en treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual–, sino que adicionalmente se añade que las modificaciones de jornada que conlleve la adaptación a esa nueva medida –es decir, las ampliaciones– «no supondrán incremento retributivo alguno». Con ello puede concluirse que la norma impugnada tiene un contenido mixto, pues no solo –aunque sí principalmente– establece una regulación sustantiva de las condiciones de trabajo de los empleados del sector público, sino que también recoge una previsión retributiva expresa para aquellos supuestos en los que el trabajador/funcionario aumente su jornada a treinta y siete horas y media.

Dado su contenido, este Tribunal debe atenerse a la doctrina de la STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8, que consideró que la modificación del régimen de permisos y vacaciones de los funcionarios públicos introducida por el Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, encontraba amparo en el art. 149.1.18 CE, por cuanto se trataba de una regulación que afectaba a derechos de los funcionarios públicos adoptada con un carácter estructural y permanente y que, por tanto, no iba dirigida a dar solución a una problemática transitoria.

Los anteriores criterios son plenamente aplicables al presente supuesto. Siendo una regulación que tiene por objeto fijar la jornada de trabajo, guarda directa relación con los derechos del personal al servicio del sector público (arts. 47 y 51 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público), así como con sus deberes (art. 54.2). Así pues, de modo similar al caso de la STC 156/2015, esta regulación encuentra fundamento en la competencia estatal reconocida en los arts. 149.1.18 y 149.1.7 CE, en relación, respectivamente, con los funcionarios y el personal laboral al servicio del sector público. Estos son los títulos que resultan aplicables por ser más específicos que el que, con carácter más genérico, recoge el art. 149.1.13 CE (STC 84/2016, de 28 de abril, FJ 5, con cita de otras, allí en relación al ámbito material de la educación). En relación con ello, la norma que examinamos viene a modular el marco derivado de los arts. 47 y 51 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (reproducidos ahora en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre), de tal forma que la libertad que esos preceptos otorgan a las Administraciones públicas para establecer la jornada de trabajo de su personal se ejerce ahora en el contorno predeterminado por la norma impugnada, al fijar ésta una jornada mínima.

Recordemos que, de acuerdo con el art. 149.1.18 CE y la doctrina constitucional que lo ha interpretado, el Estado tiene competencia para establecer las bases del régimen estatutario de los funcionarios públicos, expresión que ha de entenderse referida a los de todas las Administraciones públicas, incluyendo materialmente en su ámbito, en principio, la normación relativa «a los derechos y deberes y responsabilidad de los funcionarios» (por todas, STC 165/2013, de 26 de septiembre, FJ 13). No cabe duda de que la fijación de la duración mínima de la jornada de trabajo constituye una previsión integrada en la esfera «de los derechos y deberes» de los funcionarios (STC 163/2012, de 20 de septiembre, FFJJ 6 y 9), quedando justificada su determinación por el Estado como normativa básica en tanto estamos ante una medida que garantiza una mínima homogeneidad en un aspecto central del régimen estatutario funcionarial como es el tiempo de trabajo o dedicación exigible a todo funcionario, sin que además el legislador haya establecido límite en cuanto a su periodo de aplicación (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8). No olvidemos también que «[e]ste Tribunal ya ha tenido ocasión de declarar ‘como principio básico la utilización racional del funcionariado existente’, así como ‘básicas aquellas normas que sean necesarias para garantizar la efectividad de dicho principio’ (STC 76/1983, de 5 de agosto, FJ 42)» (STC 8/2010, de 27 de abril, FJ 4). Asimismo, el hecho de que la previsión examinada no se hubiera contemplado en el estatuto básico del empleado público no constituye obstáculo para que, en virtud de la competencia normativa indicada, el legislador estatal proceda a su posterior incorporación en la disposición ahora cuestionada, debiendo recordar que, según este Tribunal ha señalado, «siendo mudables las bases (STC 1/2003, de 16 de enero), también lo es, en correspondencia inevitable, el ámbito disponible por la legislación de desarrollo» (STC 31/2010, de 28 de junio, FJ 60), habiendo afirmado que «la determinación de lo que deba reputarse como básico para delimitar el ámbito correspondiente del título competencial del Estado aplicable a una materia no puede hacerse en términos de relación» (STC 156/2015, de 9 de julio, FJ 8).

Por su parte, en cuanto al personal laboral del sector público, ha de tenerse en cuenta que el art. 149.1.7 CE atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre legislación laboral. El Tribunal tiene establecido que el título competencial «legislación laboral» tiene «un sentido concreto y restringido, coincidente por lo demás con el uso habitual, como referido solo al trabajo por cuenta ajena, entendiendo por consiguiente como legislación laboral aquélla que regula directamente la relación laboral, es decir, para recoger los términos de la Ley 8/1980, de 10 de marzo, la relación que media entre los trabajadores que presten servicios retribuidos por cuenta ajena y los empresarios» (SSTC 35/1982, de 14 de junio, FJ 2; y 95/2002, de 25 de abril, FJ 8, entre otras muchas, y, en el mismo sentido, ATC 228/2015, de 15 de diciembre, FJ 4). En esta materia se incluye la regulación de un elemento esencial del contrato de trabajo como es el tiempo de prestación de servicios (STC 228/2012, de 29 de noviembre, FJ 3, con cita de la STC 7/1985, de 25 de enero, FJ 2).

El precepto regula así con carácter general un aspecto de la relación laboral, específicamente en relación a los trabajadores del sector público, y lo hace mediante la fijación de una jornada mínima, lo que conlleva, por su propia naturaleza, una prohibición de que la jornada laboral en el sector público pueda ser inferior a treinta y siete horas y media semanales de trabajo efectivo de promedio en cómputo anual. Regulación que, por otra parte, no impide que, respetando esa prohibición, las Comunidades Autónomas, en el marco de sus competencias para la organización de su propio personal laboral, puedan adoptar las decisiones que estimen oportunas sobre las condiciones de trabajo de ese personal, sin perjuicio de las competencias estatales ex art. 149.1 CE (en un sentido similar, ATC 55/2016, FJ 5).

Las anteriores consideraciones llevan a concluir que la disposición impugnada ha sido dictada por el Estado al amparo de competencias normativas que le son propias, sin que se aprecie la denunciada vulneración de la competencia sobre ordenación y organización de la función pública reconocida a la Generalitat de Cataluña. El propio art. 136 EAC establece que la competencia autonómica sobre los derechos y deberes del personal al servicio de las Administraciones públicas es «compartida», debiendo por tanto acomodarse a las referidas competencias que en esta materia atribuye la Constitución al Estado (STC 31/2010, FFJJ 60 y 82). Además, el carácter mínimo de la jornada prevista en la norma cuestionada deja todavía margen de maniobra a las Comunidades Autónomas para el ejercicio de su competencia en este ámbito, pues el precepto estatal no cierra ni la posibilidad de ampliar la duración fijada dentro de los topes permitidos, ni tampoco la determinación de los criterios de organización y distribución del tiempo de trabajo que finalmente se establezca (así, en la STC 156/2015, FJ 8, en relación a la duración de permisos o licencias de los funcionarios públicos). Por lo demás, ese margen de maniobra que deja abierto la previsión impugnada facilita la pertinente adaptación a la diversidad de tareas y actuaciones administrativas, lo que contribuye a apreciar que, pese a lo también apuntado por los recurrentes, el principio de eficacia ex art. 103.1 CE no queda contrariado por una norma, como la cuestionada, que se limita a establecer una jornada mínima de trabajo en el empleo público en términos meramente cuantitativos, sin acarrear incremento retributivo alguno y potenciando el ahorro en el gasto público.

En consecuencia, debemos desestimar este primer motivo de impugnación de la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012.

 

  1. El segundo motivo de impugnación es la infracción del art. 134.2 CE. La demanda considera que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 no responde ni al contenido esencial ni al contenido eventual que es propio de una ley de presupuestos, y además señalan que, aun cuando se admitiera la conclusión contraria, estamos ante una previsión que contradice la regulación del art. 47 del estatuto básico del empleado público, por lo que se estaría vulnerando la doctrina constitucional que ha establecido que lo que una ley de presupuestos no puede hacer es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una materia, proceder a efectuar una aplicación distinta de la allí prevista (SSTC 238/2007 y 248/2007).

Aunque en virtud del principio de seguridad jurídica, este Tribunal ha advertido que «lo que no puede hacer la Ley de presupuestos es, sin modificar previamente la norma legal que regula el régimen sustantivo de una determinada parcela del ordenamiento jurídico, desconocerlo, procediendo a efectuar una aplicación distinta a la prevista en la norma cuya aplicación pretende» (SSTC 238/2007, FJ 4, y 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4). Eso no es, sin embargo, lo que acontece en el caso ahora enjuiciado. Como ya hemos señalado, la cuestionada disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 incorpora una nueva previsión legal sobre el régimen sustantivo de la jornada de los empleados públicos, que complementa lo establecido en el estatuto básico del empleado público –fundamentalmente en sus arts. 47 y 51– y que habrá de tenerse en cuenta por las Administraciones públicas al determinar la jornada de sus funcionarios públicos y su personal laboral. No estamos, por tanto, ante una situación en que, sin mediar modificación explícita del régimen sustantivo, se proceda en la Ley de presupuestos a hacer una aplicación que lo desconozca tácitamente, plasmando créditos presupuestarios que no se correspondan ni se expliquen por lo dispuesto en aquel (STC 76/2014, FJ 4). En consecuencia, no existiendo tacha de inseguridad jurídica en la disposición impugnada, la clave para determinar su adecuación al art. 134.2 CE reside en constatar si, conforme exige nuestra doctrina, la novedad normativa que de forma expresa y directa ha introducido respeta las exigencias requeridas para integrar el contenido de la Ley de presupuestos y, más concretamente, su contenido eventual.

El contenido eventual o disponible se concreta en aquellas otras disposiciones que, aun no constituyendo una previsión de ingresos o habilitación de gastos, sí guardan una relación directa con los ingresos o gastos del Estado, responden a los criterios de política económica del Gobierno o, en fin, se dirigen a una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto [STC 44/2015, de 5 de marzo, FJ 3 b) y las allí citadas]. En consecuencia, «para que una disposición pueda integrarse en el contenido eventual de la Ley de presupuestos salvando su legitimidad constitucional es necesario que guarde una conexión económica –relación directa con los ingresos o gastos del Estado o vehículo director de la política económica del Gobierno– o presupuestaria –para una mayor inteligencia o mejor ejecución del presupuesto– [SSTC 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 4; 109/2001, de 26 de abril, FJ 5; 238/2007, de 21 de noviembre, FJ 4; 248/2007, de 13 de diciembre, FJ 4; 74/2011, de 19 de mayo, FJ 3; 9/2013, de 28 de enero, FJ 3 b), y 217/2013, de 19 de diciembre, FJ 5 a)]» [STC 44/2015, de 5 de marzo, FJ 3 b)].

Pues bien, como ya hemos señalado, la jornada mínima de trabajo que el legislador introduce para el personal del sector público va acompañada en la norma cuestionada por la previsión expresa de que las modificaciones de jornada que se lleven a cabo para adaptarse a esta medida «no supondrán incremento retributivo alguno», encontrándonos ante una previsión que, en su conjunto tiene la evidente finalidad de contribuir a la contención del gasto público. No existe duda, por tanto, de que la disposición impugnada tiene una conexión directa con los gastos del Estado y con los criterios de política económica, pues, al tiempo que prohíbe establecer incrementos retributivos en el supuesto regulado, potencia el ahorro económico en la cobertura de las necesidades de personal en el sector público. De este modo la regulación cuestionada es bien distinta a la enjuiciada en otros pronunciamientos a los que se hace referencia en el escrito de recurso (SSTC 174/1998, 203/1998 y 234/1999), por lo que la conclusión a alcanzar ha de ser diferente, debiendo ahora declarar la idoneidad de la Ley de presupuestos generales del Estado para introducir la medida que aquí se controvierte (SSTC 63/1986, de 21 de mayo, FJ 12; y 96/1990, de 24 de mayo, FJ 4 –respecto a la fijación de límites máximos al aumento de retribuciones del personal del sector público–). Consiguientemente, hemos de desestimar la queja de que la disposición adicional septuagésima primera de la Ley 2/2012 vulnera el art. 134.2 CE.

 

La productividad de los empleados públicos y su reconsideracion: algunos criterios jurisprudenciales.(blog Acal)

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Entre los distintos complementos retributivos que perciben los empleados públicos, resulta especialmente controvertido el complemento de productividad, muchas veces por su uso impropio, al destinarse a retribuir conceptos propios del puesto de trabajo, o simplemente porque genera suspicacias sobre los perceptores, su cuantía o la periodicidad de su abono. A partir de aquí, se suele plantear por un lado la necesidad o conveniencia de modificar su cuantía o, directamente, suprimirlo; y también es relativamente frecuente que, por parte del funcionario encargado de la fiscalización del gasto, se formule el correspondiente reparo al considerar que se está produciendo un desviación en el abono de la productividad.

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La productividad de los empleados públicos y su reconsideracion: algunos criterios jurisprudenciales.