Último número Revista Vasca de Gestión de Personas y Organizaciones Públicas

ivap

Revista nº 6

ESTUDIOS

INNOVACIÓN Y BUENAS PRÁCTICAS

ANÁLISIS Y DEBATE JURÍDICO

JURISPRUDENCIA

ENTREVISTA

SELECCIÓN BIBLIOGRÁFICA

Modificación conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización Seguridad Social

dudas

APROBADO EL REGLAMENTO QUE DETERMINA LOS CONCEPTOS INCLUIDOS EN LA BASE DE COTIZACIÓN

Las empresas tienen hasta el 30 de septiembre para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las mensualidades entre diciembre de 2013 y julio de 2014.

El Consejo de Ministros ha aprobado el Real Decreto que modifica el artículo 23 del Reglamento General sobre cotización y liquidación de otros derechos de la Seguridad Social, que establece los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social. Este artículo se adapta a las modificaciones que se han producido en el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social por los Reales Decretos Leyes 20/2012 y 16/2013.

Con este Real Decreto se desarrolla reglamentariamente la modificación de la citada normativa, tras haberse discutido con los interlocutores sociales y haber sido sometido a Dictamen del Consejo de Estado. Las empresas disponen de plazo hasta el 30 de septiembre para la liquidación e ingreso de la cotización correspondiente a las mensualidades entre diciembre de 2013 y julio de 2014.

Conceptos incluidos

El Reglamento determina los conceptos retributivos que conforman la base de cotización y establece las reglas oportunas para la determinación de la valoración de las percepciones, tanto dinerarias como en especie, que han de incluirse en la base de cotización.

Como percepciones dinerarias se contemplan, entre otras, la entrega al trabajador de importes en metálico, vales o cheques de cualquier tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios; el importe de las acciones o participaciones entregadas por los empresarios; el de las primas o cuotas satisfechas a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores, y el de las contribuciones satisfechas a planes de pensiones, que se integrarán en la base de cotización por la totalidad de su importe.

Las percepciones en especie se valorarán por el coste medio que suponga para el empresario la entrega del bien, derecho o servicio, salvo en los cuatro siguientes supuestos:

  • La prestación de determinadas enseñanzas y servicios educativos por centros educativos autorizados a los hijos de sus empleados, con carácter gratuito o por precio inferior al normal de mercado, cuya valoración vendrá determinada por el coste marginal que suponga a esos centros la prestación de tal servicio, considerando dicho coste como el incremento del coste total directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de educación para un alumno adicional del tipo de enseñanza que corresponda.
  • Esta misma valoración por coste marginal será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del servicio de guardería para los hijos de sus empleados.
  • La utilización de una vivienda, propiedad o no del empresario, o la utilización o entrega de vehículos automóviles, cuya valoración se efectuará en los términos ya previstos en la normativa fiscal, con lo cual en la práctica no se producen cambios respecto a la legislación anterior.
  • Los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al legal del dinero, que se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal vigente en el respectivo ejercicio económico, en línea con la regulación establecida en el artículo 43 de la Ley del IRPF, con lo cual en la práctica tampoco se producen cambios respecto de la legislación anterior.

Conceptos excluidos

No se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos:

  • Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, en los términos establecidos en la normativa fiscal.
  • Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, despidos y ceses, en los términos previstos en el artículo 109.2.c) del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
  • Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas.
  • Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo de sus actividades o las características de los puestos de trabajo.

De la web de la Moncloa: http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140725.aspx#BaseCotiza

 

Consejo de ministros de ayer : mutuas + IT los primeros 365 días

paciencia

  • Se remite a las Cortes Generales el PROYECTO DE LEY por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
  • REAL DECRETO por el que se regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración.

Fuente: la moncloa http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140718.aspx#MUTUAS

REFORMA DE LAS MUTUAS COLABORADORAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL Y DE LA GESTIÓN DE LA INCAPACIDAD TEMPORAL
  • Un Proyecto de Ley define la naturaleza jurídica y el funcionamiento de estas entidades que se denominarán Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social
  • La estructura interna de las Mutuas se regulariza, en especial, la figura del presidente; se definen las retribuciones del personal directivo y las funciones del gerente
  • En cuanto a la Incapacidad Temporal, las Mutuas podrán hacer propuestas de alta que resolverán los Servicios Públicos de Salud en cinco días y, en caso de desacuerdo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social en cuatro días

El Consejo de Ministros ha aprobado un plan integral de medidas de reforma de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social y de la gestión de la Incapacidad Temporal, en el marco de lo establecido en el Programa Nacional de Reformas.

Este plan se compone de la remisión a las Cortes Generales de un Proyecto de Ley por el que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, y del Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal en el primer año de duración.

Esta nueva regulación afecta, por un lado, a las mutuas en su integridad, es decir, naturaleza, gobernanza, régimen económico, responsabilidades y funciones, etcétera, y, por otro lado, a determinados aspectos de la gestión de la prestación por Incapacidad Temporal, proporcionando unidad de criterio y facilitando la coordinación entre la Administración de la Seguridad Social, las entidades colaboradoras que a partir de ahora pasan a denominarse Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, y los Servicios Públicos de Salud.

Transparencia en los órganos de gobierno y participación

El Proyecto de Ley modifica el régimen jurídico de las Mutuas y establece la nueva denominación como Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social, al tiempo que aclara la naturaleza jurídica pública de los recursos económicos que financian a las Mutuas y de las prestaciones que dispensan.

Con la nueva regulación, cargos, sueldos, contratos y cualquier otro mecanismo de funcionamiento estarán regulados por una norma que delimita claramente cuáles deben ser las funciones de presidente y gerente; cuantifica los sueldos de los miembros directivos de la mutua y articula la participación de los agentes sociales, incluidos los autónomos, en las comisiones de control y seguimiento de las mutuas. Esta comisión será informada permanentemente de la gestión que realiza cada entidad y propondrá medidas para mejorarla si se diera el caso.

Para garantizar la transparencia de la gestión, se prohíbe a los miembros de las Juntas Directivas, de las Comisiones de Control y Seguimiento, de las Comisiones Especiales y a los directivos celebrar con la Mutua contratos de obras, servicios o suministros, salvo las excepciones establecidas. La prohibición se extiende a los parientes de aquellos y a las empresas participadas desde el 10 por 100 -frente al 25 por 100 actual- o en las que cualquiera de ellos sea directivo.

Asimismo, la norma establece que las Mutuas dispondrán de plazo hasta el 31 de marzo de 2015 para vender el 100 por 100 de su participación en las sociedades mercantiles de prevención constituidas por las Mutuas.

Mayor control de las reservas

Por otra parte, el nuevo Proyecto de Ley reforzará el control sobre los fondos que gestionan las mutuas y extremará también los controles sobre estas entidades, ya que son entidades privadas que gestionan recursos y prestaciones públicas.

En cuanto a las reservas y los excedentes, el texto normativo define el destino del excedente resultante de las cotizaciones destinadas a cada una de las contingencias -comunes y profesionales-, una vez descontadas las reservas correspondientes.

Cese en la actividad más asequible

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social gestionan también la prestación por cese en la actividad de los trabajadores autónomos. Hasta ahora, el procedimiento se había mostrado muy complicado lo que hacía que el número de beneficiarios fuera muy reducido.

El Proyecto de Ley simplifica los trámites para el acceso a esta prestación por la que cotizan los trabajadores autónomos. Entre otras modificaciones, se elimina el requisito de proteger obligatoriamente las contingencias profesionales; reduce al 10 por 100 en un año el nivel de pérdidas por motivos económicos, técnicos, organizativos o de producción (antes, el 30 por 100 en un año o el 20 por 100, en dos); se mejoran los medios de prueba que se pueden utilizar, y el tipo de cotización se adaptará en las leyes de Presupuestos anuales y oscilará entre el 2,2 y el 4 por 100.

 INCAPACIDAD TEMPORAL

La prestación por Incapacidad Temporal es el subsidio que recibe el trabajador cuando por razón de enfermedad o accidente común o profesional se ve imposibilitado temporalmente para desempeñar su trabajo habitual. En este sentido, las normas aprobadas hoy tratan de mejorar los niveles de eficacia y transparencia en el procedimiento desde su inicio.

Las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social podrán actuar desde el primer día de la baja laboral. Cuando consideren -con la información clínica de que dispongan- que el beneficiario podría no estar impedido para el trabajo, tendrán la posibilidad de formular propuestas motivadas de alta médica dirigidas a la Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas comunicarán simultáneamente al trabajador afectado y al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), para su conocimiento, que se ha enviado la mencionada propuesta de alta.

Emisión o denegación del alta

La Inspección Médica de los Servicios Públicos de Salud deberá comunicar a la Mutua y al INSS, en un plazo máximo de cinco días hábiles, la emisión del alta o su denegación. En el caso de que el Servicio Público de Salud desestime la propuesta de alta de la Mutua o no conteste en forma y plazo, la Mutua podrá solicitar el alta al INSS, que deberá contestar en un plazo de cuatro días.

En este sentido hay que matizar que el Real Decreto que se incluye en este paquete normativo, relativo a la regulación de determinados aspectos de la Incapacidad Temporal en los primeros 365 días, se establece un régimen transitorio en cuanto a los plazos de contestación durante los seis meses siguientes a la entrada en vigor, a la espera de que la futura Ley de Mutuas culmine su tramitación parlamentaria y entre en vigor. En el caso de los Servicios Públicos de Salud, será de once días, mientras que para el INSS serán ocho.

Por tanto, serán siempre los facultativos de los Servicios Públicos de Salud o del Instituto Nacional de la Seguridad Social quienes tengan la última palabra para que los trabajadores se reintegren a su puesto de trabajo, una vez restablecidos.

De acuerdo con lo aprobado en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014, se regula expresamente la posibilidad de suspender la prestación cautelarmente cuando el trabajador no se presente a un reconocimiento médico. Si en el plazo de cuatro días no ha justificado debidamente la ausencia, se extinguirá la situación de Incapacidad Temporal. De esta forma, si la ausencia ha sido por causa justificada, no se extingue automáticamente la prestación como ocurría previamente a la modificación.

Base de datos

Además, los informes y resultados de las pruebas efectuadas se incorporarán a la base de datos de los Servicios Públicos de Salud y pasarán a formar parte del historial clínico del paciente. De esta forma, se coordinarán mejor con el médico del sistema público de salud.

La reducción de plazos y la colaboración entre las mutuas, sistemas públicos de salud y Administración de la Seguridad Social tendrá como resultado una protección más completa de la salud de los trabajadores, un beneficio para las empresas y ahorro de costes para el Sistema.

Por otra parte, con el objetivo de potenciar el aprovechamiento de los centros asistenciales adscritos a las Mutuas, la norma facilita su utilización por los Servicios Públicos de Salud, por las Entidades Gestoras y por otras Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social. Los ingresos que obtengan por esta actividad generarán crédito en el presupuesto de gastos de la Mutua que preste el servicio, en los conceptos correspondientes a los gastos de la misma naturaleza.

Incapacidad Temporal en los primeros 365 días

El paquete normativo contempla, asimismo, ajustes y modificaciones que afectan a la prestación de la baja laboral en los primeros 365 días, a través del Real Decreto que regula determinados aspectos de la gestión y control de los procesos de Incapacidad Temporal en el primer año de duración.

Uno de los aspectos más destacados es la reducción de cargas burocráticas al modificarse la periodicidad de los partes de confirmación de baja. Además, favorecerá a los trabajadores y sus familiares, que no deberán desplazarse al centro de salud cada siete días para recoger dichos partes, sino que estará ajustado a la previsión del seguimiento clínico. También favorece a la empresa, ya que reduce las cargas de tramitación de la confirmación de la baja del trabajador.

A partir de ahora el parte de confirmación se extenderá de acuerdo a la duración estimada por el médico:

  • Hasta cinco días de baja, se podrá expedir el parte de baja y de alta en la misma visita médica
  • Entre cinco y treinta días de baja, cada catorce días
  • Entre treinta y uno y sesenta días de baja, cada veintiocho días
  • En procesos de larga duración, más de 61 días, la confirmación se expedirá cada 35 días.

Por otra parte, será obligatorio que en los partes de confirmación conste la duración probable de la Incapacidad Temporal y la fecha del nuevo reconocimiento médico. Ello permitirá al empresario y trabajador tener una previsión del proceso.

Los médicos dispondrán de tablas de duración estándar por patologías que tienen en cuenta la enfermedad que padece el trabajador, su edad y la actividad laboral que realiza.

Transmisión de datos

El Real Decreto incluye también la regulación de la transmisión diaria por vía telemática de los partes de baja y alta desde los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas al INSS y de este organismo a las Mutuas, cuando sean responsables de la protección del trabajador. De esta forma, el control se efectuará desde el primer día de la baja por Incapacidad Temporal.

La nueva regulación hará posible el control desde el primer momento de las deducciones que de esta prestación hacen las empresas al ingresar las cuotas de la Seguridad Social. De esta forma, se da cumplimiento a la recomendación del Tribunal de Cuentas en su último informe sobre gestión y control de la Incapacidad Temporal.

Finalmente, se potenciará la colaboración en sus distintos aspectos con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas para el control de la prestación por Incapacidad Temporal.

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado el anteproyecto de norma foral sobre ley 27/2013

DONOST~1

Fuente: Oficina de prensa de la Diputación.

2014/07/16

La Diputación Foral de Gipuzkoa ha presentado hoy (16 de julio) al personal técnico y político de las instituciones guipuzcoanas la batería de mecanismos que recoge el anteproyecto de Norma Foral que desarrolla la especificidad foral ante la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Admnisitración Local aprobada por el Estado. Al acto de presentación han asistido representantes políticos así como personal técnico de los ayuntamientos del territorio, un total de 125 personas.

El abogado Juan Landa Mendibe ha explicado la singuralidad foral y ha dado cuenta del a autonomía municipal dentro del a Ley 27/2013 de Racionalización y Sostenibilidad de la Admnisitración Local. Por otra parte, la diputada de Administración Foral y Función Pública Garbiñe Errekondo ha dado cuenta de las líneas generales del anteproyecto. El técnico del a Hacienda Foral Guipuzcoana Sebastian Zurutuza ha ofrecido los detalles del mismo.

La ley aprobada en diciembre de 2013 en el Estado, ha modificado considerablemente diversos aspectos en el ámbito municipal. La misma ha supuesto una merma importante para la autonomía municipal, puesto que refuerza la intervención exterior. En vez de centrarse en los servicios que necesita la ciudadanía, es la financiación la que condiciona los servicios, según la ley, desdeñando así los principios de la carta europea sobre autonomía local.

En cualquier caso, la ley contempla excepciones relativas a la singularidad foral, y ello ha servido para la elaboración del anteproyecto, que ha querido ser respetuoso en todo momento con la autonomía municipal, haciendo, asimismo, una aplicación lo más racional posible de la ley adaptada a las entidades locales del territorio.

El anteproyecto quiere concretar hasta dónde llega la especificidad foral. Al mismo tiempo, quiere garantizar el mismo nivel de autonomía que tenían hasta ahora los municipios de Gipuzkoa, más allá del a ley de racionalización.

La Diputación Foral de Gipuzkoa considera imprescindible que las instituciones más cercanas a la ciudadanía continúen organizando sus servicios y garantizando la financiación correspondiente para ello.

Un artículo desarrolla las singularidades forales:

Resto de la información:

http://www.gipuzkoaberri.net/WAS/CORP/DPDOficinaPrensaDigitalWEB/nota/es/1611/diputacion-foral-gipuzkoa-ha-presentado-anteproyecto-norma-foral-que-permitira-hacer-frente-ley-racionalizacion

TC y reforma laboral: ya tenemos primera sentencia

Fotografía de Guillermo Rodríguez. Tribunal Constitucional,madrid

Apoya el contrato con un año de prueba, la primacía del contrato de empresa y que el descuelgue pueda decidirlo la Comisión Consultiva.

El Pleno del Tribunal Constitucional ha respaldado hoy tres elementos esenciales de la reforma laboral. El fallo, que ha contado con nueve votos a favor y tres en contra, considera constitucional el contrato de apoyo a emprendedores con un año de prueba sin derecho a indemnización por despido. También que la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos o sus órganos equivalentes autonómicos pueda decidir sobre el descuelgue de un convenio si la empresa y los representantes de los trabajadores negocian el descuelgue y no se ponen de acuerdo.

200.000 visitas en el blog y decretos leyes omnibús

200000

Eskerrik asko, gracias a todos los que me habéis ayudado y a los que no, ya que este blog es una de mis mayores ilusiones profesionales. Me obliga a mantenerme actualizada, a pesar de los pesares, ya que he estado un par de semanas a “medio gas” o tal vez, directamente sin gas, pero la vida legislativa no se para y ahí está ese decreto-ley del viernes pasado, que confieso no he mirado hasta hoy.

Este “regalo” ha modificado, derogado y traspuesto:

  • DEROGA:
    • Capítulo II de la Orden TAS/1622/2007, de 5 de junio (Ref. BOE-A-2007-11270).
    • Art. 18.2.f) y MODIFICA los arts. 16 y 18 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto (Ref. BOE-A-2000-15060).
    • Arts. 5 y 6 del Real Decreto-ley 15/1999, de 1 de octubre (Ref. BOE-A-1999-19686).
    • Disposición transitoria 4, MODIFICA los arts. 9, 47, 63 y 63 bis y AÑADE la disposición adicional 33 a la Ley 34/1998, de 7 de octubre (Ref. BOE-A-1998-23284).
    • Art. 99.1.párrafo 2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2857/1978, de 25 de agosto (Ref. BOE-A-1978-29905).
    • Real Decreto-ley 12/1978, de 27 de abril (Ref. BOE-A-1978-11314).
    • Art. 16.3.2 del Reglamento aprobado por Real Decreto 2362/1976, de 30 de julio (Ref. BOE-A-1976-19786).
  • MODIFICA:
    • Art. único del Real Decreto-ley 3/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2220).
    • Disposición adicional 58.1 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
    • Arts. 9 y 13 y disposición adicional 1 a la Ley 11/2013, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2013-8187).
    • Arts. 10 y 12 de la Ley 3/2013, de 4 de junio (Ref. BOE-A-2013-5940).
    • Art. 19 y AÑADE la disposición transitoria única a la Ley 16/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15650).
    • Arts. 2 y 5 del Real Decreto-ley 11/2012, de 30 de marzo (Ref. BOE-A-2012-4440).
    • Arts. 72, 82 y 114 y AÑADE el art. 159 bis y la disposición transitoria 10 a la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre (Ref. BOE-A-2011-16467).
    • Arts. 8 y 13 del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-18651).
    • Arts. 7, 11, 12 y 14 de la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, (Ref. BOE-A-2007-22439).
    • Disposición transitoria 4 de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre (Ref. BOE-A-2007-19880).
    • Art. 33 y AÑADE las disposiciones adicionales 39 y 40 a la Ley 35/2006, de 28 de noviembre (Ref. BOE-A-2006-20764).
    • Art. 5.4 y 5 de la Ley 1/2004, de 21 de diciembre (Ref. BOE-A-2004-21421).
    • Arts. 105 y 106 de la Ley de Haciendas Locales, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-4214).
    • Arts. 4 a 6, 32, 52 y 68; AÑADE el art. 4 bis, 42 bis, 48 ter y la disposición adicional 19 y SUPRIME los arts. 73, 79 a 81, 91 y 92, el capítulo IV del título VI y las disposiciones adicionales 14 y 15 de la Ley 21/2003, de 7 de julio (Ref. BOE-A-2003-13616).
    • Art. 115 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1997-28053).
    • Art. 166 de la Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).
    • Art. 6 de la Ley 7/1996, de 15 de enero (Ref. BOE-A-1996-1072).
    • Art. 16 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
    • Arts. 1 a 5 y AÑADE las disposiciones adicionales 5 y 6 y transitoria única a la Ley 14/1994, de 1 de junio (Ref. BOE-A-1994-12554).
    • Lo indicado del art. 82 de la Ley 4/1990, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1990-15347).
    • Art. 76.Dos de la Ley 22/1973, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1973-1018).
    • Arts. 11, 150 y 151 y AÑADE la disposición transitoria 3 a la Ley 48/1960, de 21 de julio (Ref. BOE-A-1960-10905).
  • MODIFICA determinados preceptos y referencias indicadas, AÑADE la disposición transitoria 4 y SUPRIME los arts. 19 quáter y 19 quinquies de la Ley 56/2003, de 16 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23102).
  • AÑADE la disposición adicional 14 a la Ley 39/2003, de 17 de noviembre (Ref. BOE-A-2003-20978).
  • PRORROGA la fecha de entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio (Ref. BOE-A-2011-12628).
  • TRANSPONE parcialmente Directiva 2012/27/UE, de 25 de octubre (Ref. DOUE-L-2012-82191)

 

¡GUAAUUUUUU!!!! El que esté de vacaciones en julio va a alucinar a la vuelta.

Yo me voy de vacaciones en agosto. A ver que nos cae con “agosticidad”

 

Por cierto, por si alguien no recuerda lo que dice el articulo 86 de la Constitución:

  En caso de extraordinaria y urgente necesidad, el Gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de Decretos-leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

 

En una web tan poco sospechosa como la del congreso:  http://www.congreso.es/consti/constitucion/indice/sinopsis/sinopsis.jsp?art=86&tipo=2 ,  hay una sinopsis del artículo 86. Os voy a hacer una sinopsis de la sinopsis:

 Además de por constituir una facultad propia del Gobierno, el decreto-ley configurado por el artículo 86 CE se define por tres notas:

- el presupuesto habilitante (la extraordinaria y urgente necesidad)
- las limitaciones materiales impuestas, o lo que es lo mismo, las materias excluidas de su regulación
- su carácter de norma provisional, así calificada (“disposiciones legislativas provisionales”) por el apartado 1 del precepto, completado en el apartado 2 por la regulación de la intervención del Congreso de los Diputados para su convalidación o derogación.

     Esta triple delimitación del decreto-ley deriva de su carácter de excepción a la potestad legislativa de las Cortes y, por ende, al principio de separación de poderes. Como señala la STC 29/1982, la Constitución ha adoptado “una solución flexible y matizada respecto del fenómeno del decreto-ley, que, por una parte, no lleva a su completa proscripción en aras del mantenimiento de una rígida separación de los poderes, ni se limita a permitirlo en forma totalmente excepcional en situaciones de necesidad absoluta, entendiendo por tales aquellas en que pueda existir un peligro inminente para el orden constitucional. Nuestra Constitución ha contemplado el decreto-ley como un instrumento normativo del que es posible hacer uso para dar respuesta a las perspectivas cambiantes de la sociedad actual, siempre que su utilización se realice bajo ciertas cautelas”.

[...]

     El Tribunal Constitucional ha reconocido el “juicio puramente político” del Gobierno, al que incumbe la dirección política del Estado, para la apreciación de la concurrencia de tales circunstancias, sin perjuicio de que pueda controlar los “supuestos de uso abusivo o arbitrario”  (STC 29/1987) que pudieran desvirtuar la potestad legislativa ordinaria de las Cortes Generales, las cuales pueden legislar también por el procedimiento de urgencia (STC 6/1983).

     El presupuesto habilitante puede ser apreciado en el Gobierno con un “razonable margen de discrecionalidad”, debiendo no obstante hacerse explícita la definición de su concurrencia (lo que se hace habitualmente en el preámbulo del decreto-ley), y no autoriza para incluir disposiciones que no guarden relación con la situación que se trata de afrontar o no modifiquen de forma instantánea la situación jurídica existente. La existencia del presupuesto habilitante puede ser contrastada tanto en vía parlamentaria, como por el propio Tribunal Constitucional (STC 29/1982). Ahora bien, el control que compete al Tribunal Constitucional en este punto es un control externo, en el sentido de que debe verificar, pero no sustituir, el juicio político o de oportunidad que corresponde al Gobierno y al Congreso de los Diputados en el ejercicio de la función de control parlamentario (STC 182/1997).

 No obstante, no deben confundirse las circunstancias justificativas de los decretos-leyes con el peligro grave para el sistema constitucional o el orden público a que se refieren las situaciones previstas en el artículo 116 de la Constitución. Han de ser entendidas con mayor amplitud “como necesidad relativa respecto de situaciones concretas de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requieren una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes” (STC 6/1983).

     Así, en esta sentencia y en otras posteriores, el Tribunal Constitucional concluye que la utilización del decreto-ley, mientras se respeten los límites del artículo 86 de la Constitución, tiene que reputarse como una utilización constitucionalmente lícita en todos aquellos casos en que hay que alcanzar los objetivos marcados para la gobernación del país, que, por circunstancias difíciles o imposibles de prever, requieren una acción normativa inmediata o en que las coyunturas económicas exigen una rápida respuesta. Sólo en dos ocasiones, SSTC 68/2007 y 137/2011, ha declarado el Tribunal Constitucional la inconstitucionalidad de un decreto-ley (el Real Decreto-ley 5/2002, de 24 de mayo, de medidas urgentes para la reforma del sistema de protección por desempleo y mejora de la ocupabilidad y Real Decreto-Ley 4/2000, de 23 de junio, de medidas urgentes de liberalización en el sector inmobiliario y transportes), por falta del presupuesto habilitante, al entender que no concurría una situación de extraordinaria y urgente necesidad.

 

Ayer viendo las noticias, oía una parte de comparecencia de la vicepresidenta en la que decía sobre este decreto ley ómnibus:

España ha vivido una situación de extraordinaria y urgente necesidad desde que comenzó la crisis, y ahora es de extraordinaria y urgente necesidad encarar la recuperación, al menos lo es para los parados, para los jóvenes, para los autónomos, para los comerciantes [...]

Viendo su alocución y cuantas normas había cambiado me recordó aquel anuncio de la Coca-Cola.

La próxima vez lo pueden poner en el preámbulo de la ley como argumentación jurídica.

Gráfico que aparece en el eldiario.es sobre actividad legislativa en las últimas cuatro legislaturas

Actividad-legislativa-ultimas-legislaturas_EDIIMA20140707_0542_5

 

Y ya para acabar, por curiosidad insana se me ha ocurrido mirar cuantas veces han cambiado el Estatuto de los Trabajadores desde el 2010:

  • SE MODIFICA:
    • el art. 16, por Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio (Ref. BOE-A-2014-7064).
    • los arts. 40, 41, 47, 51 y 82, por Ley 1/2014, de 28 de febrero (Ref. BOE-A-2014-2219).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con el art. 27.1 fijando el salario mínimo interprofesional para el 2014: Real Decreto 1046/2013, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13764).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 33, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
    • los arts. 12, 14, 34 y 37, por Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13426).
    • los arts. 40.2, 41.4, 47.1, 51.2 y 4 y 82.3, por Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto (Ref. BOE-A-2013-8556).
    • el art. 11.1, por Ley 11/2013, de 26 de julio (Ref. BOE-A-2013-8187).
    • el art. 12.6 y 7, según redacción dada a la disposición final 1 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, por Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo (Ref. BOE-A-2013-2874).
    • el art. 11.1.c), por Real Decreto-ley 4/2013, de 22 de febrero (Ref. BOE-A-2013-2030).
    • el art. 42.2, por Ley 13/2012, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15596).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo, suspensiòn de contratos y reducción de jornada: Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre (Ref. BOE-A-2012-13419).
  • SE MODIFICA arts. 33, 57.1, por Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio (Ref. BOE-A-2012-9364).
  • SE MODIFICAN determinados preceptos y se SUSPENDE, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2012, la aplicación del art. 15.5, por Ley 3/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9110).
  • SE MODIFICA y se SUSPENDE, con efectos hasta el 31 de diciembre de 2012, la aplicación del art. 15.5, por Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero (Ref. BOE-A-2012-2076).
  • SE DICTA EN RELACION sobre la relación laboral especial del servicio del hogar familiar: Real Decreto 1620/2011, de 14 de noviembre (Ref. BOE-A-2011-17975).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 33.3, según la redacción dada a la disposición final 14 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, por LEY 38/2011, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15938).
    • la disposición adicional 17, por Ley 36/2011, de 10 de octubre (Ref. BOE-A-2011-15936).
  • SE AÑADE la disposición adicional 19, por Decreto Ley 14/2011, de 16 de septiembre (Ref. BOE-A-2011-14910).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 11.2 y se SUSPENDE, hasta el 31 de agosto de 2013, la aplicación del art. 15.5, por Real Decreto-ley 10/2011, de 26 de agosto (Ref. BOE-A-2011-14220).
    • con efectos de 1 de enero de 2013, el art. 12.6 y 7 y desde el 2 de agosto de 2011 la disposición adicional 10, por Ley 27/2011, de 1 de agosto (Ref. BOE-A-2011-13242).
  • SE DECLARA la desestimación de la CUESTIÓN 3515/2005 (Ref. 2005/16990), en relación con el art. 48.4, en la redacción dada por la Ley 39/1999, de 5 de noviembre, por Sentencia 75/2011, de 19 de mayo (Ref. BOE-A-2011-10198).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 40, 41, 51, 82 a 89, 91 y la disposición final 2, por Real Decreto-ley 7/2011, de 10 de junio (Ref. BOE-A-2011-10131).
    • con efectos desde 1 de enero de 2011, el art. 37.5, por Ley 39/2010, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-19703).
    • los arts. 4, 11, 15 a 17, 22 a 24, 26, 40.2, 41, 47, 49.1, 51 a 53, 82.3, 85.3, la disposición adicional 15 y se añade la disposición transitoria 13, por Ley 35/2010, de 17 de septiembre (Ref. BOE-A-2010-14301).
  • SE MODIFICAN determinados preceptos y se añade la disposición transitoria 13, por Real Decreto-ley 10/2010, de 16 de junio (Ref. BOE-A-2010-9542).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo: Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo (Ref. BOE-A-2010-9274).
  • SE MODIFICA:
    • el art. 48 bis, con efectos de 1 de enero de 2013, por Ley 9/2009, de 6 de octubre (Ref. BOE-A-2009-15958).

 

Y el último gracias musical para los que durante estos días me han repetido esta frase de San Agustín, pero de diferentes formas:

“Si precisas una mano, recuerda que yo tengo dos.”

Hace días que te observo
y he contado con los dedos
cuantas veces te has reído
una mano me ha valido.
Hace días que me fijo
no sé que guardas ahí dentro
a juzgar por lo que veo
nada bueno, nada bueno.

[...]

Suéltate ya y cuéntame
que aquí estamos para eso
pa’ lo bueno y pa’ lo malo
llora ahora y ríe luego

 

BOE de mañana: esos estudiantes que tenemos de prácticas.

practicas
REGULADAS LAS PRÁCTICAS ACADÉMICAS EXTERNAS DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
http://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/referencias/Paginas/2014/refc20140711.aspx#practicasexternas
El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios.

Como es sabido, el Espacio Europeo de Educación Superior consagra la posibilidad de introducir prácticas académicas externas en los planes de estudios. De esa forma se promueve la incorporación de estudiantes universitarios en prácticas en el ámbito de las administraciones y entidades públicas y empresas y entidades privadas.

El Real Decreto 1707/2011, de 18 de noviembre, reguló las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios y procedió a establecer la regulación de las citadas prácticas. Sin embargo, el Tribunal Supremo declaró en mayo de 2013 nulo de pleno derecho el citado Real Decreto de 2011, dado que su disposición adicional primera, que excluía del Sistema de Seguridad Social a los estudiantes universitarios que realizasen las prácticas académicas externas, se incorporó al texto con posterioridad a la emisión de Dictamen del Consejo de Estado.

El Real Decreto hoy aprobado reitera las mismas previsiones ya contenidas en el anulado Real Decreto de 2011, de 18 de noviembre, con la única excepción de la disposición adicional primera, cuyo contenido ha sido objeto de tratamiento del recientemente aprobado Real Decreto-ley de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, del pasado 4 de julio.

Aspectos más destacados

Los aspectos más destacados del Real Decreto hoy aprobado son:

  • Se recogen y precisan los fines que se pretenden alcanzar con la realización de las prácticas, que son de carácter académico y no profesional.
  • Se regulan las modalidades de prácticas académicas externas. Igual que ya se establece ahora en el Estatuto del Estudiante Universitario, serán:

a) Prácticas curriculares: se configuran como actividades académicas integrantes del plan de estudios de que se trate. Tendrán la duración que establezca el plan de estudios correspondiente.

b) Prácticas extracurriculares: son aquellas que el estudiante podrá realizar con carácter voluntario durante su período de formación y que no forman parte del Plan de estudios, pero serán contempladas en el Suplemento Europeo al Título. Estas prácticas tendrán una duración preferentemente no superior al 50 por 100 del curso académico (como hasta ahora).

  • Se establecen criterios para la conformación del proyecto formativo en que se concreta la realización de cada práctica.
  • Se regulan los Convenios de Cooperación Educativa, estableciendo un contenido mínimo y recogiendo la posibilidad de existencia de convenios marco y la posibilidad de participación en los mismos, como una parte más, de las entidades gestoras de prácticas vinculadas a la Universidad.
  • Se definen de forma más amplia los destinatarios de las prácticas académicas externas (cualquier estudiante matriculado en la enseñanza universitaria) y los requisitos que han de cumplir para su realización.
  • Se regulan los derechos y deberes de los estudiantes y tutores, contenidos de los informes y memorias en los que se expresan los resultados de las prácticas y normas sobre el reconocimiento académico y acreditación de las mismas así como sobre su oferta, difusión y adjudicación.
  • Para mejorar la evaluación de las prácticas, se establece el contenido de los informes y memorias en los que se expresan los resultados de las prácticas, y se precisa el contenido mínimo que debe tener el documento acreditativo de haber realizado las prácticas, que también se incorporará al suplemento europeo del título.
  • Se recogen algunas directrices sobre oferta, difusión y adjudicación de las prácticas externas, como que las universidades priorizarán a los estudiantes que tengan prácticas curriculares frente a los que soliciten prácticas extracurriculares, o que la realización de las prácticas debe conllevar el menor sobreesfuerzo económico para los estudiantes.
  • Se establece que, dado el carácter formativo de las prácticas académicas externas, de su realización no se derivarán, en ningún caso, obligaciones propias de una relación laboral, ni su contenido podrá dar lugar a la sustitución de la prestación laboral propia de puestos de trabajo.